La crisis en el sistema de salud sigue siendo objeto de atención por parte de la Corte Constitucional, que desde el año pasado anunció un mayor control sobre este tema crítico que afecta a gran parte de la población colombiana.
En este contexto, el alto tribunal informó la apertura de un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el incumplimiento de las órdenes relacionadas con los presupuestos máximos asignados al sector.
Esta decisión busca garantizar el cumplimiento de las directrices judiciales orientadas a mejorar la financiación y prestación de servicios de salud, un área clave que enfrenta crecientes desafíos en el país.
En concreto, la corporación encontró que a la fecha no se han girado los dineros reconocidos como reajuste de los presupuestos máximos de la vigencia del año 2022, por valor de $819 mil millones, a pesar de que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) del 26 de diciembre de 2023 autorizó que estos fueran cancelados con cargo al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2024.
“El Ministerio de Hacienda no ha transferido los recursos, por lo que el ordinal tercero del Auto 2881 de 2023 no se ha cumplido”, se lee en la decisión de la Corte.
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Así mismo, el ministro deberá responder porque ya pasaron más de seis meses desde la notificación y no se ha creado la metodología unificada para la definición y reajuste de los presupuestos máximos.
La Corte da un plazo de 48 horas al ministro Jaramillo para que de cumplimiento a las órdenes o de lo contrario se expone a sanciones de tipo administrativo y hasta la cárcel.
“El Ministerio de Salud y Protección Social omitió el deber de apropiar los recursos requeridos para garantizar la financiación de los servicios y tecnologías en salud PBS no UPC, lo que, a todas luces, constituye un retroceso y un incumplimiento de lo ordenado en el punto (v) del ordinal quinto del Auto 411 de 2016, reiterado en el ordinal séptimo del Auto 2881 de 2023”, dice la Corte.
En conclusión el Ministerio deberá: pagar los presupuestos máximos reconocidos para los periodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2024; reconocer los presupuestos máximos correspondientes a los periodos de noviembre y diciembre de 2024, lo cual deberá ocurrir a más tardar el 30 de enero de 2025 y pague los presupuestos máximos correspondientes a cada uno de los meses de 2025 dentro de los 15 primeros días de cada periodo.
En su decisión, la corporación advierte que “el pago correspondiente a los meses de enero y febrero deberá efectuarse dentro de los 10 últimos días del mes de febrero”.
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