La decisión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de asumir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja desató un fuerte enfrentamiento interno en la bancada del Pacto Histórico.
El desacuerdo surgió luego de que cinco congresistas del movimiento votaran a favor de que dicha célula legislativa asumiera el caso, a pesar de que los hechos ocurrieron entre 1996 y 1998, periodo en el que Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia y no como presidente de la República.
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Rechazo de la Fiscalía y conflicto de competencias
Por esta razón temporal, la Fiscalía General de la Nación rechazó trasladar el expediente a la Cámara de Representantes y remitió la actuación a la Corte Constitucional con el fin de que sea el alto tribunal el que resuelva el conflicto de competencias.
La senadora Carolina Corcho criticó públicamente la posición de sus compañeros de bancada, asegurando que los hechos investigados son previos a la Presidencia y que, al ser declarados en 2018 como delitos de lesa humanidad, su juzgamiento corresponde de forma indiscutible a la justicia ordinaria.
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Cuestionamientos jurídicos y respuesta de los congresistas
En la misma línea, el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de las víctimas en los procesos contra el exmandatario, calificó de indignante la postura asumida por los legisladores en la comisión, sugiriendo la existencia de un posible acuerdo político o un profundo desconocimiento técnico sobre la materia penal.
Frente a las recriminaciones, los representantes Gabriel Becerra, María del Mar Pizarro, Jorge Hernán Bastidas, Heráclito Landínez y David Alejandro Toro emitieron un comunicado conjunto en el que sostuvieron que apoyan que la Fiscalía avance en la indagación y negaron cualquier pacto que comprometa la verdad o los derechos de las víctimas.
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