Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá destrabara el proceso del expresidente, Álvaro Uribe, al dejar en firme la acusación en su contra por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, la juez a cargo programó para este viernes 6 de septiembre la reanudación de las diligencias a partir de las 8:00 a.m.

Sin embargo, al recibir la notificación, el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, solicitó aplazar la audiencia. Su petición se basó en que el expresidente tenía programado un vuelo desde Paraguay con escalas que suman casi ocho horas, lo que lo haría llegar a Colombia a las 8:25 a.m. del mismo día.

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El abogado argumentó que, dada la edad de Uribe, era necesario que descansara. Aunque la solicitud fue negada, Granados insistió con una segunda petición.

“Con todo respeto, señora juez, esto no se corresponde con un tratamiento mínimamente garantista e incluso desconoce la dignidad del procesado. Me pregunto respetuosamente: si la representante del ente persecutor estuviera en condiciones similares, ¿se le impondría participar en la audiencia así?”, escribió Granados en su segunda solicitud.

Para el defensor, la negativa de aplazamiento representa una clara violación al derecho a un proceso justo: “Como defensor técnico, considero de extrema gravedad que no se haya accedido a una petición justa, racional y proporcional elevada por mi representado”, añadió en su comunicación.

Por ahora, la audiencia sigue programada para este viernes, a menos que ocurra algo extraordinario.

El proceso contra el expresidente comenzó en 2018, tras una investigación de la Corte Suprema contra el senador Iván Cepeda, quien en un debate de control político presentó testimonios de exparamilitares que acusaban a Uribe de presuntos nexos con grupos armados ultraderechistas, principalmente en Antioquia.

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Durante la investigación, varios testigos se retractaron, pero uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, denunció por escrito que estaba siendo presionado. La Corte descubrió un patrón de presiones en múltiples declaraciones, lo que llevó al archivo de la investigación contra Cepeda y a la apertura de una nueva contra Uribe.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema continuó el proceso, citando a Uribe a indagatoria en 2019 ante el magistrado César Reyes, y en agosto de 2020 ordenó su detención preventiva en su residencia.

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Antes de ser acusado formalmente, Uribe renunció al Congreso, lo que trasladó su expediente a la Fiscalía, donde fue imputado por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.