El gremio transportador de carga y pasajeros de la provincia de Ocaña analiza los nuevos registros del sistema nacional de despachos y las condiciones de las arterias viales de la región.

Asimismo, temas en materia de infraestructura, la facturación electrónica y el portal logístico de las carreteras colombianas.

En la reunión hicieron presencia un delegado del Ministerio de Transporte, Juan Felipe Sanabria; así como de la territorial Ocaña de Invías, Rafael David Reyes Álvarez; el subintendente, Diego Jiménez, de la Policía de Carreteras; el alcalde Emiro Cañizares Plata, el secretario de Movilidad, Enrique Noguera Meza; el representante de la Cooperativa de Transportadores Unidos de Pasajeros, Román Alberto Jácome Pérez; el presidente de la Asociación de Camioneros, Yamil Galeano y distribuidores minoristas de combustibles.

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 Los transportadores exigen celeridad en los estudios y diseños de una vía alterna donde ocurrió la avalancha el año pasado en El Tarrita, una mayor inversión en el mantenimiento del corredor vial Agua Clara-Ocaña-Alto del pozo-Cúcuta. Adicionalmente, mayor seguridad y que se le dé solución tema de los precios en los combustibles.

Un tratamiento especial

El presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia de Norte de Santander, capítulo Ocaña, Yamil Antonio Galeano Puente, explicó los alcances de los registros nacionales de despacho, el plan de modernización para volquetas y carros livianos para regular el parque automotor.

 Además, el estado de la carretera Ocaña-Cúcuta, específicamente en la vereda El Tarrita donde se adelantan estudios y diseños para dar una solución definitiva a la falla geológica.

 La inquietud mayor está relacionada con los anuncios hechos el primero de abril del presente año, de unos 30 mil millones de pesos para el mantenimiento de la arteria vial, que a la fecha no se han ejecutado. “Se prometió un tapahuecos y aún estamos esperando”, precisó.

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 Por esas razones se convocó al gremio, al comercio de Ocaña, a los damnificados de la avalancha para que expresen las inquietudes a los delegados del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y autoridades locales para resolver los problemas de movilidad.

No están conformes con la suma presupuestada por el Gobierno nacional y exigen recursos adicionales, ya que los automotores sufren percances en los tramos críticos. “Se requieren aproximadamente 250 mil millones de pesos y se anuncian 30 mil millones que aún no llegan. Sabemos de los recortes, pero si queremos en realidad una reconversión sociolaboral necesitamos vías competitivas porque somos la puerta de entrada número uno a Venezuela y la salida al carbón hacia los puertos del norte del país”, agregó.

 Las pérdidas en el sector transportador son bastante grandes, pues las reparaciones de los vehículos se hacen más costosas por los desperfectos mecánicos ante el pésimo estado de las carreteras. “Exigimos rehabilitar esta vía y que esté en óptimas condiciones para ser más eficientes”, recalcó.

 Solicitan además revisar los esquemas de seguridad vial debido a la complejidad de la zona donde se requiere una fuerte inversión para remediar los problemas sociales. “La prosperidad es una manera de alejar todos los factores que ha vuelto violento al Catatumbo”, dijo el vocero.

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Igualmente, pidió socializar el Plan de Manejo del Tránsito por la Avenida Francisco Fernández de Contreras para la construcción de los cruces especiales y el intercambiador vial en el puente de Las Llanadas.

Una mirada hacia la región

De manera unánime, reclaman a la nueva ministra de Transporte, María Constanza García, oriunda de este departamento y ampliamente conocedora de la emergencia vial una mirada hacia esta zona del país.

 “Necesitamos que se fije no solamente en la vía Ocaña-Cúcuta, pues tenemos afectaciones en la vía La Soberanía hacia Arauca, habilitando un corredor por Venezuela. Que vuelque las miradas hacia las vías secundarias y terciarias en esta sección del país para ser más competitivos y lograr la convivencia pacífica”, reiteró.

 Al ministerio de Minas y Energía le piden analizar la situación vivida con los minoristas de combustibles pues aseguran que esa discordia repercute en el consumidor final.

 En materia de seguridad denuncian situaciones puntuales de extorsión, ataques a vehículos por parte de grupos al margen de la ley y falta de controles y seguimiento a la ilegalidad en el transporte de pasajeros y carga.

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Por esta razón piden también que se refuercen las medidas de seguridad para el gremio.

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