Los diálogos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN están al borde del fracaso y en fase crítica. Este fin de semana finalizó el cese el fuego bilateral que desde hace más de un año tenía efecto y los insurgentes condicionaron su prórroga.

Aunque parecía que desde las dos partes había una voluntad para continuar el cese al fuego bilateral, el anuncio -que debía darse a más tardar a la medianoche del pasado 3 de agosto- no llegó.

Desde el Gobierno Nacional, el equipo negociador estaba buscando una “extensión técnica” de esta medida, voluntad que fue manifestada por el senador Iván Cepeda y la jefe negociadora Vera Grabe.

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Sin embargo, otro es el sentir de los insurgentes. A través de un comunicado condicionaron los diálogos y su continuidad dependerá de que sean sacados de la lista de Grupos Armados Organizados (GAOs) y que se les reconozca su carácter político.

La presión al Gobierno por parte de los guerrilleros no es menor. Esa mesa de diálogos se enmarcó en la política de Paz Total del presidente, Gustavo Petro y su fracaso constituiría en un golpe con impacto internacional para el mandatario. Sobre todo porque, aunque está suspendida desde hace seis meses, era la negociación más avanzada en el camino a la paz.

Coyuntura en Venezuela

La terminación del cese al fuego y el anuncio de condicionar la prórroga ocurrió el mismo sábado cuando en Venezuela se llevaba a cabo la multitudinaria marcha en contra de la reelección del presidente, Nicolás Maduro. El desarrollo a la crisis política en el territorio del vecino país tendría una eventual repercusión en las estrategias de la Paz Total de Petro. Lo anterior, partiendo del hecho de que Venezuela históricamente ha participado como mediador y sede de los procesos con diversos actores armados.

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Paz Total y crisis en Venezuela

Colombia y Venezuela comparten 2.200 kilómetros de frontera y –entre varios de los problemas– los pobladores de esa zona han tenido que lidiar con la presencia de los grupos armados ilegales que se pasean por el territorio binacional.

La guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC se han adueñado de parte del territorio venezolano. La falta de control en la zona permite que los ilegales puedan sentirse seguros –y poco perseguidos– al otro lado de la frontera.

No en vano, desde Caracas siempre han levantado la mano para tratar de mediar en la resolución del conflicto armado en Colombia. Lo hicieron durante los diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1990. Después –cuando el chavismo ya estaba en el poder– mediaron para la liberación de los secuestrados por las guerrillas y fueron país garante en el Acuerdo de Paz que terminó con el desarme de la guerrilla de las FARC.

“A Colombia la hemos ayudado en silencio a hacer la paz. Lo hacemos con el presidente Gustavo Petro y lo hicimos con los expresidentes Juan Manuel Santos y (Álvaro) Uribe”, dijo Nicolás Maduro, el mandatario venezolano que carga sobre sus espaldas la presión internacional por su aparente robo de los comicios presidenciales.

La agitación social y la posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela podrían darle un giro a las dinámicas de diálogo con los ilegales colombianos que operan en territorio del vecino país.

El diálogo con el ELN

El proceso de paz con el ELN atraviesa una de sus peores crisis desde que comenzó el diálogo en octubre de 2022. La mesa está congelada desde el 11 de abril y las amenazas de una reanudación de confrontación son cada vez más latentes.

La última vez que la delegación guerrillera y del Gobierno tuvieron un cara a cara fue en mayo pasado, precisamente en Caracas (Venezuela), cuando se reunieron para firmar el primer punto de la agenda: la participación de la sociedad en la construcción de paz. Desde entonces la comunicación está rota.

“El proceso electoral en Venezuela también tiene un impacto sobre la mesa. Es claro que el ELN tiene cerca de la mitad de sus estructuras operando en ese país y un posible cambio de régimen político sería un factor para la guerrila en la decision de mantener o no su voluntad de paz”, señaló Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA en diálogo con EL COLOMBIANO. Es que una eventual salida del régimen de Maduro supondría el corte de un chorro económico para los elenos. Ellos tiene presencia en los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. El portal especializado Insight Crime ya ha revelado que esa guerrilla tiene complacencia de algunos dirigentes venezolanos que, incluso, le han entregado el control de algunas minas de oro artesanal.

“El régimen de Maduro está cimentado en un sistema de gobernanza híbrida, en el cual redes de crimen organizado reparten rentas ilícitas con funcionarios de alto nivel. al mismo tiempo que ejercen control social y territorial en sus áreas de influencia. A cambio, las estructuras criminales reciben salvoconductos y, en algunos casos, son respaldados por fuerzas del Estado en sus operaciones”, señaló Insight Crime en su informe sobre la consolidación criminal en Venezuela.

