Previo a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo mañana martes en Cúcuta, en la que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Pamplona pondrá en consideración de sus miembros el cronograma para la elección que proveerá el cargo de rector y la modificación de estatutos, se conocieron denuncias sobre presuntas irregularidades en las que habrían incurrido cinco consejeros en alianza con el exrector Ivaldo Torres.
La controversia se produce después de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Torres para el periodo 2025-2028. El alto tribunal revocó la decisión de primera instancia y dejó sin efectos el Acuerdo 051 del 4 de diciembre de 2024, mediante el cual el CSU había designado a Torres como rector. La sentencia estableció, entre otros aspectos, que el Consejo Superior no podía elegirlo para un tercer periodo consecutivo, debido a que las normas estatutarias permitían una sola reelección.
Ahora, el debate se concentra en las decisiones que pueda adoptar nuevamente el CSU.
De acuerdo con la Veeduría Prodefensa de la Universidad de Pamplona, los consejeros cuestionados son Farid Rafael Villalba, representante de las autoridades académicas; José del Carmen Santiago Guevara, representante de los docentes; Luis Alberto Garzón, representante de los estudiantes; José Antonio Gélvez, representante de los egresados, y monseñor Luis Ernesto Mendoza Suárez, representante del sector productivo.
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La organización sostiene que estos integrantes del órgano directivo respaldaron en su momento la elección de Torres y advierte que ahora podrían constituir una mayoría dentro del Consejo para impulsar cambios estatutarios relacionados con el proceso de elección del rector.
La denuncia va más allá y plantea interrogantes sobre los posibles intereses que, según la Veeduría, estarían detrás de esas actuaciones. En particular, menciona presuntos beneficios derivados de vinculaciones laborales o contractuales de familiares de algunos consejeros, de los cuales presentaron pruebas al Consejo de Estado y a este diario.
El caso que la Veeduría puso bajo la lupa
Uno de los casos expuestos por la organización corresponde al representante de los egresados, José Antonio Gélvez.
Según el escrito de coadyuvancia presentado por la Veeduría dentro del proceso de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, Gélvez ocupaba su representación en el CSU desde 2018, durante la administración de Ivaldo Torres.
La organización sostiene que durante ese periodo tres de sus hijos fueron vinculados laboral o contractualmente con la Universidad de Pamplona y relaciona esas vinculaciones con el respaldo que, según afirma, el consejero habría dado a Torres en la elección de 2024.
En el caso de Diana Alexandra Gélvez, la Veeduría señala que fue vinculada inicialmente como profesora ocasional del Departamento de Educación Física y como recreacionista de Bienestar Universitario, y posteriormente como docente de planta.
También menciona a Gilmar Antonio Gélvez, otro de los hijos del representante de los egresados, cuya vinculación con la institución es presentada por la organización como parte de los elementos que deben ser examinados dentro de la controversia.
Otro caso es el de Yeimar Antonio Santiago Guevara, hermano de José del Carmen Santiago Guevara, representante de los Profesores al CSU, quien reeligió a Ivaldo Torres, también fue incorporado a la planta docente.
Angela Villamizar, sobrina de la rectora encargada, Laura Villamizar, quien debe sacar convocatoria para el próximo rector, también fue incorporada a la planta docente de la universidad.
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La Veeduría sostiene que estas situaciones podrían configurar eventuales conflictos de intereses y cita, entre otras disposiciones, el artículo 126 de la Constitución Política y el artículo 56 de la Ley 1952 de 2019, relacionado con actuaciones frente a causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento y conflicto de intereses.
Precisamente, en el proceso judicial que terminó con la anulación de la elección de Torres, los demandantes habían planteado cuestionamientos relacionados con el límite a la reelección, el procedimiento utilizado, las condiciones de participación y una eventual desviación de poder. La Procuraduría también analizó dentro del proceso los cuestionamientos relacionados con la elección y la presunta desviación de poder.
La sesión que vuelve a encender el debate
El nuevo capítulo se abrirá este martes 22 de septiembre, cuando el Consejo Superior Universitario tiene prevista una sesión extraordinaria a las 7:30 de la mañana, en el Club Comercio de Cúcuta.
De acuerdo con la información suministrada, durante la reunión se abordaría el cronograma para la elección del nuevo rector y una eventual modificación de los estatutos de la Universidad de Pamplona.
Es precisamente este último punto el que genera preocupación entre sectores estudiantiles y la Veeduría Prodefensa de la Universidad de Pamplona.
El temor expresado es que una modificación de las reglas termine permitiendo que Torres vuelva a presentarse al proceso de selección, pese a que el Consejo de Estado anuló su elección para el periodo 2025-2028 y estableció que el CSU no podía designarlo para un tercer periodo consecutivo bajo las reglas que fueron examinadas en ese proceso.
La discusión, por tanto, ya no se limita a quién ocupará la rectoría. También gira alrededor de las reglas con las que se realizará la nueva elección y de si estas serán modificadas antes de abrir nuevamente la convocatoria.
Estudiantes piden frenar cualquier reforma
Ante este escenario, estudiantes y exrectores de la Universidad de Pamplona han pedido a los integrantes del Consejo Superior Universitario que desistan de cualquier modificación estatutaria que pueda interpretarse como un mecanismo para facilitar el regreso de Torres a la rectoría.
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El planteamiento de los estudiantes apunta a que las reglas del nuevo proceso no sean modificadas con posterioridad al fallo judicial con el propósito de favorecer una candidatura determinada.
En ese contexto, también han pedido al presidente Abelardo de la Espriella que conozca la situación y adopte las decisiones que correspondan dentro de sus competencias frente a lo que está ocurriendo en el máximo órgano de dirección de la universidad.
El reclamo adquiere especial relevancia porque el Consejo de Estado no solo anuló la elección de Torres, sino que inaplicó por inconstitucional el literal b) del artículo 27 del Acuerdo 027 de 2002 y apartes de los acuerdos que sirvieron de fundamento al proceso de designación de 2024.
La Opinión les ha solicitado por escrito a la Universidad y al Consejo Superior Universitario una respuesta sobre las denuncias que ha hecho la Veeduría pro Defensa de la Universidad, pero ambas partes se han mantenido en total hermetismo.
La pregunta que queda planteada para la sesión del martes es si el CSU se limitará a poner en marcha un nuevo proceso de elección con las reglas vigentes o si abrirá simultáneamente la discusión de una reforma estatutaria que pueda modificar las condiciones de participación.
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