Lo que nosotros estamos pidiendo al Gobierno es una compensación por el daño que nos hizo la guerrilla, porque sí fue un daño psicológico y un trauma económico para la familia haber tenido que salir de esas tierras, aseguró González.

Insistió en que no están pidiendo que saquen a la gente que ocupa hoy las tierras de Agualasal, “porque nosotros ya somos personas mayores que no estamos en capacidad de explotar esa tierra. No estamos pidiendo tierra porque no podemos trabajarla”, dijo.

Añadió que lo que quieren es una compensación y esa nos la da el gobierno. “La gente que está allá es la legítima propietaria ahora, porque el gobierno les parceló y les dio y ellos pagaron, deben seguir allá tranquilos”.

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González le dijo a La Opinión que lo único que les están pidiendo a los actuales propietarios de las parcelas en la vereda Agualasal es les permitan hacer una visita al lugar conjuntamente con representantes de la Unidad de Restitución de Tierras, programada dentro del proceso que lleva esta entidad para reclamar la compensación. “Si a eso se le da trámite se van a resolver muchas cosas, porque ellos (los actuales propietarios) van a poder solicitar sus créditos bancarios, y porque se les levantarán las medidas cautelares que hoy existen para sus predios”.

“Finca sí fue invadida”

El representante de la familia González Quintero trajo a colación, para justificar la indemnización que están reclamando, (y sin dar nombres) que la Finca La Palma sí fue invadida con el apoyo de la guerrilla.

 “Aclaramos que no todos los propietarios actuales participaron de esa invasión”.
 

Añadió que esa finca la compró su papá en sociedad con un hermano, por allá en 1960. “Ellos, a punta de trabajo, porque mi papá es de origen campesino, estudió en El Zulia, fueron explotando la finca, adecuando, fueron haciendo potreros, primero fue ganadera, luego, cuando el Distrito de Riesgo hizo los canales y se adecuó, se destinó a la siembra de arroz, era la mejor finca de la zona”, subrayó González.

Relató que esa invasión de la finca los obligó a buscar salidas, fue entonces que el Incora de ese entonces ofreció comprarla, “pero como el Incora no compra fincas invadidas se hizo de que los invasores salieran a la carretera el día de la visita, sabiendo que eso estaba invadido”. 

González aseguró que el Incora compró la finca y les fue pagada a un precio irrisorio mediante bonos anuales. Aparte de eso la presión de la guerrilla hizo que toda la familia tuviera que abandonar la zona, por esto es que reclamamos una indemnización al Gobierno Nacional, dijo.

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Frente a lo expresado por el representante de la familia González Quintero, el vocero de los actuales propietarios, Henry Chía, respondió que ninguna de las familias que hoy ocupan de manera legal las parcelas en lo que otrora fue la finca Las Palmas, invadió ese predio.

“A nosotros nos adjudicó el Incora y a esta entidad se las pagamos de manera legal y de ello contamos con documentos originales, escrituras y certificados de tradición y libertad, porque fue el Estado el que nos entregó esas parcelas”, sentenció Chía.

En entrevista con La Opinión, el reciente posesionado director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Mauricio Jesús Carreño Jácome, aclaró que ese despacho no tiene como misión expropiar tierras. Tanto en éste como en cualquier otro proceso de restitución la finalidad no es la de “despojar”, por el contrario, su función principal es la de estudiar aquellos casos que por situaciones del conflicto armado, distintas personas se vieron obligadas a abandonar o perdieron su vínculo con los predios, dijo el funcionario.
 

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