Integrantes de la Comisión de Paz del Congreso llegaron ayer a Cúcuta para evaluar con las comunidades de la región, pero en especial del Catatumbo, el proceso de implementación del Acuerdo de Paz con las Farc que está cerca de cumplir siete años y el balance para los legisladores además de preocupante, es desalentador.

Lea también: Funcionaria de la Registraduría secuestrada en Convención, fue dejada en libertad

Como parte del proyecto ‘Del Capitolio al territorio’, que lideran senadores y representantes a la Cámara, con el apoyo de la Fundación Ideas para la Paz y la Embajada Británica, los congresistas elaboraron un informe, a partir de las voces de los actores locales que están involucrados en el proceso y cuya conclusión principal es que hay “frustración”, por el incumplimiento de todo lo que se prometió.

“Es un poco triste lo que hemos oído en boca de quienes están viviendo en la región, en el sentido de que hay una especie de parálisis y una sensación de abandono. Creo que es el momento de que el Gobierno realmente retome a fondo el cumplimiento del Acuerdo. El primer paso para la llamada ‘Paz total’ es cumplir lo que ya se había pactado”, manifestó el senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz de La Habana.

De acuerdo con el congresista, la desesperanza entre las comunidades del Catatumbo es total, por cuanto el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos se paralizó, la titulación de tierras y el Catastro Multipropósito, en lo que compete a la ruralidad, no ha funcionado y los motores del PDET en Sardinata están paralizados.

“No tengo el ánimo de molestar ni polemizar, pero sí quiero transmitirle al gobierno del presidente Petro, que desde el día en que se posesionó dijo que iba a cumplir y hoy hay mucha desesperanza. Francamente creo que han quedado interrumpidas las gestiones que se venían haciendo y el llamado es a la verdadera implementación del Acuerdo de Paz”, sostuvo De la Calle.

Le puede interesar: Norte está incluido en la Red Férrea Nacional con el tren del Catatumbo

Y es que, según el informe sobre el estado de la implementación en el Catatumbo, las obras PDET proyectadas para esta subregión del departamento no han cumplido con las expectativas de las comunidades, pues además de que se pusieron en marcha de manera tardía, no satisfacen las verdaderas necesidades de la población.

“Además, tras la inactividad en los últimos años, se pensó que el mecanismo había desaparecido”, señala el documento elaborado por la Comisión.

Allí se advierte, igualmente, que hay algunos proyectos ejecutados por las entidades territoriales y nacionales sin la “participación efectiva de los grupos motor”, además de que, al parecer, no existe claridad en el origen de los recursos de las obras.

De la misma forma, alertaron algunos fenómenos de corrupción en la puesta en marcha de los mismos, como los de energía fotovoltaica, toda vez que se presentaron inconsistencias en la selección de los beneficiarios.

Esta denuncia fue ratificada ayer por el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, integrante de la Comisión, quien señaló que en el Catatumbo, al igual que en otras regiones de Colombia, muchas de las obras PDET “fueron atravesadas por pulpos de la corrupción, alcaldes, gobernadores, que terminaron presentando los proyectos, se los aprobaron, los licitaron con entidades mixtas y dirigiendo la contratación a contratistas que hacían parte de carteles de corrupción”, razón por la cual los proyectos que tenían que llegar a las comunidades terminaron como elefantes blancos o nunca se hicieron.

A esto se le suman los problemas de extorsión y robo por parte de los grupos armados que delinquen en la zona, lo cual impide la ejecución de los recursos, eleva los costos de las obras y las retrasa.

Crisis humanitaria

Con relación al problema de los cultivos ilícitos, la Comisión de Paz y la Fundación Ideas para la Paz señalan que los avances frente a la única estrategia para reducir la dependencia económica de este tipo de negocio, que es el PNIS, tampoco muestra avances favorables.

“De acuerdo con la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, tan solo se reportan 298 beneficiarios con recursos comprometidos con proyectos productivos de ciclo corto, que equivalen a $254.6 mil millones”, se lee en el informe.

Lea además: Sicario mató a una abuela en el barrio Brisas del Aeropuerto de Cúcuta

En este se agrega también que Norte de Santander es el departamento con mayor número de familias retiradas del programa, con un porcentaje del 25,1%.

Lo anterior, por cuanto las familias se sienten insatisfechas por las demoras y los retrocesos en la implementación del PNIS, como es el caso de la vereda Caño Indio, en donde tuvo lugar el proceso de desmovilización de las antiguas Farc. Allí, dice el informe, 196 familias firmaron de manera voluntaria la sustitución de cultivos, pero, hasta la fecha, no les han cumplido en su totalidad con las entregas para el proyecto a corto plazo.

