Los resultados del reciente monitoreo a los cultivos de uso ilícito en Colombia, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), no solo revelan que la producción potencial de cocaína continúa registrando récords históricos (53%) y que la siembra sigue en aumento (10%), sino que ratifica la incidencia cada vez mayor del crimen organizado transnacional en este negocio.
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Aunque el informe detallado todavía no se publica, durante la presentación de las conclusiones generales que arrojó el análisis hecho al comportamiento del cultivo de coca en 2023, se advirtió que la persistencia de los grupos armados en el territorio como el Eln, las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas, entre otros, y su vinculación con bandas o carteles internacionales, hace que la producción y el tráfico de cocaína estén presentes.
“Las interacciones entre grupos armados ilegales y el crimen organizado transnacional están generando cambios estructurales en las relaciones de poder, lo que conduce a una alta disponibilidad de financiación y especialización productiva en áreas estratégicas. Este fenómeno refuerza las redes de producción y tráfico de cocaína, y podría ser la causa de disputas armadas en ciertas regiones”, dice el informe ejecutivo de la Unodc.
Y es que según la radiografía que presenta el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), en las zonas de mayor concentración del cultivo, como el Catatumbo, las organizaciones criminales de alto nivel actúan como financiadores, compradores e impulsores de mejoras en la producción o transformación del cultivo.
No obstante, el mapa de concentración del cultivo muestra también que hay algunos municipios de la región en los que la crisis por la que atravesó el mercado de la coca llevó a que la falta de compradores dificultara la dinámica de la economía local que se mueve alrededor de este negocio, afectando especialmente a nuevos y pequeños productores.
“En algunas regiones, los precios de venta de los derivados de la hoja de coca (pasta y base de cocaína) están alcanzando niveles históricamente bajos y en otras incluso no existe mercado debido a la ausencia de compradores, a pesar de esto, existe evidencia de que la gran mayoría de los cultivos siguen siendo cosechados”, se lee en el informe.
Pero esto propició, igualmente, la exploración e incursión de esos actores ilegales en nuevas actividades ilícitas de las que también están intentando sacar provecho.
En 2019, un informe elaborado por La Opinión daba cuenta de que dos carteles mexicanos en particular, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se disputaban hasta el 80% de la producción de coca del Catatumbo.
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Tres años después estalló la crisis del negocio en esta subregión de Norte de Santander y su comercialización cayó de manera considerable, pero un informe publicado el pasado 29 de septiembre por el portal periodístico Vorágine advierte que todo indica que empezó a reactivarse.
“La puesta en marcha del negocio ha venido tomando fuerza con el pasar de las semanas. Los intermediarios de los narcos no sólo han comprado la coca represada, sino que regresaron con una promesa clara: “le dicen a la gente que se pongan a sembrar de nuevo porque hay plata para comprarles todo lo que produzcan”, cuenta un habitante que prefiere reservarse su nombre”, dice un fragmento de la investigación.
Interacción de economías lícitas con ilícitas
Otro de los datos que llama la atención del reciente informe de monitoreo tiene que ver con la cercanía del negocio de la coca con los centros poblados.
Según el documento presentado por Naciones Unidas y el Ministerio de Justicia, en 2023 se evidenciaron 43 centros poblados situados dentro de enclaves productivos, de los cuales uno tiene categoría de cabecera municipal: El Tarra (Norte de Santander).
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“La cantidad de hectáreas sembradas con coca a menos de 12 kilómetros de un centro poblado pasó de cerca de 189.000 hectáreas en 2022 a cerca de 209.000 en 2023. En 2013 eran cerca de 37.000 hectáreas”, dice el informe.
Agrega que los centros poblados más cercanos a la coca constituyen el principal punto de encuentro entre la economía asociada a la fase de producción de cocaína y los bienes y servicios asociados a las economías lícitas. “Aunque en las zonas con cultivos de coca existen otras economías ilegales, la producción de cocaína es una de las principales”, señala.
En el caso de Norte de Santander, además de El Tarra, otros de los municipios que aparecen con una alta incidencia de la coca en la economía lícita de estas localidades son Tibú y Teorama.
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“La relación entre la coca y los centros poblados más cercanos es importante no solo por la dependencia de las economías lícitas de los recursos generados por las ilícitas sino por la diversificación de los bienes y servicios a los que se puede acceder con estos recursos ilícitos; aunque esto puede estar generando incentivos potentes para mantener las actividades ilícitas en el territorio, también constituye una oportunidad para implementar proyectos sostenibles de desarrollo alternativo”, concluye la Unodc.
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