Ante la demora en el pago de cuatro meses de facturación, la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (ESPO S.A.) suspendió el suministro de agua potable al centro de operaciones del Batallón de Infantería n.º 15 Francisco de Paula Santander.
El presidente de la Junta Directiva, Gabriel Ángel Álvarez Duarte, explicó que las exigencias establecidas a nivel nacional son de estricto cumplimiento para todos los usuarios, incluidas las entidades oficiales.
Por su parte, las Fuerzas Militares buscan mecanismos para agilizar el desembolso de los recursos y evitar una posible emergencia sanitaria en la unidad táctica.
Una deuda millonaria
El funcionario fue categórico al señalar que, de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en materia de facturación electrónica, los reportes contables deben realizarse mensualmente.
Desde julio, el batallón acumula una deuda de 210 millones de pesos. Los informes correspondientes deben presentarse mes a mes, sin posibilidad de aplazamiento, pues la empresa necesita garantizar los recursos para cubrir los gastos operativos, adquirir insumos, pagar combustibles y energía, y ejecutar programas sociales.
“Encendemos las alarmas para presionar un pronto pago, así como lo hacen con otras entidades relacionadas con los servicios de energía e internet, que sí están al día. Los militares argumentan que existen demoras en los trámites administrativos desde Bogotá con el Ministerio de Defensa, pero con la Policía Nacional y el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria nunca hemos tenido este tipo de inconvenientes”, recalcó el gerente encargado, quien calificó como negligencia la tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.
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De ahora en adelante, los cobros se realizarán mes a mes, sin consideraciones especiales, como ocurre con cualquier usuario. La empresa también debe responder ante los organismos de control, agregó.
Un compás de espera
A principios de año se presentó una situación similar. En esa oportunidad, los asesores jurídicos del batallón interpusieron acciones de tutela, pero no prosperaron. La orden, según explicó el funcionario, es ponerse al día con las obligaciones para garantizar el normal funcionamiento de la unidad militar.
En comunicación con la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, los oficiales solicitaron una ampliación del plazo mientras avanzan las gestiones administrativas para evitar una emergencia sanitaria.
La orden de suspensión está vigente mientras no se refleje el pago de los meses adeudados. Aunque los recursos están presupuestados para ese fin, los trámites correspondientes continúan en curso.
Ante estos requerimientos, la empresa decidió otorgar un compás de espera y mantener el suministro de agua de manera intermitente, entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, mientras se cancela la factura, reiteró.
“Hemos otorgado un plazo de cinco días, tiempo suficiente para agilizar el desembolso de los recursos. A partir de la próxima vigencia, sin ningún tipo de consideración, la suspensión se hará mes a mes”, advirtió Álvarez Duarte.
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Entre tanto, ciudadanos consideran que las entidades del Estado deben dar ejemplo en el cumplimiento del pago de los servicios públicos, teniendo en cuenta que funcionan con recursos provenientes de los impuestos que aportan los colombianos.
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