La promesa de una paz total, que sea estable y duradera, sigue condenada a ser solo un anhelo. Hace 20 meses Gustavo Petro llegó a la Presidencia de la República ondeando con fuerza el discurso de una política de paz total que, hoy por hoy, no ha concretado y, en cambio, tambalea con pasos cada vez más preocupantes hacia el fracaso.

La violencia en las regiones es cada vez más crítica, así como la expansión y fortalecimiento de las organizaciones guerrilleras y las disidencias de las antiguas Farc. A Jhan Moreno, firmante de la paz y reincorporado, quien se ha convertido en líder de su comunidad en el Cauca, le preocupa que, en medio de la violencia y la acechanza de los grupos armados ilegales, quedan ellos, los firmantes que han cumplido.

“Somos aún más vulnerables por nuestra condición de desmovilizados”, alerta Jhan.

En efecto, según conoció este diario, los desmovilizados están en un escenario de angustia y zozobra. Por un lado, viendo cómo los proyectos productivos como sustento económico y que fueron ideados tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 están a punto de fracasar por mala planeación.

Por el otro, se enfrentan a los guiños del Estado Mayor Central (EMC) que hábilmente les invita a engrosar sus filas a cambio de salarios que pueden ir entre 2 y 10 millones de pesos. La variación depende de la experiencia criminal que tenga el exguerrillero.

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Los ofrecimientos de dinero son variados. La escala de valores está discriminada según el frente al que perteneció, el rango que haya alcanzado y las tareas o actividades a su cargo. A aquellos que llegaron a tener alguna especialidad en la guerrilla los motivan con que recibirán bonificaciones ocasionales si regresan a esa disidencia. Es el caso de los explosivistas y de quienes fueron cabecillas, por mencionar algunos cargos.

“Hay una oferta que ha debilitado a mucha gente, algunos compañeros se han abierto por la oferta, producto de los incumplimientos del Estado. Y eso hace que la situación sea crítica y se ganen a las personas con los ofrecimientos económicos para sostenerse. Les están ofreciendo de 2 a 10 millones de pesos mensuales de acuerdo con el rol que haya jugado el firmante durante su participación en el conflicto”, contó a El Colombiano Pastor Alape, exguerrillero de la desaparecida Farc y dirigente del Partido Comunes.

No hay certeza en la cifra. Ni Alape, tampoco Jhan o el Gobierno, precisan el número de desmovilizados que han vuelto a la insurgencia seducidos por mejores ingresos económicos.

Sin embargo, de lo que sí hay certeza es de la causa. Los firmantes, decididos aún en la reincorporación, apuntan a los incumplimientos y tardanza en la implementación de lo prometido, como los motivos del reverzaso.

“Cuando tú tienes una expectativa y fracasa, generalmente esa expectativa se convierte en una frustración. Y lo que pasó en el proceso de reincorporación es que existe una frustración colectiva frente al proceso, a la implementación, que solo se puede cambiar con dos cosas: tierra y vivienda; ligada a ellas, proyectos articulados con el sector productivo, que en este caso es el sector empresarial, y la institucionalidad. Porque hoy vemos una de las realidades y es que hay proyectos productivos muy buenos, económicamente, incluso productivamente, pero cuando van a la comercialización fracasan”, analizó Jhan.

Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 14.107 personas fueron acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tras la firma del Acuerdo Final de Paz. De ellas, al 31 de marzo pasado, 12.083 siguen en el proceso en las 124 zonas de reincorporación distribuidas en todo el país.

¿Y los otros 2.024? Resulta que, desde la firma de la paz, en septiembre de 2016, unos 400 firmantes fueron asesinados. Antes de precisar el restante, es importante poner reflector al análisis que hace Jhan sobre esos asesinatos.

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Según su lectura, casi todos ocurrieron lejos de las zonas de reincorporación lo que permitiría inferir que el proceso ha dejado de ser colectivo para volverse individual. De hecho, actualmente solo 1.899 desmovilizados viven en los espacios dispuestos por el Gobierno; 9.968 están por fuera y se desconoce el paradero de 216 exguerrilleros.

“De los más de 400 homicidios que existen frente al proceso de reincorporación solo cuatro o cinco casos han sido dentro de los espacios territoriales, máximo cuatro. Los restantes han sido en otras zonas o en los puntos de reincorporación que se han creado después de esa dispersión”, detalló Moreno, el desmovilizado que vive en el Cauca, donde se convirtió en un activo líder social.

Entonces, 14.107 dejaron las armas en 2016. A la fecha, 12.083 siguen su proceso de reincorporación. 400 han sido asesinados. De los otros 1.624 no se tiene claridad acerca de sus actividades. Algunos seguramente murieron por problemas de salud, afirma Jhan Moreno. Pero también figuran aquellos que volvieron a ser sometidos por las armas y la insurgencia.

Hay un hecho clave en el análisis de la denuncia sobre los pagos que les ofrecen a los desmovilizados. Para el Estado Mayor Central, liderado por ‘Iván Mordisco’, el temido jefe guerrillero que hizo parte de las Farc y se convirtió en disidente, es más fácil pagar buenos salarios para fortalecer sus filas con personas experimentadas en la guerra, que perder tiempo entrenando a nuevos jóvenes reclutados.

“Han ofrecido muchísimo dinero a la población en proceso de reincorporación para que se vincule, porque es que hay una cuestión que es muy importante y es que están pagando una mano de obra con experiencia y con entrenamiento, porque cuesta más entrenarlo y prepararlo y dar la experiencia que pagar por esa experiencia que ya está. Entonces, digamos que si tú equilibras beneficio-costo-beneficio, tener un firmante de paz nuevamente en una estructura armada con la experiencia que tiene, es mucho más rentable para cualquier estructura armada”, reconoció Jhan.

Los ofrecimientos se están haciendo en los departamentos del Cauca, Guaviare, Arauca, Putumayo y Norte de Santander, particularmente en la región del Catatumbo, mayoritariamente.

En el escenario están también los que son asesinados por rechazar la invitación a la ilegalidad, como le ocurrió a Julio César Guetoto Cayapú. Tenía 40 años cuando hombres armados llegaron a su casa y lo acribillaron a tiros. Había sido sentenciado porque rechazó la propuesta de unirse a las disidencias.

“Tenemos varios compañeros asesinados por no querer participar. Hay algunos hechos que se han presentado de violencia, incluso hace días hubo un retén guerrillero, nos pararon y nos quitaron las medidas de seguridad. Nos tuvieron ahí un rato hostigándonos. Entonces, digamos que estamos siendo objeto por todos los flancos y de alguna manera puedo decir que el problema de los reclutamientos no es tan visible como uno los quisiera ver para poder prevenirlos, pero en el caso nuestro no lo hemos presenciado de esa manera”, apuntó Moreno.

¿Y las fuentes de ingreso?

Los firmantes de la paz advierten que están frente al fracaso de los proyectos productivos. Al menos el 70 % estaría a punto de desaparecer porque no son sostenibles, según alertan algunos desmovilizados.

Su creación, hace siete años, no tuvo en cuenta factores importantes como la inflación anual y los cambios en la economía del país. Este escenario agudiza la crisis y lo que pareciera una bomba de tiempo para los reincorporados.

“Hoy más del 70% están en riesgo de fracaso por un factor mínimo y que no se tuvo en cuenta al momento de entregar los proyectos: la sostenibilidad del mismo a largo plazo. Esa sostenibilidad implicaba que se debía prever la tasa de inflación que presentaba el país o la economía cada año, que generalmente lo que se observa es que siempre oscila entre un 10 y un 11% para que de alguna manera puedan ser autosostenibles los proyectos. Eso no se tuvo en cuenta. Al no tenerse en cuenta eso y subir la inflación, nos encontramos que los costos de producción se incrementaron, pero el proyecto sigue siendo el mismo. Entonces, esa realidad la enfrentamos casi todos los proyectos de incorporación”, agrega Jhan Moreno.

Detalló además la realidad de sus proyectos y las contradicciones entre los valores plasmados en la planeación y los costos, siete años después.

“Nosotros tenemos un proyecto de cerdos que su infraestructura fue aprobada con un presupuesto de 742 millones de pesos, una obra con dos galpones, capacidad para una cantidad de cerdos y hoy nosotros al terminar la obra al 100 % nos dimos cuenta que la obra nos valió 2.700 millones de pesos y que lo que logramos con lo que nos dieron, que solamente representaba el 30 o 31% del valor real del proyecto en la obra, no contando la producción. Entonces, cuando tenemos que enfrentarnos a esa situación uno dice, ‘bueno tengo dos opciones, o construyo infraestructura y tengo que salir a buscar más plata para poder terminar de construir o hago proyectos que sean sostenibles productivamente que no tengan que ver con obra’”, detalló el firmante de paz.

En contraste a este panorama, la ARN asegura que el 94 % de los desmovilizados cuenta con renta básica y que en los últimos dos años se han desembolsado 230.343 millones de pesos.

Sobre los proyectos productivos el Gobierno confirmó que 5.874 fueron aprobados beneficiando a 10.926 reincorporados. Para los proyectos se han destinado 103.392 millones de pesos.

Precisó la Agencia que todas las personas en proceso de reincorporación tienen derecho por una única vez a un apoyo económico para emprender un proyecto.