Como parte del análisis que han hecho sobre el panorama al que se enfrentan los catatumberos, los congresistas sostienen, igualmente, que la crisis del mercado de la coca que se registra desde hace varios meses ha desatado, a su vez, un problema humanitario que se debe atender cuanto antes, y plantear una pronta solución.

“En Catatumbo, el grave impacto humanitario de la crisis cocalera ha incrementado la voluntad del campesinado para sustituir los cultivos de coca por economías lícitas. Esta es una gran oportunidad para mejorar la efectividad y sostenibilidad del PNIS en los territorios, así como volver a priorizar esfuerzos que se extiendan a más familias cocaleras que no fueron consideradas por el PNIS al no estar ubicadas en Tibú o Sardinata”, plantean.

Problemas de ejecución

Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, reconoció que si bien el gobierno del presidente Gustavo Petro dispuso en el Plan Nacional de Desarrollo 50 billones para la implementación del Acuerdo de Paz, la ejecución hasta el momento ha sido muy lenta para darle impulso a programas claves como los PDET y el PNIS.

“Estamos lejos de hacer la reforma rural integral que se prometió. Lejos de implementar los proyectos productivos. Hay una crisis en el Catatumbo por la hoja de coca, que debería ser una buena noticia para el país, pero necesitamos que el Estado haga presencia con proyectos lícitos que permitan sustituir estas economías ilegales por economías lícitas”, sostuvo.

Lea aquí: ¿Qué hago si quiero llevar mi vehículo venezolano más allá de Norte de Santander?

El copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara, dijo que si bien este es un gobierno nuevo, integrado por personas que han actuado de buena fe, “seguramente falta experiencia en el manejo de los presupuestos de los gastos”.

En ese sentido, consideró que se requiere un campanazo de alerta para que se comiencen a ejecutar los presupuestos para asuntos claves como la implementación del Acuerdo de Paz.

Por su parte, el representante Duvalier Sánchez planteó que ahora que se empieza a discutir el Presupuesto General de la Nación, es necesario destinar los recursos para llevar a cabo lo que se les prometió a las comunidades, pues mientras lo pactado con la Farc no se cumpla, no va a haber confianza en los nuevos actores que buscan la paz.

Las conclusiones de los dos días de trabajo adelantados en Cúcuta con los líderes, víctimas, reincorporados y comunidades involucradas en la implementación, serán entregadas por los congresistas al Gobierno Nacional.

‘Paz total’

Como parte del seguimiento hecho por los integrantes de la Comisión de Paz a la implementación del Acuerdo de La Habana en la región del Catatumbo, los legisladores no ocultaron, también, su preocupación por los alcances de la llamada ‘Paz total’, que es una de las principales apuestas del gobierno Petro.

Al respecto, los dirigentes llamaron la atención por la situación de orden público que se registra en la zona y el aumento de delitos como la extorsión y el secuestro.

“El control social de los grupos armados tiene consecuencias graves para la población y para las instituciones. Esto se materializa en casos de extorsión y secuestro, restricciones a la movilidad, imposición de justicia de facto y de normas de conducta, así como obstáculos para el actuar de las entidades encargadas de implementar el Acuerdo en el territorio”, dice el informe del proyecto ‘Del Capitolio al territorio’.

Le puede interesar: ¿Ataque ovni? Esta es la nueva teoría de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Para los congresistas, si bien la comunidad tiene muchas expectativas en los procesos de negociación que impulsa el Gobierno Nacional, hay alerta frente a los posibles riesgos para la población civil, debido a las tensiones que puedan surgir como parte de las negociaciones.

“Es por lo menos muy difícil llevar tantas mesas de negociación a la vez. Yo no quiero parecer muy negativo, porque no queremos mostrarnos como si nos estuviéramos atravesando a la paz, pero una sola negociación en sí es compleja. Ojalá tengan suerte, porque es bastante difícil manejar eso”, manifestó el senador Humberto de la Calle.

Por su parte, el representante Alirio Uribe dijo que es necesario que las disidencias de las Farc, que operan en Norte de Santander, se sienten rápidamente a la mesa y pacten un cese al fuego.

“Es absurdo que los grupos armados pretendan llegar con hechos de violencia a una mesa de negociación, como tratando de demostrar fuerza. Lo que está pasando en el Catatumbo está pasando en otras zonas del país y el llamado que hacemos es a que le apostemos a la paz de buena fe”, dijo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion