El homicidio del veedor social Jaime Vásquez, ocurrido el pasado 14 de abril en Cúcuta, sigue siendo un recordatorio de los riesgos que enfrentan las personas que se dedican a cumplir con las funciones de contraloría en la sociedad. 

De acuerdo con la organización Indepaz, hasta el 18 de octubre de 2024, 145 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, seis de ellos en Norte de Santander, donde además y según datos de la Fundación Progresar, divulgados en el foro sobre Violencia Urbana celebrado recientemente, entre 2016 y 2023, 80 líderes sociales han muerto en estas circunstancias. 

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En este contexto, la semana pasada tuvo lugar en la ciudad el lanzamiento nacional del programa Actores del Control, organizado por la Contraloría General de la República, con el fin de fortalecer y capacitar a líderes y veedores en temas de control fiscal y social.

150 personas, entre líderes independientes, integrantes de asociaciones de veeduría social, ediles y estudiantes, que hacen labores de contraloría en el entorno escolar, hicieron parte del surtido auditorio. 

La Opinión conversó con algunos  asistentes para conocer las implicaciones de ejercer su función de vigilancia y denuncia en medio de un ambiente particularmente hostil.  

Leidy Sanabria, es una líder social de la comuna 4, con experiencia como edil, cargo que desempeñó en dos ocasiones con un enfoque en el tema de contratación y veedurías a los proyectos que se llevaban a cabo en su sector. 

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Desde su experiencia asegura que aunque actualmente no ha sido blanco de amenazas u hostigamiento, recuerda que como edil sí pasó por momentos complicados, por amenazas en su contra y de su familia, por lo llegó a considerar la posibilidad de mudarse. 

“Uno como edil o presidente de junta siempre está en riesgo por las denuncias que hace, la gente no ve que es un trabajo que se hace para la comunidad y no para afectar a nadie.  De verdad es un riesgo que uno asume, pero uno lo hace por su comunidad, por el amor a la gente y porque vaya bien”, dijo la lideresa social.

En cuanto a la situación de los veedores sociales en el departamento, cuestionó que a pesar de los riesgos sea poca la oportunidad que tiene un líder social de tener un respaldo por parte de los organismos de seguridad, como Policía, Gaula y Unidad Nacional de Protección, “siempre se queda todo en palabras”, dijo. 

“Uno no pide un esquema de seguridad como tal, pero sí un apoyo mínimo”, añadió Sanabria, quien indicó que en este momento ella está tranquila pero sí sabe de muchos líderes amigos que están bajo amenaza. 

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El caso de Guillermo Rodríguez es distinto, pues en sus 22 años como veedor sociales de la liga municipal de asociaciones de padres de familia y del Programa de Alimentación Escolar, no ha tenido inconvenientes en el desarrollo de función de denuncia. 

Al contrario, ha contado con el respaldo de las comunidades que representa, lo que le ha permitido trabajar en un marco de seguridad. 

Dentro del entorno escolar también se promueve la función contralora, sin embargo, en este entorno los riesgos son mínimos y hasta ahora prácticamente inexistentes. 

Giovanny Gómez es docente de una de las instituciones participantes en el evento Actores del Control, quien asistió  en calidad de acompañante de la estudiante que hace las veces de contraloría en la institución. 

Explicó que en este caso efectivamente el escolar actúa como veedor del buen uso de los recursos dentro de la institución, pero además se promueve la legalidad, la justicia y la ética como principio del beneficio común. 

La posición de la Contraloría

Campo Elias Vega, contralor delegado para la participación ciudadana, asistente al evento en representación del contralor general Carlos Hernán Rodríguez, expuso su punto de vista sobre los riesgos que implican el desempeño de esta función.

Instó en primera instancia a quienes se sientan amenazados a reportar cualquier situación anómala ante los entes correspondientes, pero también hizo un llamado a los actores del orden departamental y municipal, para que brinden las garantías y las protecciones.

Destacó que uno de los propósitos del programa lanzado en Cúcuta era justamente brindarle herramientas a estos líderes y veedores para que puedan ejercer su labor de un modo más contundente pero a la vez seguro, o en todo caso, con mínimos peligros contra de su integridad.

“Desde la Contraloría hemos buscado que a través de medios tecnológicos, los veedores puedan enviar la información, para nosotros poder recibir esa información y hacerle un seguimiento más detallado”, explicó, a la vez que el control social es un deber y un derecho irrenunciable que tienen los ciudadanos.

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