Al rojo vivo se encuentra el ‘rifirrafe’ por el manejo de los servicios del acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Ocaña, donde se adelantan acciones jurídicas para dirimir el conflicto de más de ocho años.
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Durante la Asamblea especial los socios de la Empresa de Servicios Públicos, ESPO S. A., se autorizó el inicio de una acción de responsabilidad social en contra de las directivas de la entidad. Asimismo, se ofició a la Superintendencia de Sociedades para que intervenga en el litigio.
Tras la exposición de motivos del primer mandatario de los ocañeros, Samir Fernando Casadiego Sanjuán, en su condición de represente legal del municipio, la mayoría del poder accionario de la empresa determinó remover de sus cargos a los miembros de Junta Directiva: Gabriel Ángel Álvarez Duarte, Jesús Alfredo Contreras Mejía, Geofrey Federmán Sarmiento Lázaro y Luis Emiro Álvarez Sánchez, éste último representante de la Asociación de Amigos Usuarios del Acueducto Independiente de Ocaña (Adamiuain).
Los directivos fueron retirados de sus cargos por considerar que se extralimitaron en sus funciones y a la vez ocasionaron perjuicios a la sociedad.
Los protagonistas de la Asamblea explicaron que se incumplió el artículo 23 de la Ley 222, ya que desde el 2018 se vota de manera nominal en las segundas convocatorias sin justificación, ni soporte jurídico, afectando los derechos de los accionistas.
Adicionalmente revelaron presuntas irregularidades presentadas en la última Asamblea celebrada el 14 de mayo de 2021, en la cual no se sometió a aprobación el orden del día, se abusó del derecho al voto, no hubo garantías de participación, se utilizó un reglamento de 1995 que no corresponde a los actuales ajustes para encuentros no presenciales, se nombró de manera irregular al gerente de la empresa, se imposibilitó objetar los estados financieros y se eligió Junta Directiva de una plancha que aparentemente no cumplió con las normas establecidas para su inscripción, según explicó el abogado Samir Casadiego.
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“A partir de este momento la Asamblea General de Accionistas deberá reunirse de forma prioritaria para elegir nueva Junta Directiva y devolverles a los ocañeros su derecho de participar y velar por el óptimo manejo de la empresa ESPO S. A.”, señaló el alcalde.
La reunión especial contó con la participación de 26.135 acciones, de las cuales 15.172 corresponden al 58.05% que aprobó la acción de responsabilidad. Otras 10.913 acciones, correspondientes al 41.76%, no aprobó; y 50 acciones, equivalentes al 0,19%, votó en blanco. El acta de la asamblea fue aprobada por el 58,18%, que corresponde a 15.184 acciones presentes, precisó el accionista Fernando Gaona Sánchez.
“Es inadmisible que una persona que tiene el perfil como Gabriel Álvarez maneje la empresa a su antojo y todo debe ceñirse a la ley. De acuerdo a una sentencia del Tribunal Administrativo se deben retomar los activos para un proceso de licitación pública de los servicios públicos y no han permitido”, agregó.
El lío jurídico viene desde el año 2012 por una acción popular impetrada por el abogado Henry Pacheco Casadiego y el proceso no lo han podido solventar los alcaldes de turno.
En medio de la sesión ordinaria del Concejo municipal de Ocaña, el alcalde Casadiego puso en conocimiento de los miembros de la corporación la conclusión de la reunión especial de la Asamblea de Accionistas de la ESPO S. A., donde fueron removidos cuatro miembros de la Junta Directiva.
Durante el encuentro se brindó un informe de la situación jurídica de la empresa, en el que, de manera detallada, se expresaron las razones que motivaron a liderar junto a un grupo de accionistas esta reunión especial.
Casadiego prometió continuar las acciones encaminadas a retomar la empresa para garantizar un buen servicio a los usuarios.
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