La cifra de desplazados en Norte de Santander por cuenta del conflicto armado en el Catatumbo ya va por el orden de los 22.690, esto sin sumar 1.500 personas que se mantienen atrapadas  en zonas rurales de Teorama y La Gabarra, por retenes dispuestos por los grupos armados ilegales, aparte de quienes han escapado a Santander, al sur del Cesar y a pueblos fronterizos de Venezuela. 

Así lo confirmó en rueda de prensa Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz del departamento, quien detalló que en Ocaña se registran 2.360 núcleos familiares en cinco lugares, para un total de 5.770 refugiados; mientras que en Tibú, en igual número de albergues, van 5.860 desarraigados. 

Además, Niño indicó que hay otras 648 personas que están en La Galia, Pacheli, Caño Indio y La Gabarra, firmantes de paz que se mantienen con un tratamiento distinto para no poner en riesgo al resto de la población civil. 

Sobre el número de muertos, el alto consejero indicó que la cifra hasta el momento es de 80 personas fallecidas de manera violenta, aunque solo 38 tienen el levantamiento formal de Medicina Legal. 

En lo que respecta a Cúcuta, el alcalde Jorge Acevedo señaló que a corte de este lunes a las cinco de la tarde ya se tenían registrados 11.060 desplazados en la ciudad, de los cuales 1.400 fueron  alojados en hoteles, mientras que los demás se encuentran en viviendas de familiares residentes en la ciudad.

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A este grupo en especial se les presta  apoyo con insumos como colchonetas y almohadas, de ahí la urgencia de recolección de estos implementos. 

“Esto desborda nuestras capacidades, pues nosotros estábamos calculando 1.500 o 2.000 habitantes de esa región en busca de refugio aquí, por eso hoy esperamos que la ayuda que comienza a llegar por parte del Gobierno nacional nos permita brindarles  estabilidad con todo lo que ya se ha venido trayendo”, dijo Acevedo. 

Sobre las ayudas humanitarias que han llegado al departamento a través de la Unidad Nacional de Atención a las Víctimas, la directora nacional Lilia Solano destacó que por las circunstancias se ha priorizado a Tibú, donde ayer fueron enviados 100 kits de ayuda, 75 se despacharon a Ocaña y 50 se quedaron en Cúcuta.

Igualmente, ayer se recibieron 24 toneladas más de ayuda, que iban a ser distribuidas con el mismo criterio. 

Alcalde de Cúcuta llama a recuperar el Catatumbo

El alcalde de Cúcuta señaló que si bien están ya desbordados en sus capacidades, hay una voluntad de hacer un esfuerzo extra, sobre todo porque viene contando con la colaboración de  los cucuteños de a pie, de la empresa privada y se espera la incorporación de la cooperación internacional. 

No obstante, Acevedo espera que “este esfuerzo valga la pena”, y que sea el Gobierno nacional el que se vista de héroe “y recupere de una vez por todas el Catatumbo para que este territorio no sea de la guerrilla, sino de los catatumberos”, precisó. 

El alcalde espera que una vez declarado el Estado de Conmoción Interior “entren, tomen el territorio, que si nosotros tenemos que invertir un poco más para aguantar la gente los invertimos, pero recuperemos ya el Catatumbo. Los catatumberos quieren regresar a sus casas”, demandó Acevedo. 

¿Quién se queda en el Catatumbo? 

La dinámica que vivían los pueblos, corregimientos y veredas de los municipios de Tibú, El Tarra, Convención, Hacarí, Ábrego y San Calixto hace una semana, hoy es solo un recuerdo.

La reactivación del conflicto armado entre las guerrillas del Eln y la disidencia de las Farc, por la disputa del territorio y las economías ilícitas, ha provocado el desplazamiento masivo de miles de personas que, de acuerdo con las últimas cifras alcanzan las 22.690, que representan un 28.4 por ciento de la población rural total de los municipios directamente afectados que, de acuerdo con el censo poblacional del 2018, contaban con 79.743 habitantes.

