Diez denuncias o más por amenazas pueden llegar a recibirse diariamente en la Defensoría del Pueblo, lo que quiere decir que a la semana pueden ser por lo menos 50 y al mes 200, “pero generalmente son más”, afirmó Pepe Ruíz Paredes, jefe de la seccional de Norte de Santander, durante la rendición de cuentas de la vigencia 2023 de dicha dependencia. 

De acuerdo con el informe compartido en la página oficial de la Defensoría, 6.173 personas desplazadas y en riesgo de serlo fueron atendidas por la delegación para los Derechos de la Población en Movilidad Humana. 

“Estos son los hechos más complejos, personas que se han presentado a brindar declaración por amenazas para poder salir del departamento o de la nación; no son desplazamientos grandes, sino de una persona o una familia, pero son constantes”, explicó Ruíz Paredes. 
 

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Esta situación es muestra de que “la violencia está generalizada de diferentes modos en el territorio que nosotros estamos representando”, dijo el Defensor.

El funcionario señaló que las amenazas provienen de diferentes grupos, tanto de las organizaciones irregulares armadas, que ejercen control en las zonas rurales; como las bandas organizadas que hacen lo propio en los centros urbanos, donde se enfrentan por dominio de territorios. 

Esta información coincide con lo expuesto por Luis Fernando Niño, consejero departamental de paz, en el foro organizado por La Opinión sobre los Retos y Desafíos en Cúcuta y Norte de Santander, quien destacó que si bien no ha habido confrontación entre los grupos irregulares presentes –Estado Mayor Central y Ejército de Liberación Nacional- sí ha habido un aumento de su presencia.   
 

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En cuanto a los motivos por los que se producen las amenazas e intimidaciones, el defensor indicó que están relacionados con la negativa de las personas para entrar a dichas organizaciones, “o que no quieren dejar que sus hijos entren a esos grupos o que no les permiten difundir su publicidad, en fin, son múltiples razones”, detalló Ruíz Paredes. 

No obstante, asegura que el panorama puede ser más complejo, pues “hay gente que simplemente abandona todo y se va, sin denunciar, sin decir nada, entonces no conocemos en realidad toda la problemática”, dijo el defensor, quien reconoció que es probable que exista un subregistro mucho más amplio. 
 

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Alertas deben ser acatadas 

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la poca acción que han tomado las instituciones frente a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo. En este sentido, Pepe Ruíz señaló que en Norte de Santander se han reiterado alertas por amenazas contra líderes sociales y por otro delito muy presente en el territorio, como la trata de personas.

“Las alertas se toman en cuenta, se socializan, pero no se toman acciones”, dijo Ruíz y se refirió puntualmente a la situación actual, en la que se presentan amenazas constantes a líderes sociales y presidentes de juntas, especialmente en los municipios que componen el Área Metropolitana: Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, específicamente.
 
“No podemos precisar los casos porque justamente hay un temor de la gente por denunciar formalmente, algunos acuden a nosotros, otros a la Personería, pero la mayoría se va y ya; frente a esto es  necesario que se tomen acciones por parte de los organismos de seguridad, que se extremen controles, que Policía de carreteras haga requisas y no se limite sólo a pedir papeles”, apuntó el funcionario. 

Esta realidad  no escapa a la población migrante, especialmente aquella que ha logrado establecer algún tipo de empresa o negocio productivo. 

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