La defensora del Pueblo, Iris Marín, llegó este domingo a Ocaña para hacer seguimiento a la grave crisis humanitaria que se vive en la región del Catatumbo por cuenta de la confrontación entre la guerrilla del Eln y la disidencia de las Farc, que estalló el jueves.

De acuerdo con los últimos reportes entregados por la entidad, la cifra de muertos que deja la arremetida violenta en esta zona del país estaría ya por el orden de los 80, mientras que la cifra de desplazados crece y crece con el paso de las horas, alcanzando los 11.000, de los cuales 6.000 se encuentran en Cúcuta.

Ante la gravedad del asunto, organizaciones sociales del Catatumbo como Ascamcat, Cisca, MCP y Asuncat, respaldadas por 120 colectivos más, aprovecharon la presencia de la defensora y le entregaron una carta que está dirigida al Ejército de Liberación Nacional y al Estado Mayor Bloques, de la disidencia de las Farc, en la que les piden que se respeten los mínimos humanitarios reconocidos públicamente por ambas agrupaciones armadas en 2020.

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“Me comprometo a transmitirla formalmente al Estado Mayor de los frentes 33 de las extintas Farc y el Eln. Respaldo esta solicitud por la vulneración muy seria al Derecho Internacional Humanitario y el irrespeto a la vida de personas que están en situación de vulnerabilidad”, señaló la defensora.

Marín dijo que tras las informaciones que se han recibido en los últimos días, la Defensoría de Pueblo ha advertido el grave irrespeto por la vida de personas que están en situación de vulnerabilidad extrema e indefensión, pues en estos momentos son perseguidas y asesinadas, sin contar siquiera con la posibilidad de ser rescatadas o protegidas.

“Esta situación está generando desplazamiento, confinamiento y daños humanitarios a personas de especial protección como niños, niñas, personas con discapacidades, personas mayores o con condiciones especiales de salud. Por eso, transmitiré este sentido mensaje y solicitud que debe ser una exigencia para los grupos armados”, dijo.

En la carta de las organizaciones sociales, sus integrantes piden a gritos la aplicación irrestricta del Derecho Internacional Humanitario, pues insisten en que esto es imperativo para garantizar la vida y la integridad de la población civil.

“Rechazamos de forma contundente todos los ataques y  amenazas en contra de quienes ejercemos labores de liderazgo social, personas defensoras de derechos humanos, firmantes de paz y población no combatiente”, dice la misiva que la defensora espera hacer llegar al Eln y la disidencia del frente 33.
En ella también hacen un llamado para que se establezca un cese inmediato 

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Liberan a líderes campesinos

Desde tempranas horas de ayer, la comunidad del Catatumbo denunció que en medio de la guerra que se libra en la zona y la persecución a firmantes de paz y líderes sociales, dos miembros del Comité de Reforma Agraria de San Calixto, Wilmer Téllez y Deimer Téllez, habían sido retenidos violentamente en la vereda Caracol, mientras se encontraban en un refugio humanitario.

La propia ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abogó por su libertad, al igual que otras organizaciones sociales de la región.
“Proteger la vida premisa esencial. Urge parar la violencia. Exigimos respeto por las organizaciones campesinas y las instancias de concertación de la reforma agraria”, escribió la ministra.

Anoche, al cierre de esta edición, se informó por parte de la Agencia Nacional de Tierras que Wilmer y Deimer fueron dejados en libertad.
No obstante, desde la entidad hicieron un llamado urgente al Ministerio Público para una pronta intervención en los municipios de Teorama, Convención, El Tarra, Hacarí, y San Calixto, “comunidades desde donde hemos recibido denuncias por posibles desplazamientos a líderes campesinos”.

De las intimidaciones, los hostigamientos, los homicidios selectivos y los amedrantamientos contra la población civil, puesto que aseguran que son muy dolorosas las consecuencias que ha dejado la confrontación armada que se desató la semana pasada y que ya había sido advertida en repetidas oportunidades  por la comunidad y las organizaciones sociales.

“Desde nuestra labor recordamos que la población civil no debe estar en medio de las hostilidades y pedimos la protección y respeto de quienes no hacemos parte del conflicto armado”, plantean los firmantes de la carta.Este mensaje es respaldado por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien fue enfática en que se deben suspender las hostilidades y los ataques a la población civil, pero también es necesario que se permita el acceso humanitario al territorio para ayudar a quienes están confinados, así como para la recuperación de cuerpos.

“La Defensoría del Pueblo les quiere decir que no están solos. Vamos a acompañar a los procesos organizativos, a las personas de todos los municipios y vamos a transmitir estas solicitudes a muchas autoridades que ya las conocen, que están trabajando en ellas, pero que es necesario reforzar medidas porque la institucionalidad no está pudiendo entrar a garantizar la vida de la  gente”, manifestó Marín.

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