En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes hace trámite el proyecto de ley que busca crear un nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que permita actualizar la norma que rige desde hace más de 70 años.

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Teniendo en cuenta la importancia que representa la iniciativa liderada por la Corte Suprema de Justicia, los ponentes decidieron abrir la discusión sobre su contenido y con ese propósito emprendieron un recorrido por las regiones para escuchar a la comunidad académica, magistrados, jueces, abogados, investigadores y a todos los interesados en el tema.

El turno ayer fue para Cúcuta, a donde llegaron algunos de los integrantes de la Comisión Primera, para liderar una audiencia pública sobre el contenido del proyecto.

El escenario para ese ejercicio fue la Universidad Libre, institución que ha contribuido con sus aportes, observaciones y sugerencias al debate, y que en esta oportunidad permitió a docentes, estudiantes y profesionales del derecho, de la región, poner sobre la mesa los pros y los contras de la propuesta a la que le restan solo dos debates en el Congreso.

Diógenes Quintero, representante a la Cámara por Norte de Santander y ponente del proyecto, explicó que durante  las audiencias adelantadas hasta el momento en el país, los distintos actores han coincidido en la  necesidad de contar con un nuevo Código.

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Lo anterior, porque a pesar de que después de la primera norma, que data de 1948, se han expedido normas complementarias en lo procedimental, estas están dispersas y lo que se quiere es lograr una integración de la legislación en esta materia.

“Lo que queremos es que la gente, desde la academia y la sociedad civil, se apropie de esta reforma, porque no hay mejor manera de tramitar una ley, sino que la gente la sienta como que sí beneficia verdaderamente a la comunidad, y en este caso a la administración de justicia, porque, sobre todo, de lo que se trata es de acercar la justicia al ciudadano”, manifestó el congresista.

Quintero aseguró que el tema que está en discusión es altamente sensible y debería generar el interés de todos, teniendo en cuenta que se trata del derecho de los trabajadores.

“Este es un tema que va muy de la mano con la reforma laboral que hoy se está debatiendo en el Congreso”, recordó.

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El ponente del proyecto explicó que entre las bondades que tiene esta nueva norma, que pronto podría ver la luz en la Cámara de Representantes, es que además de ser “integradora”, es “garantista”.

“Garantiza, especialmente, los derechos de los trabajadores, ya que es un deber de los jueces y magistrados fallar en extra y ultra petita. Es decir, los derechos de los trabajadores se garantizan así no sean demandados en los procesos”, explicó.

Agregó que en materia de economía procesal también hay avances importantes, puesto que lo que pretende el nuevo Código es poner fin a los largos procesos de 5 o 7 años, y que los derechos de los trabajadores se cumplan de manera efectiva.

“Además, hay un acceso importante al recurso extraordinario de casación. Prácticamente, cualquier proceso va a poder ir a la Corte Suprema en casación”, dijo.

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Y si bien en las audiencias se han resaltado las bondades que tiene el articulado de la nueva norma, los espacios de discusión también han servido para poner de relieve algunas observaciones y críticas que se piden tener en cuenta a la hora de consolidar el texto final.

“Fruto de la concertación y de la escucha de estas audiencias, junto con la Corte Suprema y el Congreso, buscaremos la manera de solventar esas inquietudes que tiene la gente y avanzar en un Código que estamos a dos debates de que se dé”, señaló el representante Diógenes Quintero.

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