Dos millonarios aportes recibidos en la pasada campaña al Congreso podrían poner en apuros al representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Jairo Cristo, quien cumple su segundo periodo en esa corporación legislativa.

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La razón: el colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar) decidió interponer ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura en contra del dirigente nortesantandereano porque, al parecer, estaba incurso en un presunto conflicto de interés durante la votación de una proposición que pretendía aplazar la entrada en vigencia de los llamados ‘impuestos saludables’, pero aun así no se declaró impedido.

Los hechos se remontan a finales de 2023, cuando en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación, algunos congresistas decidieron introducir una propuesta con el fin de que la implementación de los impuestos a productos ultraprocesados y bebidas endulzadas, aprobados en la reforma tributaria de 2022, se postergara un tiempo más.

Según Yessika Hoyos Morales, presidenta del colectivo de abogados, en dicha sesión hubo tres congresistas en particular que participaron de la votación y estuvieron a favor del aplazamiento, sin que antes le advirtieran a la plenaria o a la mesa directiva que recibieron financiación electoral por parte de algunas de las empresas que se iban a ver impactadas con la entrada en vigor de los ‘impuestos saludables’.

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Uno de esos legisladores fue Jairo Cristo, quien de acuerdo con la relación de ingresos y gastos de campaña registrada en el aplicativo Cuentas Claras y presentada como sustento de la demanda, aparece con dos aportes por $126 millones, uno de $36 millones a nombre de Bavaria y otro de $90 millones hecho por Postobón.

Los otros dos fueron la representante Adriana Carolina Arbeláez y el senador Carlos Abraham Jiménez, también integrantes del partido Cambio Radical.

“Lo que estudiamos del debate es que los únicos congresistas que recibieron financiación directa y no se declararon impedidos fueron ellos, porque, incluso, en ese debate otros congresistas sí se declararon impedidos”, dijo la abogada demandante.

Hoyos Morales explicó que, de acuerdo con la sentencia C-302-2021 de la Corte Constitucional, los congresistas están obligados a declarar cualquier posible conflicto de interés cuando participen en debates que puedan beneficiar directa o indirectamente a los donantes de sus campañas. “No hacerlo es causal de pérdida de investidura”, aseguró la representante del colectivo Cajar.

“El llamado nuestro con estas demandas de pérdida de investidura es que acá sí tenemos que respetar los principios democráticos, porque, entre otras cosas, el conflicto de interés lo que busca  es proteger los principios democráticos. Cuando los congresistas son elegidos, su deber constitucional es legislar para todos y todas, en beneficio de todos, y no de un sector económico”, le dijo la presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo a La Opinión.

¿Qué dijo el congresista?

El representante a la Cámara por Norte de Santander, Jairo Cristo, le salió al paso a la demanda con la cual buscan que se decrete su ‘muerte política’ y dijo que él no se benefició con la proposición que pedía el aplazamiento del impuesto.

El dirigente político explicó que existen tres argumentos concretos que sustentan su posición y que serán debidamente presentados ante el Consejo de Estado, en caso de que la demanda en su contra sea admitida y continúe en trámite.

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Cristo mencionó que, en primer lugar, la ley orgánica de presupuesto, que era donde se pretendía introducir la prórroga a la implementación de los impuestos a productos ultraprocesados y bebidas endulzadas, es una ley general que no beneficia particularmente a personas, ni naturales ni jurídicas. “La ley general de presupuesto lo que hace es distribuir las apropiaciones que tiene el Estado, entonces, con el presupuesto yo no le voy a dar plata a Postobón”, sostuvo.

Esta es la escritura que constaría que los aportes de Postobón fueron dirigidos al Partido Cambio Radical y no a los candidatos.

Con relación a los aportes de campaña que aparecen en sus informes, el representante señaló que ninguna de las dos empresas que se mencionan le giró directamente recursos a su proyecto, sino que fue a través del partido que se hicieron las contribuciones.

“Directamente Postobón nunca me giró recursos para mi campaña. Nunca me he sentado con ellos ni con esa industria. No existe consignación alguna de que esas empresas me hayan dado plata a mí directamente. A mí la plata me la dio fue el partido”, insistió.

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Entre tanto, recordó que la proposición que fue votada no se aprobó y por esa misma razón dijo que no hay cómo demostrar de qué forma se benefició, si el impuesto finalmente entró en vigencia.

“La proposición que fue votada no se constituyó en ley. Además, yo no quería proteger la industria; como dice la proposición, lo que yo quería era no afectar el bolsillo de los colombianos, porque los ciudadanos de los estratos más bajos son los que consumen gaseosas y al finalizar el año 2023 la inflación estaba desbordada”, sostuvo.

La demanda contra el congresista nortesantandereano fue radicada ante el Consejo de Estado el lunes, pero todavía no es admitida.

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