La disputa por el control de la rectoría de la Universidad de Pamplona no terminó con la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de Ivaldo Torres Chávez para el periodo 2025-2028. Por el contrario, el fallo abrió un nuevo capítulo en una confrontación jurídica y política que mantiene en tensión a distintos sectores de la institución.
El Comité Prodefensa de la Universidad de Pamplona sostiene que, mientras el Consejo Superior Universitario (CSU) no define la fecha para convocar un nuevo proceso de elección, se estaría gestando una estrategia para modificar los estatutos de la institución y permitir que Torres vuelva a aspirar al cargo.
La acusación es formulada por los integrantes de la veeduría, quienes cuestionan que, varios meses después de la decisión del alto tribunal, el CSU todavía no haya establecido un cronograma para escoger al nuevo rector del alma mater.
Según representantes del CSU consultados sobre esta mora, existen propuestas de modificación de los estatutos sobre la mesa, aunque estas iniciativas, de acuerdo con lo manifestado por las fuentes, todavía no habrían sido oficializadas.
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La Opinión conoció que la Organización Sindical Unión de Profesores de Tiempo Completo de la Universidad de Pamplona le dirigió una carta al CSU en la que solicitan la suspensión/archivo del proyecto de reforma al Estatuto General y garantías de transparencia en la elección de rector.
No obstante, cualquier reforma debe pasar por el consejo académico y por lo menos que participen los comités asesores, señalan miembros del Comité Prodefensa de la Unipamplona.
Dicho Comité considera que cualquier modificación estatutaria que tenga como propósito habilitar nuevamente a Torres tendría que examinarse a la luz de la decisión adoptada por el Consejo de Estado y de las reglas que actualmente rigen la elección del rector.
El antecedente que
volvió a abrir la disputa
La controversia se remonta a 2024, cuando la veeduría cuestionó la posibilidad de que Torres fuera nuevamente elegido como rector, después de haber ejercido el cargo durante los periodos 2017-2020 y 2021-2024.
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La primera elección ocurrió el 29 de diciembre de 2016, cuando el Consejo Superior Universitario lo designó por unanimidad para suceder a Elio Daniel Serrano Velasco.
Posteriormente, mediante el Acuerdo 034 de 2020, el CSU dispuso su reelección para el periodo comprendido entre el primero de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024.
La controversia apareció cuando, en 2024, Torres Chávez volvió a participar en el proceso para escoger rector para el periodo 2025-2028.
La veeduría sostuvo entonces que el Estatuto General de la Universidad de Pamplona permitía una sola reelección y que, por esa razón, Torres no podía volver a ocupar el cargo mediante una nueva elección.
La discusión llegó inicialmente a los jueces administrativos de Norte de Santander. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia del 22 de enero de 2026, negó las pretensiones de la demanda y consideró que la designación para el periodo 2025-2028 no correspondía técnicamente a una reelección en los términos previstos por el estatuto, pues se produjo después de una convocatoria abierta.
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Ese criterio, sin embargo, fue posteriormente revisado por el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado
cambió el escenario
El 2 de julio de 2026, el Consejo de Estado decidió anular la elección de Torres Chávez para el periodo 2025-2028, en una decisión que modificó el escenario jurídico de la Universidad de Pamplona.
De acuerdo con la información divulgada posteriormente sobre el proceso, la decisión no produjo de inmediato la salida de Torres, debido a solicitudes de adición y aclaración presentadas frente al fallo.
La decisión del alto tribunal reactivó, además, el debate sobre la interpretación del artículo 26 del Estatuto General de la Universidad de Pamplona y sobre los límites que tendría el Consejo Superior Universitario para modificar las reglas que regulan la elección del rector.
Para el Comité Prodefensa, el fallo respaldó la interpretación que había sostenido desde 2024.
“¿Cómo van a elegir rector los mismos que hicieron una elección irregular?”, cuestionó la veeduría, al reclamar que se adopten garantías adicionales de transparencia para el nuevo proceso.
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Sandra Milena Rozo Hernández, abogada del Comité Prodefensa de la Universidad de Pamplona, explicó que la controversia comenzó en septiembre de 2024, cuando la organización pidió al Consejo Superior Universitario que convocara oportunamente la elección ante el vencimiento del periodo de Torres.
Antes de la demanda electoral, la veeduría también promovió una acción de tutela contra la inclusión de Torres en el listado de candidatos. Esa actuación no prosperó en las primeras instancias judiciales.
La discusión solo cambió cuando el expediente llegó al Consejo de Estado.
La reforma que genera inquietud
El nuevo frente de la controversia está ahora en el Consejo Superior Universitario.
La preocupación del Comité Prodefensa radica en que una eventual modificación del Estatuto General pueda alterar las reglas que actualmente limitan la reelección del rector y, eventualmente, abrir nuevamente la puerta para la candidatura de Torres Chávez.
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El Comité sostiene que el estatuto establece un periodo de cuatro años y contempla la posibilidad de una sola reelección.
“Para nosotros esa prohibición siempre fue evidente, pero ninguna autoridad judicial acogió ese argumento hasta ahora”, sostuvo la veeduría al referirse al proceso que terminó en el Consejo de Estado.
El debate adquiere especial relevancia porque cualquier reforma estatutaria tendría que ser examinada frente a la decisión judicial que anuló la elección de 2025-2028 y frente a las normas internas que regulan la modificación de estatutos en la universidad de Pamplona.
El propio Consejo de Estado ha señalado en de cisiones anteriores que la autonomía universitaria no es absoluta y encuentra límites en el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, en el caso de la Universidad de Pamplona, cualquier comparación deberá hacerse sobre hechos verificables y no sobre equivalencias políticas, pues el escenario jurídico actual está determinado por la decisión del Consejo de Estado y por las actuaciones que adopte el Consejo Superior Universitario.
La pregunta central ahora es ¿cuándo se convocará formalmente la elección y bajo qué reglas se desarrollará?.
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El CSU aún no define la fecha
La ausencia de una fecha para iniciar el proceso de elección es precisamente uno de los principales cuestionamientos del Comité Prodefensa.
La organización considera que, después de la anulación de la elección de Torres Chávez, el CSU debería avanzar hacia una nueva convocatoria con reglas claras y garantías para todos los aspirantes.
La Universidad de Pamplona fue consultada sobre las razones por las cuales todavía no se ha anunciado la fecha para proveer en propiedad el cargo de rector y sobre la eventual discusión de una reforma de los estatutos y reglamentos internos.
Al cierre de esta información no se había recibido respuesta oficial de la institución ni de la secretaria general del alma mater, Andrea Araque.
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