La Procuraduría General de la Nación confirmó este miércoles la sanción contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante seis meses por haber utilizado su cargo para participar en política. Además, deberá pagar una multa de 104 millones de pesos.
La decisión se tomó después de que Quintero, mientras ejercía como alcalde de Medellín, apareció en un video durante la campaña presidencial de 2022, que concluyó con la victoria de Gustavo Petro, proclamando "el cambio en primera", un lema que estaría vinculado con la campaña del Pacto Histórico.
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Asimismo, el exalcalde exhibió una fotografía en sus redes sociales durante las consultas interpartidistas, en la cual se le observa mostrando públicamente el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico. Igualmente, solicitaba revisar la votación de las mesas en donde ese grupo político obtuvo cero votos.
En total, los hechos por los que fue disciplinado ocurrieron el 13 y 17 de marzo de 2022, así como el 9 de mayo del mismo año, cuando, según la Procuraduría, utilizó su posición como alcalde para mostrar su preferencia por el Pacto Histórico.
La Procuraduría afirmó que Quintero, con pleno conocimiento, planificó y actuó en contravención de la normativa que prohíbe a los funcionarios públicos utilizar su cargo con fines partidistas, infringiendo así los principios de imparcialidad política.
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Daniel Quintero “resquebrajó el equilibrio electoral y democrático”, señaló el procurador del caso, Luis Fernando Casas Farfán, quien explicó que el exalcalde “elaboró contenidos que mostraban afinidad por una coalición política en particular.”
El abogado Héctor Carvajal, que defiende al exalcalde, señaló que dentro de los próximos cinco días van a presentar el recurso de apelación.
Quintero podría aspirar a la presidencia
Germán González, consultor y analista político, aseguró a Colprensa que un fallo en contra de Daniel Quintero “podría alimentar la narrativa de persecución política y aumentar la polarización desde el sector que lidera”.
González subrayó que un fallo desfavorable no solo dañaría su imagen pública, ya deteriorada tras su salida de la alcaldía de Medellín bajo críticas, sino que también podría reconfigurar el panorama político, permitiendo la entrada de nuevos candidatos del progresismo en el país.
Quintero se había anticipado a que la Procuraduría emitiera un fallo que le impidiera participar en elecciones por 15 años, pero la sanción más leve le permite mantener sus aspiraciones a las elecciones presidenciales de 2026.
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“Un fallo a favor de Quintero tendría implicaciones significativas, como el posible fortalecimiento de su posición política, impulsando su candidatura”, afirmó González. Añadió que esto “ayudaría a movilizar su base política bajo la narrativa de que, a pesar de ser víctima de persecución política, logró salir victorioso de un proceso en su contra en instituciones que él calificaría como corruptas, disfuncionales o politizadas.”
Procuraduría puede sancionar al exalcalde
La Procuraduría señaló durante la audiencia que puede sancionar a ex funcionarios como Daniel Quintero y “no se viola el poder popular”. Asimismo, explicó que puede sancionar a elegidos popularmente y vigentes en el cargo, pero con control posterior de la resolución sancionatoria por parte del Consejo de Estado.
Sin embargo, Quintero ya había advertido en X que el órgano de control estaría violando “la Convención Americana de Derechos Humanos, la constitución y la ley”, en caso de fallar en su contra.
Según el exalcalde, su proceso es comparable con el del actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá y fue sancionado por el entonces procurador Alejandro Ordoñez de manera similar, pero resultó beneficiado tras una revisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Quintero también argumentó que decisiones de este tipo, sobre funcionarios elegidos por voto popular, deben ser tomadas por un juez competente en un proceso penal y no por una autoridad administrativa.
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