La expulsión de extranjeros que viene adelantando Migración Colombia, a pedido del alcalde Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por cuenta de los altos índices de criminalidad en la capital de Santander, ha generado una polémica nacional, porque esta medida podría exacerbar tanto sentimientos de xenofobia, como la situación de seguridad de los departamentos por donde están sacando a estas personas.  

Esta situación involucra directamente a Cúcuta, pues de acuerdo con declaraciones del alcalde de Bucaramanga, ésta es la ciudad por donde Migración Colombia ha autorizado la expulsión de nueve ciudadanos extranjeros, que registran más de cinco anotaciones policiales.

Lo delicado es que estas expulsiones no estarían surtiendo frutos ya que, según el mandatario, “más demora el autobús en llevarlos hasta la frontera y volver, que estas personas en regresar a Bucaramanga, a seguir delinquiendo”, dijo, refiriéndose a los múltiples pasos, regulares e irregulares, por donde estas personas pueden retornar a Colombia. 

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Beltrán se refirió puntualmente al hecho de que, una de esas nueve personas expulsadas, ya fue recapturada otra vez en flagrancia. 

De este tipo de medidas, surgen inquietudes como ¿Quién o qué entidad adelanta estos procedimientos? ¿Hay acompañamiento por parte de los organismos de seguridad? ¿Es un acuerdo entre gobiernos municipales, departamentales o nacionales? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Por qué tienen la facilidad de retornar? ¿Qué pasa con los acuerdos de cooperación que vienen adelantando Colombia y Venezuela en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad? 

Diario La Opinión intentó conocer respuestas al respecto. ¿Qué dijeron?

“Es un protocolo que maneja directamente Migración Colombia, nosotros como Policía no podemos expulsar o entregar a nadie para que lo saquen del país, porque en principio hay que verificar que la persona no tenga ningún requerimiento en el país o que  esté vinculado con alguna investigación”, explicó el coronel William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Mecuc. 

Indicó que hay una reunión pendiente de organismos de seguridad de Colombia y Venezuela con Migración, “porque tenemos mucha gente delinquiendo en Cúcuta, sería beneficioso para nosotros que nos recibieran allá –del lado venezolano- a esa gente que está entrando de forma ilegal a cometer delitos”, añadió el jefe policial. 

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Incidencia en Cúcuta

Sobre si el retorno a Colombia de algunos de los ciudadanos expulsados por Cúcuta puede estar incidiendo en la situación de inseguridad que vive la ciudad, “podría ser una causa pero no es la esencia del problema”, afirmó Eduardo Quintero, presidente de Asobares Cúcuta. 

El empresario no cree que estos ‘retornados’ marquen la diferencia en índices de criminalidad en Cúcuta, donde “si a mucho se quedarán algunos días o semanas, antes de volver a Bucaramanga, donde seguramente tienen su zona de confort”, dijo y adicionalmente explicó que por el tipo de crímenes que se vienen cometiendo, no cree que tenga que ver con gente que esté de paso en la ciudad. 

Quintero exhortó a las autoridades a actuar en operaciones preventivas, no reactivas, es decir, cuando ya suceden los hechos. Asimismo, señaló que ya no creen en la máxima del alcalde Jorge Acevedo, sobre que son los delincuentes los que deben temer a las autoridades, pues “los hechos están diciendo lo contrario”, dijo el representante de Asobares. 

Se refirió a la sensación de abandono de Estado que perciben en Cúcuta, “es evidente que nos tienen en un descuido absoluto, somos una región fronteriza con muchos problemas, muy importantes, porque somos el primer filtro de entrada al país, una mayoría pasa al interior, pero qué nos viene quedando a nosotros”, cuestionó. 

Para Sergio Palacios, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios -Fenalco- Norte de Santander, esta medida de expulsión de delincuentes venezolanos "no tiene ningún sentido", porque el delito es cometido en Colombia y al llegar a Venezuela quedan libres.

A diferencia del representante de Asobares, Palacios sí ve una posibilidad de que esta acción repercuta de manera negativa en la ciudad, "pues al ser expulsados de Bucaramanga, lo más fácil es volver a Cúcuta e incrementar de esta manera la inseguridad. Esta medida, para Fenalco, no tiene ningún resultado", dijo. 

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La respuesta de Migración 

En un comunicado oficial Migración Colombia, ante las inquietudes surgidas a partir de las declaraciones públicas emitidas, se refirió a procedimientos de verificación migratoria, orientados a ejercer control sobre la permanencia de  extranjeros, los cuales se llevaron a cabo entre el 22 y 25 de mayo por la Regional Orinoquía en el departamento de Arauca, sin embargo, no precisó expulsiones por Cúcuta, como señaló el alcalde de Bucaramanga, ni por ningún otro paso fronterizo ubicado en Norte de Santander. 

“En dicho procedimiento, fueron ubicados 14 ciudadanos venezolanos con medidas migratorias vigentes: 6 deportaciones, 3 expulsiones y 6 salidas voluntarias, las cuales fueron impuestas entre 2020 y 2024”, informó el órgano nacional.

Indicaron que tales medidas obedecen al incumplimiento por parte de extranjeros de las obligaciones previstas en la norma que regula los asuntos migratorios en Colombia, Decreto 1067 de 2015, que contempla en la sección 2 del artículo 13 sobre Sanciones, que podrán expulsar a los extranjeros que realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional”. 

Precisaron que los ciudadanos fueron llevados al departamento de La Guajira, donde fueron entregados a las autoridades migratorias venezolanas del SAIME, en el estado Zulia (Venezuela), para que desde allí pudieran movilizarse también a los estados de Trujillo y Lara.

Todo el proceso se llevó dentro del marco de garantía de sus derechos fundamentales, acompañado por gestores de convivencia de la alcaldía de Arauca y el traslado fue coordinado con el Ejército y la Policía Nacional.

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