Con la eventual salida de Maduro, el ELN perdería capacidad económica y tendría que alistarse para una confrontación con la nueva comandancia del Ejército venezolano. En Colombia esa guerrilla ya pelea con el Estado colombiano, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Antonio García, máximo comandante del ELN, decidió jugársela por la espera. Ha impartido maniobras para tratar de dilatar el reinicio de los diálogos. Mientras la Oficina del Consejero Comisionado de Paz insiste en tener apertura para negociar, desde esa guerrilla han lanzado acusaciones para tratar de “enfriar” el proceso.

“¿Qué garantía de seriedad merece un Gobierno que no cumple lo que acuerda?, ¿qué sentido tiene que desde el Gobierno llamen al ELN a firmar nuevos acuerdos, si no cumplen los anteriores?”, dijo la delegación de la guerrilla el pasado 26 de julio.

En el marco de la paz total, el diálogo con el ELN es la conversación más sólida: se alcanzó la firma un acuerdo, se mantuvo el cese al fuego por más de un año y los guerrilleros siguen abiertos al diálogo después de dos años, cifra histórica en el intento de negociar con ese grupo. Por ahora, las posibilidades de retomar diálogos en Venezuela parecen complicadas.

“Ahora políticamente debe evacuarse el tema electoral en Venezuela. La postura que tome Colombia, en clave de la diplomacia, también marcará la senda de la contribución de ese país en la política de paz total”, señaló Francisco Javier Daza, coordinador Paz y Posconflicto de la Fundación Pares en conversación con este diario.

Después de que ocurra el escrutinio en Venezuela–que la comunidad internacional ha pedido que sea público y con veeduría internacional– al presidente Gustavo Petro le tocaría entrar a dialogar con el nuevo mandatario de los venezolanos para buscar articularlo como facilitador de los procesos de paz en Colombia.

La reelección de Maduro, por la vía legal, implicaría una continuidad en el espaldarazo de Venezuela a los procesos de paz de Colombia.

Con una eventual llegada al poder de Edmundo González, el candidato opositor, el respaldo a la política de paz de Colombia dependerá del fortalecimiento de las relaciones del Gobierno Petro con ese posible mandatario y del nivel de prioridad que entregue el nuevo poder de Venezuela a facilitar los proceso de paz de Colombia.

Unión Europea no reconoce triunfo de Maduro

Mientras el Gobierno colombiano busca la continuidad a los diálogos en medio de la crisis, en Venezuela no para el remolino político. El presidente de ese país, Nicolás Maduro recibe a diario los reclamos de los ciudadanos y la presión de la comunidad internacional que le pide legalidad y transparencia. Este domingo, la Unión Europea informó que el triunfo de Maduro “no puede ser reconocido”.

“A falta de pruebas que los respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el Consejo Nacional Electoral no pueden reconocerse”, indicó el Consejo de la Unión Europea en un comunicado, que pidió una “verificación independiente”.

Adicionalmente, millones de ciudadanos salieron a la calle el sábado pasado tras una convocatoria de la líder de la oposición, María Corina Machado. Los ciudadanos reclaman que sea reconocido el triunfo del candidato, Edmundo González y piden la renuncia de Maduro a quien, un cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE), le entregó la victoria tras las presidenciales del pasado 28 de julio. Como era de esperarse la manifestación fue liderada por Machado. “No nos van a quitar lo que ya ganamos, no tenemos miedo”: gritaba la mujer desde un camión, vestida de blanco, acompañada por otros miembros de la oposición. Una vez finalizó la jornada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la detención “arbitraria” de manifestantes.

“La CIDH condena la detención arbitraria de manifestantes en Venezuela durante las jornadas de protesta masivas, incluyendo las de este sábado en el marco de la crisis postelectoral”, escribió la organización en su cuenta en la red social X. La CIDH menciona “en especial” a los activistas de Derechos Humanos Kennedy Tejeda y Freddy Ferrer.

Con el paso de los días, se siguen sumando los países que rechazan el posible fraude en las elecciones y reclaman la publicación del 100% de las actas para el reconteo de votos. A lo que Maduro se ha negado, mientras se esconde en el Palacio de Miraflores. Desde allí ha hecho reiterados ataques a las fuerzas de la oposición en su país. A Machado y a González ha calificado de terroristas quienes, según dice, deben ir presos. A propósito de eso, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en la que aclara que no existen órdenes de detención ni contra Machado, ni contra González Urrutia.

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