Periodistas, defensores de Derechos Humanos, miembros de mesa designados por el CNE, testigos de los partidos políticos de oposición en los centros de votación o quienes han salido a protestar para exigir transparencia en los resultados de las elecciones del 28 de julio, son objeto de represión, detenciones, persecuciones o amenazas en ciudades de Venezuela.

Hasta el 16 de agosto, la organización venezolana Foro Penal registraba en su balance 1.406 detenciones (55 liberados) postelectoral (desde el 29 de julio), entre las cuales hay 117 adolescentes, 14 indígenas, 17 personas con discapacidad y 185 mujeres. Sin embargo, el propio presidente Nicolás Maduro sostiene que son más de 2.200 las personas presas en el vecino país, a quienes califica de “terroristas”.

“En una de las protestas un hombre vestido de civil empezó a tomarme fotos, con una cámara profesional, del rostro y del carné de identificación del medio de comunicación para el cual trabajo. Pero no fue solo a mí, porque a otro grupo de colegas le hicieron lo mismo”, relata una periodista venezolana, radicada en un estado occidental y quien confiesa que tras esta clase de hostigamiento prefirió “bajarle dos”, y resguardarse y no salir a cubrir las convocatorias hechas por los partidos de oposición en su ciudad.

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“Tengo mis hijos y una familia que me necesita libre, no presa, pero no es solo eso, es que si llegara a caer presa durante este régimen no tendría el derecho a la libre defensa, porque los abogados de los detenidos no pueden actuar y hacer nada, porque la justicia venezolana no se lo está permitiendo”, advierte.

Esto constituye un atropello al derecho de la legítima defensa, consagrado en la Constitución en los artículos 26 y 27, que rezan: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”.

El 12 de agosto, el abogado de Foro Penal, Miguel Ángel Forero, publicó una denuncia en un video a través de su red social X, en donde explicaba que intentó introducir un recurso de amparo constitucional en los tribunales a favor del ciudadano Fernando Feo, detenido por la crisis poselectoral que atraviesa Venezuela, pero nunca le recibieron el recurso.

“Hoy es 12 de agosto y son las 5:15 de la tarde y estoy desde la 1:30 de la tarde y no me quieren recibir el amparo”, dice.

Cuenta el abogado defensor que ni familiares ni él, hasta esa fecha, habían podido verificar el estado de salud en el cual se encontraba Fernando.

Sobre este escenario, Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica que en el caso de la Revolución Bolivariana la ecuación ha sido a menor legitimidad mayor represión.

“A lo largo de estos 25 años han perdido la legitimidad electoral y han ido aumentando las lógicas de represión, incluso, en una comparativa en la medida en que Chávez perdió legitimidad electoral iba ganando la dinámica de represión.

En 2007, cuando empiezan a reprimir a los muchachos que protestaban contra el cierre de RCTV y la reforma constitucional ya se empezaba a dar parte de ello; pero va a ser durante el gobierno de Maduro que cada vez que se pierde capacidad de atraer al electorado prefieren la fórmula de aplicar más represión”, afirma.

Rodríguez detalla que en el caso de Maduro ha comenzado a implementar nuevas herramientas de represión “particularmente en este caso hay que señalar la persecución selectiva que se está haciendo a defensores de Derechos Humanos, a periodistas, a los líderes políticos de base y académicos.

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Y esta es una persecución que se extiende no solamente a ellos, sino a sus núcleos familiares, lo que quiere decir que no únicamente se quiere callar al individuo sino a aquellos que pertenecen a su círculo familiar, a su grupo de amigos, lo cual demuestra que la dinámica está siendo cada vez más fuerte y que el régimen ha decidido decantarse por el mantenimiento en el poder a partir del temor y la violencia”.

El investigador también precisa que ha medida que crece la implementación de estas herramientas represivas también se cierra los espacios de salida o a una eventual negociación para Maduro y su círculo cercano. Rodríguez destaca la necesidad, sobre todo, por el lado de la Corte Penal Internacional de que se haga un seguimiento a las acciones que implementa el régimen.