“El problema es que estamos tratando de hacer un proceso de reincorporación económica con una mirada que está lejos de entender la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Estamos tratando de construir empresas con personal que no es empresarial y con asesoría de quienes no conocen del sistema empresarial. No está el sector empresarial productivo del país involucrado en el proceso de reincorporación, que son quienes en realidad pueden decirnos, mire, cuidado que van a fracasar en este escenario, o van a ser sostenibles en este espacio”, dijo.

Añade que “la asesoría del Gobierno en términos de sostenibilidad empresarial a largo plazo, no la ofrecen los empresarios, lo están dando personas que quizás tienen una formación en administración o una formación agropecuaria, pero en una formación empresarial, una formación práctica de cómo debe operar una empresa porque no son empresarios”, explicó Jhan Moreno.

La expansión del EMC

Hoy por hoy, el Estado Mayor Central, la disidencia más grande conformada tras la firma de la paz, con cuyos delegados el Gobierno avanza en conversaciones de paz, tiene presencia en 234 municipios y 19 departamentos. Tiene 22 frentes con más de 4.000 hombres y mujeres alzados en armas.

Estos criminales se mueven estratégicamente por el sur, oriente, occidente y el norte de la Orinoquía colombiana. Este último en la frontera con Venezuela les facilita, en caso de verse acorralados, huir hacia el estado Apure del vecino país.

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Sobre todo, tienen mayor control y presencia en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía. Aunque también están en otros como Amazonas, Putumayo, Casanare, Arauca y Norte de Santander.

Recientemente intensificaron su asedio en el Cauca con acciones terroristas a diestra y siniestra. Someten a la comunidad, reclutan, extorsionan y asesinan. Allí, además, se han encontrado con una guardia indígena que se resiste al sometimiento y que lucha por mantener su autonomía en el territorio.

Están además los desmovilizados que, como Jhan, procuran mantenerse lejos del conflicto armado y, a pesar de las adversidades, proseguir en medio con su proceso de paz.

“El Cauca en este momento tiene una situación muy complicada. Yo llevo siete años acá y creo que en estos últimos días se ha sentido mucho más fuerte la violencia, aunque a finales del año pasado fueron bastante pesados por los carros bombas. Estamos viendo en estos momentos una disputa por mostrar poder militar en el departamento del Cauca de todos los actores y al pasar ese tipo de cosas, pues hay un actor que está en el medio, que no solamente es la población, que somos nosotros. Puedo dar fe de que los últimos meses en el departamento del Cauca han sido demasiado complicados”, cuenta el líder social.

¿Qué dice el Gobierno?

El Colombiano consultó fuentes del Gobierno Nacional para precisar acerca de los ofrecimientos millonarios de los grupos criminales a los desmovilizados.

La Agencia para la Reincorporación (ARN) entregó detalladamente el estado actual, en cifras, de la reincorporación. Sin embargo, se abstuvieron de responder acerca de la denuncia al no tener competencia. Mientras tanto, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz advirtió que no podía emitir pronunciamientos respecto a denuncias relacionadas con grupos armados ilegales con los que el Gobierno se encuentra en conversaciones de paz.

Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no entregó respuesta a este diario.

Por ahora, la comunidad desmovilizada sigue esperanzada en que haya, más temprano que tarde, cumplimiento a la implementación, mientras esquivan propuestas ilegales y resisten con su trabajo en el campo, aunque, según la Fundación Ideas para la paz, son rechazados por el 87% de sus vecinos.

“De verdad creemos en la paz, creemos en el Gobierno y en lo que puede hacer por nosotros, hay incumplimientos, sí, es cierto, pero sabíamos que no iba a ser fácil. Ahora nos hemos dispersado, pero los que seguimos lo estamos haciendo bien y de la mano del Gobierno, apegados a los acuerdos”, concluyó Pastor Alape, exmiembro del desaparecido Secretariado de las Farc.

La reincorporación sigue

Ayer domingo fue entregada la primera ciudadela para desmovilizados en la vereda Santa Rosa del municipio de Caldono, Cauca. 140 familias se beneficiaron del proyecto de vivienda contemplado en el Acuerdo de Paz. El proyecto inició en el pasado Gobierno y concluyó en la actual vigencia, con ajustes y mejoras. El terreno en el que se construyó la ciudadela pertenecía a una comunidad indígena. Sin embargo, tras un acuerdo, las tierras fueron compradas y dispuestas para el proyecto de reincorporación. Contará con una escuela, punto de atención a salud, sede social, parque y seguirá sujeta a mejoramientos. Esta es la primera ciudadela para firmantes de la paz en el departamento de Cauca. Aunque se trata de un pequeño grupo, se constituye en un gran logro en medio de un proceso con incumplimientos.

Con información de El Colombiano*

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