Rechazo generalizado y muchas voces de respaldo y solidaridad produjo ayer no solo en Cúcuta y Norte de Santander, sino en varias regiones del país la amenaza de la que fue objeto la directora de La Opinión, Estefanía Colmenares Hernández.

El miércoles en la tarde, mientras se encontraba desempeñando sus labores cotidianas en el diario, Colmenares recibió un mensaje de WhatsApp en su teléfono personal en el que la declaraban ‘objetivo militar’.

En el escrito le advertían que: “a partir de este momento su cabeza tiene precio” y que “valorara su vida”.

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En las últimas semanas, La Opinión ha hecho seguimiento a las denuncias que se han conocido sobre las irregularidades que rodean la hospitalización del condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo, quien ingresó al Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem) desde el pasado 19 de julio, después de que le revocaran el beneficio de la casa por cárcel.

En los informes periodísticos se ha puesto en evidencia cómo desde el piso 11 del centro médico se estarían coordinando campañas políticas, además de las faltas en que estaría incurriendo Suárez, pese a su condición de recluso,  como portar dinero. Esto, pues días atrás le decomisaron más de tres millones de pesos que tenía en la habitación 1101.

El seguimiento de este diario generó reacciones en distintas entidades que han empezado a ejercer una mayor vigilancia sobre el hospital y sobre la situación del detenido exalcalde, condenado a 27 años de cárcel por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez.

Por ahora se desconocen las razones que motivaron esta amenaza, pero ayer mismo la Fiscalía General de la Nación anunció que, a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y  “se encuentra adelantando las labores investigativas correspondientes para determinar quién está detrás de estos hechos”.

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Respaldo a la labor de La Opinión

Desde que se conoció la amenaza sufrida por la directora de La Opinión,  muchas fueron las voces que manifestaron su rechazo por esta intimidación y respaldaron el compromiso del diario con el periodismo, con la verdad y con las investigaciones que se puedan adelantar para combatir la corrupción en la región.

Medios de comunicación, periodistas, dirigentes gremiales, políticos, entidades públicas, entre otros, expresaron sus mensajes de solidaridad y rodearon al equipo periodístico de La Opinión.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), por ejemplo, consideró que la amenaza a Colmenares “resulta aún más preocupante”, teniendo en cuenta el contexto que rodea el proceso electoral en Norte de Santander, “pues estos altos niveles de violencia contra la prensa podrían promover la autocensura de los medios e interferir con la información que recibe la ciudadanía sobre candidatos y campañas políticas”.

La Flip recordó que en los últimos seis años se han documentado al menos 10 amenazas y otros ataques dirigidos a periodistas de La Opinión.

La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), por medio de un comunicado, invitó al país a congregarse “alrededor del mayor y más contundente rechazo a las amenazas de las que ha sido objeto hoy Estefanía Colmenares, directora de La Opinión de Cúcuta, y a través de estas, la prensa colombiana”.

“La familia de La Opinión de Cúcuta ya se ha visto enlutada en el pasado por la violencia, la cobardía, la maldad y la impunidad. Es impostergable la necesidad de actuar con urgencia para que este repudiable acontecimiento no tenga como prosperar, y que desde la institucionalidad se proceda con la diligencia, el lenguaje y el ejemplo que solidifique el respeto que se debe a la libertad de prensa, la libertad de expresión, la pluralidad, la tolerancia y al derecho a la información”, señaló AMI.

En sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo emitió, igualmente, un pronunciamiento frente a  lo ocurrido y además de rechazar la amenaza, pidió respeto por la libertad de información, pues la entidad considera que estos hechos atentan contra la prensa independiente y la democracia.

“El periodismo debe ejercerse de manera libre, sin presiones ni intimidaciones y con garantías para que los periodistas puedan informar en y desde las regiones. Instamos a las autoridades a proteger a la directora Colmenares y a investigar con celeridad los hechos denunciados”, planteó la Defensoría.

El Círculo de Periodistas de Bogotá expidió un comunicado repudiando las amenazas y pidiendo a las autoridades actuar con la debida celeridad para que salga a la luz quiénes están detrás de estos hechos.

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“En nombre del CPB exigimos a las autoridades nacionales investigar a fondo las amenazas contra la directora de La Opinión y al Gobierno blindar el ejercicio periodístico en Colombia, como derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional”, dijo Víctor Hugo Lucero Montenegro, presidente del CPB.

En ese mismo sentido se pronunció el Círculo de Periodistas y Comunicadores de Norte de Santander, al igual que la Fundación Premio Nacional de Periodismo La Bagatela.

“Los gremios periodísticos nortesantandereanos invitan a la reflexión a quienes siguen empeñados en afectar la tranquilidad de la familia y de la sociedad regional, que identifica La Opinión como un legado que preserva, defiende y es vigía de la democracia en el oriente colombiano”, manifestaron el presidente del CPC, William Javier Gómez, y el de la Fundación La Bagatela, Cicerón Flórez Moya.

Desde la Gobernación de Norte de Santander también expresaron su solidaridad con la directora de La Opinión y le pidieron a las autoridades adelantar y agilizar las investigaciones necesarias para dar con los responsables de las amenazas.

Congresistas, candidatos a la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, concejales, empresarios, representantes de gremios manifestaron a largo del día, a través de sus redes sociales y comunicados, su repudio por las amenazas contra Colmenares.

Vale la pena recordar que esta casa editorial no ha sido ajena a la violencia: en 1993 el entonces director y fundador del diario, Eustorgio Colmenares Baptista, fue asesinado por la guerrilla del Eln. Su crimen fue declarado delito de lesa humanidad.

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