A principios de esta semana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que estaban preocupados por la cantidad de detenciones y el uso desproporcionado de la fuerza, generando un clima de miedo entre los venezolanos.

“Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El Derecho Penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación,” asegura.

Escenas de dolor Las familias de los detenidos, cuando comenzaron los arrestos, vivieron momentos de angustia y zozobra, porque no les informaron –inicialmente- las causas de las detenciones ni mostraron órdenes de detención, solo fueron presos y ya.

Los seres queridos de los detenidos contaron, a las afueras de los centros de arrestos preventivos de la policía venezolana, que el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de las fuerzas públicas, habían puesto en marcha la Operación Tun Tun, a través de la cual los cuerpos policiales llegan a las casas tocan a las puertas y si no abren ingresan a la fuerza.

Como resultado de esta estrategia arrestan y hacen allanamientos sin orden de algún tribunal. “Llegaron los funcionarios y entraron apartamento por apartamento dándole cachazos a las puertas para que abrieran las personas, llegaron hasta el último piso, y el apartamento es de 4 pisos.

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Inclusive a una muchacha que vive arriba del apartamento de nosotros le revisaron toda la casa y se llevaron 1.800 dólares que tenía en una gaveta”, cuenta un familiar de uno de los detenidos en Caracas, quien no dio su nombre por miedo.

“Le sembraron 11 camisas, dos gorras y todo lo que aparece en la foto donde lo están incriminando. Las autoridades le dicen que se culpe de todo, y él dice que prefiere que lo maten porque él no va asumir una culpa por algo que no hizo, solo por salir a defender su voto”, dijo Rossana Avilet, pariente.

Carmen Morillo, madre de Victoria, una joven de 16 años, estudiante del quinto año de bachillerato y miembro de la orquesta sinfónica, detenida arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones poselectorales en Venezuela, pide que su hija sea liberada.

“Me gustaría que mi hija Victoria regresara a casa. Ella salió a caminar con sus primas el 29 de julio de 2024, está recluida en un centro para menores, no la he podido ver desde ese día. Liberen a Victoria, la quiero en casa”.

Stefania Migliorini, coordinadora jurídica de Foro Penal en Caracas, organización que brinda asesoría jurídica gratuita, denuncia que los detenidos no han podido acceder a la legítima defensa de los presos, incluso los abogados privados tampoco.

“No nos han dejado ingresar para conversar con los presos ni para las audiencias preliminares. (Los detenidos) son personas que estaban protestando en la marcha, personas que iban camino a su casa o personas que iban hacia su lugar de trabajo, incluso hay personas que ni siquiera estaban protestando ni en las marchas”, denuncia.

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Sobre las causas de las detenciones, la versión del presidente Maduro es que los cargos contra estas personas eran incitación al odio y terrorismo y están siendo trasladadas hasta cárceles de máxima seguridad, como Yare y Tocorón. Marilú Landaeta, familiar de dos detenidos, cuenta que ellos participaron en la marcha y ya se venían para la casa y pasaron por una calle donde “había unos guardias, ellos venían hacia donde estaban los guardias confiados porque no venían haciendo nada malo.

Pedimos que los liberen, cada quien tiene un derecho y si estamos en una democracia ellos podían ir a marchar”. El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, explica que hasta el 15 de agosto había 185 mujeres detenidas. “La mayoría de ellas siguen privadas de libertad y han liberado pero a muy pocas”.

Enfatiza que la mayor preocupación es que no saben en qué condiciones están porque se ha impedido el acceso hacia ellas, porque “parece una instrucción no permitir que haya abogados distintos a los defensores públicos”. Además, dice que en Mérida hay denuncias sobre mujeres sometidas a algunas formas de abuso; sin embargo, ha sido imposible corroborar la información o desmentirla.

El representante de Foro Penal explica que las detenciones han continuado y han involucrado todos los cuerpos de seguridad, y se les han imputado el “catálogo de delitos” que el Ministerio Público ha imputado para los detenidos en las protestas.

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