De los 521 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados entre 2017 y el 18 de julio de 2026, el 67% murió en municipios donde había alertas tempranas vigentes que advertían riesgos para esta población, según la información presentada por la Defensora del Pueblo, Iris Marín, durante la audiencia nacional de seguimiento a las medidas cautelares de protección para los firmantes del Acuerdo Final de Paz.
De acuerdo con la información entregada por Marín, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría registraba, al 28 de octubre de 2026, 120 alertas vigentes en el país. De ellas, 75 advertían expresamente sobre riesgos para la seguridad individual y colectiva de los firmantes, sus familias y sus formas organizativas.
Las amenazas incluyen homicidios selectivos, desplazamientos, desapariciones, reclutamiento forzado, restricciones a la movilidad, extorsiones y presiones sobre proyectos productivos, relacionadas principalmente con disputas territoriales y el control de economías ilegales.
De los 38 informes de seguimiento elaborados por la Defensoría sobre dichas alertas, 30 registraron un cumplimiento bajo, siete un cumplimiento medio y uno un cumplimiento parcial. No hubo ninguno con una valoración de cumplimiento alto. Además, 19 alertas mostraban un agravamiento de los riesgos.
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La entidad identificó los territorios donde se presentan dificultades para activar mecanismos de prevención y protección de emergencia, siendo Nortede Santander, particularmente en el Catatumbo; Cauca, Antioquia, Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá y Nariño, las zonas con los índices más altos de amenazas, asesinatos, desplazamientos y restricciones a la movilidad.
Asimismo, advirtió que los avances en la adopción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) son desiguales. En algunos lugares se ha formalizado, pero en otros las medidas aprobadas no se han convertido en acciones concretas para prevenir ataques y proteger a la población.
De acuerdo con la información presentada por la entidad, durante 2026 había cerca de 15.266 millones de pesos de recursos disponibles para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) que no estaban listos para ser ejecutados y alrededor de 53.000 millones de pesos congelados.
Además, para 2027, el proyecto de Presupuesto General de la Nación contempla una reducción del 79,1% en los recursos de inversión de la ARN, con lo cual, según la Defensoría, se vería comprometidos proyectos productivos, vivienda, consolidación de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), acompañamiento en los territorios y los apoyos para trasladar a personas expuestas a riesgos extraordinarios.
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Ante estos hallazgos, Marín planteó fortalecer los tiempos de respuesta de la Unidad Nacional de Protección, y actualizar los estudios de riesgo.
También pidió priorizar los territorios donde ya se han materializado homicidios, amenazas y desplazamientos, y verificar si las decisiones adoptadas han servido para reducir los riesgos.
La entidad recomendó impulsar la implementación territorial del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, mejorar el seguimiento a los compromisos de las instancias tripartitas y establecer responsables, plazos y resultados verificables para cada medida.
"Mientras en muchos escenarios, inclusive servidores y servidoras públicas, afirmen que las FARC no dejaron las armas, que los grupos criminales de hoy son las mismas Farc que firmaron el acuerdo en 2016, la estigmatización y los riesgos de seguridad no cesarán sobre los firmantes", sostuvo.
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