Comerciantes que llevaban más de 15 años desempeñando acciones comerciales en algunas aceras y calles del centro de San Cristóbal (Venezuela) están siendo desalojados por la Alcaldía de San Cristóbal.
Por este motivo, más de 100 trabajadores del comercio informal ejercieron acciones de protesta exigiendo al mandatario local que les respete el derecho al trabajo consagrado en la Constitución de Venezuela.
Estas acciones tomadas por la municipalidad de la capital tachirense forman parte de un plan de reordenamiento de la ciudad que lleva a cabo la Alcaldía, el cual fue anunciado meses atrás.
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Sin embargo, gran parte de los comerciantes afectados con la medida son personas de edad avanzada que no tienen oportunidad de empleo, tanto por su edad como por la falta de fuentes de empleo formal con sueldos justos en la región fronteriza de Venezuela. Por ello recurren a la ‘buhonería’ (ventas informales en las calles) como medio de supervivencia en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
Un testimonio
Juan de Dios Barbosa, de 62 años, quien tiene 17 años vendiendo helados en el centro de San Cristóbal a los alrededores de la plaza Bolívar, conocido como el popular “barquillero”, manifestó que lo están sacando de su puesto de trabajo pese a haber pagado un impuesto a la municipalidad de 289.000 pesos colombianos.
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“Por favor, señor alcalde, queremos que nos deje trabajar, yo soy una persona de la tercera edad, yo no tengo otro sustento de trabajo, yo con esta no puedo trabajar en ninguna empresa”, indicó Barbosa.
Edison Manzano, secretario de la Organización del Sindicato Único de Vendedores Ambulantes, Similares y Conexos del Estado Táchira (Suvaceta), solicitó al alcalde que por favor escuche la petición que tienen todas las familias de la economía informal, ya que no han tenido respuesta para una posible reubicación, aunque dejó claro que no están en contra del reordenamiento, pero expresó que es necesaria una solución.
No obstante, aseguró que han agotado las opciones diplomáticas, dirigiendo cartas sin ninguna respuesta positiva. Por tal razón, van a ir hasta las últimas consecuencias, puesto que a su juicio tienen el derecho a trabajar como cualquier persona.
Anggy Polanco / Corresponsalía La Opinión
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