Se cumple un mes y una semana desde que la Fiscalía General de la Nación anunció la presentación de un escrito de acusación contra Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y uno de los líderes políticos más influyentes del siglo XXI.
La decisión, tomada por Gilberto Iván Villarreal Pava, representa un punto de inflexión en un caso que ha capturado la atención de la nación.
Villarreal, un funcionario hasta ahora poco conocido en la opinión pública, ha trabajado en la Fiscalía desde 1994. Su carrera incluye cargos en Barrancabermeja, Medellín y diversas jurisdicciones en Santander.
Su designación como fiscal primero delegado ante la Corte Suprema le confirió la responsabilidad de decidir sobre uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente de Colombia.
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La Fiscalía había recibido el expediente contra Uribe en 2020, y desde entonces, cuatro fiscales habían conocido el caso.
El último, Víctor Andrés Salcedo Fuentes, se declaró impedido por su previa opinión pública sobre la falta de garantías en el proceso contra Uribe. Villarreal tomó 83 días de los 90 disponibles para decidir acusar al exmandatario por soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
El proceso contra Uribe comenzó en 2018, a raíz de una investigación de la Corte Suprema sobre el senador Iván Cepeda, quien presentó testimonios de exparamilitares que vinculaban a Uribe con el paramilitarismo.
La investigación dio un giro cuando testigos se retractaron y uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, denunció presiones. Esto llevó a la Corte a archivar la indagación contra Cepeda e iniciar una contra Uribe.
En 2019, la Corte llamó a Uribe a indagatoria y en agosto de 2020 ordenó su detención domiciliaria preventiva. Uribe renunció al Congreso, trasladando el caso a la Fiscalía, que intentó cerrarlo en dos ocasiones, sin éxito.
Con la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, Villarreal presentó el escrito de acusación basado en las pruebas recaudadas por la Corte Suprema.
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La audiencia del viernes, de más de diez horas, enfrentó a Villarreal con Jaime Granados, defensor de Uribe, quien cuestionó la claridad del escrito de acusación. Granados argumentó que términos como “amigos o allegados” y “personas en el exterior o en Colombia” eran demasiado vagos. También criticó la inclusión de un tercer delito de soborno.
