Antes de que termine el 2024, al menos $97.000 millones serán destinados por el Gobierno Nacional para el Catatumbo, a través del Sistema General de Regalías para la Paz (Ocad Paz), con el fin de poner en marcha los proyectos que las comunidades de los municipios PDET necesitan.

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Teniendo en cuenta la suerte que han corrido muchos recursos destinados años atrás para el mismo propósito, la Secretaría de Transparencia, en conjunto con la Contraloría de Norte de Santander y la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República, decidió poner en marcha una alianza que permita actuar de manera preventiva, para evitar que las millonarias inversiones vayan a parar a manos indebidas.

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, estuvo ayer en Cúcuta para presentar la iniciativa que se denomina ‘PazConT’ y explicar los alcances del proceso que iniciarán en las próximas semanas y que va desde la creación de alertas, la capacitación de las comunidades y la vigilancia en tiempo real de los recursos.

“El plan que tenemos es no esperar a que se los roben; el plan es estar encima de los recursos para evitar, a como dé lugar, que estos se pierdan. Es una acción preventiva y con la gente. Esperamos que Norte de Santander sea ejemplo en el cuidado de los recursos públicos”, dijo.

Aunque todavía no se conoce en detalle cuál será el destino de los $97.000 millones, puesto que no se han terminado de radicar por completo los proyectos y no están aprobados en el cien por ciento, el funcionario precisó que lo que se busca es que desde los entes de control, pero también las mismas comunidades, puedan hacer un control de los dineros de la paz, desde la etapa precontractual.

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“Porque ya se han invertido un montón de recursos en zonas PDET es que decimos: ¡basta ya! Como decía el contralor, tenemos que evitar que los recursos se pierdan. Esta es una acción preventiva, porque una vez perdidos los recursos es más difícil poderlos recuperar”, planteó el secretario.

Reglas de juego claras

Andrés Idárraga explicó que, en el Catatumbo y en Norte de Santander, al igual que en muchas otras regiones del país, hay unas condiciones complejas y unas señales de alerta que no se deben descuidar, en términos de contratación, injerencia de grupos armados e impunidad.

Por esa razón, explicó que como parte del plan de prevención frente a los recursos para la paz que aterrizarán a partir del próximo año, desde la alianza les van a exigir a los alcaldes de los municipios PDET que en los proyectos de infraestructura, particularmente, será necesario hacer uso de los pliegos tipo.

“Nada de que se va a contratar con una empresa cualquiera, pues evaden la Ley 80 y vaya uno a saber qué pasa. Eso se va a sumar a una obligación que dejamos en la convocatoria del Ocad Paz, que tiene que ver con los sujetos tradicionales no obligados, es decir, con las empresas de economía mixta. A quienes terminen contratando por esa vía, que esperamos no sea así, les vamos a exigir que se haga de manera transparente, por el Secop, para lograr que la gente pueda acceder a la información pública y saber a quién contrataron”, planteó el secretario de Transparencia.

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Idárraga recordó que los mayores riesgos que se han encontrado para la ejecución de este tipo de recursos son: la evasión de la Ley 80, a través de contratos o convenios interadministrativos en los que no se termina haciendo uso de los mecanismos de transparencia en contratación estatal; la asociación entre las personas que hacen parte de los comités de contratación y los propios mandatarios y la presunta coptación de los recursos de contratación estatal por parte de grupos al margen de la ley.

“Desde ya, la alerta a todos los mandatarios que van a ejecutar los recursos, pero también la invitación, es a que sepan que pueden contar con la Contraloría y la Secretaría de Transparencia, para poder llevar de manera más transparente la ejecución de esos recursos públicos. Además, lo importante es que, en el Catatumbo y en Norte de Santander, la gente pueda tener un poco de confianza y sienta que vale la pena denunciar”, manifestó el funcionario de Gobierno.

Se agitaron los ánimos

Durante su visita a la ciudad, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, también encabezó una sesión extraordinaria de la Comisión Regional de Moralización de Norte de Santander, con el fin de recibir denuncias por hechos de corrupción en la región.

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A la cita estaban convocados veedores y ciudadanos en general, pero el espacio estaba limitado para funcionarios de alcaldías, la Gobernación o las corporaciones públicas.

No obstante, uno de los denunciados, el diputado Diego González, se hizo presente en el lugar de la sesión, lo que agitó los ánimos en el ambiente, puesto que uno de sus denunciantes, el abogado José Gregorio Botello, reclamó falta de garantías para continuar con el ejercicio. Aunque González alertó que él también estaba allí para denunciar, desde la Secretaría de Transparencia decidieron interrumpir la audiencia.

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“Tuvimos que cambiar la metodología. Ya no va a ser en público la recepción de las denuncias, sino que se hará de manera individual, con el propósito de defender la integridad del denunciante. Desafortunadamente, al parecer, había personas que no estaban en calidad de denunciantes, sino tal vez con otros fines”, manifestó el secretario de Transparencia en un video, después del acalorado debate que se dio en el lugar.

Andrés Idárraga manifestó que en Norte de Santander ya son varios los casos que se han puesto en conocimiento de los entes de control por hechos que involucran a entidades como la Alcaldía de Los Patios, Corponor e Indenorte.  Ayer recibieron 28 denuncias más de posible corrupción en otras entidades como la empresa de acueducto, algunos municipios, entre otros.

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