Una investigación administrativa preliminar y una visita de inspección y vigilancia que se cumplirá esta semana en la Universidad de Pamplona hacen parte de las actuaciones que el Ministerio de Educación Nacional puso en marcha para revisar las denuncias relacionadas con el proceso de elección del próximo rector de esa institución.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, confirmó que la investigación preliminar fue iniciada el pasado 4 de septiembre y que funcionarios de la cartera estarán esta semana en la universidad para verificar los señalamientos sobre posibles irregularidades contractuales y un eventual favorecimiento a integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) que estarían promoviendo el regreso de Ivaldo Torres Chávez a la rectoría.
La actuación del Ministerio se produce después de la solicitud formulada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien pidió ejercer vigilancia sobre la Universidad de Pamplona ante las denuncias que han llegado al Gobierno Nacional.
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Hoyos respondió al mandatario que las actuaciones ya estaban en marcha y explicó que un delegado del Ministerio participó la semana pasada en una sesión del Consejo Superior Universitario. Según la ministra, ese funcionario continuará acompañando el proceso para que la elección del rector se adelante de acuerdo con las disposiciones legales y con lo establecido por el Consejo de Estado.
“Nuestro delegado participó la semana pasada en el CSU y acompaña el proceso de elección del rector, para que se adelante con transparencia y conforme a lo dispuesto por el Consejo de Estado”, subrayó Hoyos.
La ministra agregó que el Ministerio actuará con rigor para verificar las denuncias y garantizar el cumplimiento de la ley y el adecuado funcionamiento de la institución.
El origen de la intervención
La decisión del Gobierno Nacional ocurre en medio de la incertidumbre que existe sobre la elección del nuevo rector, después de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló, el pasado 2 de julio, la elección de Ivaldo Torres Chávez para el periodo 2025-2028.
El alto tribunal concluyó que el Consejo Superior Universitario no podía elegir a Torres para un tercer periodo consecutivo, debido a que las normas internas de la Universidad de Pamplona permitían una sola reelección.
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Con la nulidad de esa elección, la universidad quedó obligada a adelantar un nuevo proceso para proveer el cargo. Sin embargo, el CSU aún no ha aprobado el cronograma para la convocatoria, situación que ha generado nuevos cuestionamientos.
La demora también es uno de los aspectos que preocupa al Gobierno Nacional, en particular por la posibilidad de que durante este periodo se modifiquen las reglas que actualmente determinan los requisitos y el mecanismo para escoger al rector.
Otra acción de cumplimiento
A la investigación administrativa se suma una nueva actuación ante la jurisdicción administrativa.
El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona admitió el 24 de septiembre una acción de cumplimiento promovida por Javier Alberto Manrique Caballero, mediante la cual se busca que el Consejo Superior Universitario inicie el proceso de elección del rector.
La acción tiene como antecedente el proceso electoral anterior. En la sentencia mediante la cual el Consejo de Estado anuló la elección de Torres se dejó constancia de los cuestionamientos planteados por los demandantes sobre la demora del CSU para iniciar oportunamente la convocatoria de 2024, al punto de que fue necesario acudir a una acción de cumplimiento para impulsar el procedimiento.
Para ProDefensa, la situación vuelve a repetirse. La veeduría sostiene que, mientras el Estatuto vigente exige avanzar con el nuevo proceso electoral, el Consejo Superior mantiene abierta la discusión sobre una reforma que modificaría precisamente las reglas para aspirar y acceder a la rectoría.
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La más reciente sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, realizada el martes en Cúcuta, terminó sin decisiones sobre la convocatoria para elegir rector ni sobre la reforma estatutaria. Los dos asuntos quedaron pendientes para una próxima sesión, prevista para el 2 de octubre.
ProDefensa cuestiona contrataciones y la reforma
La Veeduría ProDefensa de la Universidad de Pamplona ha advertido que la discusión sobre una reforma al Estatuto General coincide con la demora en la convocatoria.
Según la organización, después de la decisión del Consejo de Estado comenzaron a discutirse modificaciones a los artículos 25, 26, 27 y 28 del Estatuto General. Entre los cambios planteados estarían nuevos requisitos para aspirar a la rectoría, modificaciones al mecanismo de designación, la incorporación de una consulta a la comunidad universitaria y la eliminación de la disposición que actualmente permite la reelección del rector por un solo periodo.
Para la veeduría, la discusión debe analizarse en conjunto con la obligación del CSU de iniciar el nuevo proceso electoral con las normas actualmente vigentes.
ProDefensa también ha denunciado posibles favorecimientos en contrataciones y nombramientos de familiares de algunos integrantes del Consejo Superior Universitario.
Entre los casos que menciona está el de José Antonio Gélvez, representante de los egresados ante el CSU, de quien la veeduría sostiene que tres hijos fueron vinculados a la planta docente de la universidad. También señala a Ángela Villamizar, a quien identifica como sobrina de la actual rectora encargada, Laura Patricia Villamizar Carrillo.
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Otro de los casos denunciados corresponde a José Antonio Vargas Yuncosa, esposo de Sonia Arango, delegada del gobernador William Villamizar en la presidencia del Consejo Superior, quien fue nombrado como docente de prueba en la Facultad de Ciencias Agrarias.
La veeduría también relaciona con estas denuncias a Yeimar Antonio Santiago Guevara, hermano de José del Carmen Santiago Guevara, representante de los profesores ante el CSU, quien participó en la elección de Torres.
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