Richard Claro, alcalde de Tibú, indicó que en un recorrido hecho por las calles de su municipio evidenció el ambiente de desolación, así como la tristeza en el rostro delos tibuyanos. 

Vicente, un habitante de la vereda Barrio Largo, de Tibú, da cuenta de la soledad que se va apoderando del territorio catatumbero, pues asegura que de las 40 familias que vivían en su sector, quedaban 15 en el momento en que salió el domingo en la mañana, junto a su esposa, su hijo y una nieta. 

“Uno lo que tiene allá se lo encomienda a los que se van quedando, los que no quieren salir todavía por miedo a  perder sus cosas, pero ya eso está muy solo allá”, recordó el Vicente.

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Frente al número de víctimas del desplazamiento forzado que han salido del territorio y la posibilidad de que lo sigan haciendo, Claro expresó que “nos preocupa esa situación, de quién va a quedar, pero sobre todo si van a retornar, o qué va a pasar con todas esas personas que se han ido a otros municipios y si se le está brindando la atención, si están siendo atendidos de la mejor manera, esa es nuestra principal inquietud”.

Asimismo, el alcalde de Tibú urgió la pronta acción del Gobierno nacional ara “recuperar la seguridad, reactivar la economía y garantizar tranquilidad, pero sobre todo que esa intervención institucional por parte del Estado se mantenga en el tiempo”.

UNGRD activa entrega de ayudas

Ante la crítica situación de orden público en el Catatumbo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) convocó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta.

En este espacio, la UNGRD, junto con la Unidad para las Víctimas, alcaldías locales y entidades del Gobierno, priorizó acciones como la instalación de albergues temporales con servicios básicos y atención psicosocial. Además, la UNGRD anunció el envío de 1.000 colchonetas y asesoría técnica en logística y gestión de refugios.

Carlos Carrillo Arenas, director de la UNGRD, subrayó la importancia de articular esfuerzos y evitar la saturación de recursos en los puntos de atención. “Estamos trabajando para garantizar corredores humanitarios y una respuesta efectiva para las comunidades desplazadas”, precisó.

Con equipos técnicos en el territorio, las autoridades buscan mitigar los impactos de esta emergencia humanitaria, que evidencia la urgencia de soluciones integrales para las víctimas del conflicto en la región.

Desde Ocaña piden diálogo y acción humanitaria

Ante la alarmante crisis humanitaria que afecta a la región del Catatumbo, la Asociación de Personeros de la zona ha hecho un llamado apremiante al Gobierno nacional para reactivar las mesas de diálogo con las disidencias de las Farc y el Eln. 

Su objetivo principal es garantizar la vida y los derechos fundamentales de los habitantes, quienes padecen las consecuencias de la violencia armada.

En este contexto, los personeros  solicitaron una participación activa en los procesos de paz, destacando su rol esencial como primeros defensores de los derechos humanos en el territorio. “Somos el paño de lágrimas de los ciudadanos, soportando la carga de recibir denuncias y testimonios de las víctimas”, afirmó Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, presidente de la Asociación. 

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Además, indicó que se han propuesto mesas de diálogo para crear corredores humanitarios, permitiendo la evacuación de personas confinadas y heridas en las zonas de conflicto.
Una de las inquietudes más graves es la situación de cerca de 800 niños afectados por la violencia. Es imperativo implementar programas especiales que protejan a esta población vulnerable de los traumatismos derivados de las confrontaciones armadas. Se ha destacado el papel del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para proporcionar alimentos, actividades lúdicas y apoyo emocional.

Organizaciones sociales como Sisca, Ascamcat, el MCP y Asuncat han emitido un comunicado dirigido a los grupos armados, exigiendo el cumplimiento de los mínimos humanitarios. Este documento subraya la necesidad de aplicar el Derecho Internacional Humanitario para proteger a la población civil y detener los ataques contra líderes sociales, firmantes de paz y personas no combatientes.

“Es urgente que los grupos enfrentados muestren sensatez y piensen en el daño causado a esta región. Pedimos un cese inmediato de las hostilidades y una salida dialogada al conflicto”, manifestó Olger Antonio Pérez Quintero, vocero de Asuncat.

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