El presidente Gustavo Petro dio el discurso más conflictivo hasta ahora poniendo en riesgo la seguridad de periodistas y medios a quienes ha acusado de querer tumbarlo durante dos semanas.

En uno de los discursos más violentos y peligrosos que ha tenido el presidente Gustavo Petro hasta ahora, este jueves dijo sin presentar ninguna prueba que hay un supuesto plan para “matarlo o sacarlo del poder en los próximos tres meses”.

Durante septiembre Petro se ha mostrado preocupado e indignado por la investigación que el Consejo Nacional Electoral adelanta contra su campaña y que podría terminar en un juicio político en la Cámara de Representantes.

El Consejo de Estado, luego de una decisión vinculante de su Sala de Consulta, ratificó la autoridad del CNE para realizar la investigación. Esto podría terminar en una formulación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y contra el propio mandatario.

Si el CNE concluye que hubo violación de los topes, el Congreso tendría que votar una posible destitución del cargo, algo muy lejano y que no ha pasado nunca en Colombia, ni siquiera en el Gobierno Samper tras las revelaciones de los narco casetes en el proceso 8.000.Petro ya había hablado de un supuesto plan para asesinarlo pero en ese momento puso la responsabilidad en las disidencias de Iván Mordisco y se refirió a un grupo llamado La Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (NJDN).

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El mandatario justificó una llegada tarde a un desfile militar el pasado 20 de julio en una supuesta información de la embajada de Estados Unidos en Colombia sobre el plan. Sin embargo, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol publicó un informe en el que se expone que tal plan, junto a un supuesto atentado contra la Corte Suprema que se iba a planear en Bogotá, haría parte de una estrategia de narcotraficantes detenidos en Estados Unidos para recibir beneficios penales a cambio de entregar información que podría terminar siendo falsa.

Petro hizo una afirmación tras otra cada una con un nivel de gravedad alarmante. Dijo que en el supuesto plan para “asesinarlo o tumbarlo” la estrategia sería que Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, lo sucediera en el cargo. Luego hizo una comparación inexplicable sobre la violencia y los asesinatos a periodistas en uno de los países más difíciles para ejercer la profesión por la cantidad de actores armados que operan en todas las regiones. “No matan al periodista arrodillado. No matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital que son sus patronos.

No. Matan al que critica, al que devela la desnudez del poder, porque encuentra cómo a nosotros nos gobiernan desde las mafias del narcotráfico”, aseveró, paradójicamente, frente a un grupo de periodistas alternativos. El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, apenas lo miró extrañado y siguió el aplauso del público evidentemente incómodo.

Esa afirmación tiene varios problemas. Primero, es cuestionable que el mandatario haga una comparación en la interpretación. Parece indicar que la violencia contra unos periodistas para él sería menos grave o más meritoria. Pero, de otro lado, el presidente argumenta que los periodistas asesinados son los que descubren “cómo nos gobiernan las mafias del narcotráfico”, como si no se tratara de su Gobierno y su administración, sino de otra lejana.

Petro acaba de firmar un compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el respeto a la libertad de prensa por parte de funcionarios. Pero agosto y septiembre han sido los meses de más ataques violentos en su discurso contra medios y periodistas críticos a los que ha graduado de enemigos con acusaciones graves y sin pruebas.

La semana pasada y el fin de semana en su andanada contra el Consejo Nacional Electoral, culpó a los medios de estar detrás del supuesto golpe de Estado, los llamó hegemónicos, corporativos ideologizados y de los periodistas dijo de forma reiterada que son proclives a los intereses del capital de “la oligarquía”.

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Como lo explicó este diario en un artículo previo, ese discurso tuvo eco desde las plataformas de RTVC y las redes de programas internacionales como uno que dirige el exdiputado español Pablo Iglesias.

Allí el analista y presentador del medio público, Mauricio Jaramillo, dijo de nuevo que los medios estaban en una campaña de desinformación para darle un golpe a Petro. Todo esto parecería tener conexión con la investigación del CNE, que todavía no ha tenido ningún desarrollo más allá de la ratificación de la autoridad proferida para investigar por parte del Consejo de Estado.

Varios medios han revelado detalles de los capítulos de los documentos que van desde el pago a testigos electorales, pasando por los vuelos en los aviones de la Sociedad Aérea de Ibagué, hasta una factura de pauta aparentemente no reportada de Caracol Televisión.

La ley establece que hay consecuencias penales para el gerente de una campaña que haya violado los topes de gastos y administrativas para el presidente, a quien se le mantiene su fuero, por eso el Congreso tendría que tomar la decisión. La investigación finaliza en julio de 2025 pero el presidente se ha mostrado molesto y vehemente por el avance del expediente. Y de contar el desarrollo de la historia culpa a los medios de comunicación con expresiones peligrosas.

En las últimas semanas, Petro dijo que había mujeres periodistas “muñecas de la mafia” y ahora lanzó estos señalamientos en su último discurso. Varios sectores de periodistas y políticos mostraron su preocupación por la que es hasta ahora la intervención más dura y errática del jefe de Estado. Algunos en redes también dijeron estar alertas por posibles consecuencias de hechos violentos hacia medios de comunicación, tras las palabras del presidente.

De fondo hay otra discusión jurídica. Al mismo tiempo que el presidente terminaba su discurso violento contra la prensa, reprodujo la alocución del evento en el que firmó la cuestionada directriz para proteger a la prensa junto a la CIDH. Allí dijo algo que es abiertamente falso. Petro aseguró que en Colombia se modificó la forma en la que se investiga y se juzga al presidente. Eso no ha pasado. En Colombia, de acuerdo con las funciones constitucionales del Consejo Nacional Electoral, es esta la institución que está llamada a investigar los reportes de las cuentas y las violaciones a los topes. La ley establece que si se violaron dichos límites hay consecuencias penales para los gerentes de las campañas y administrativas para el presidente, que no decide el CNE, sino el Congreso a través de un mecanismo de juicio político que debe ser votado por la plenaria.

Esa estructura no es actual, sino de la Constitución del 91. En esa línea el propio Consejo de Estado decidió la semana pasada que el CNE tiene toda la autoridad para investigar la campaña en una demanda por conflicto de competencias. Petro dijo que esa decisión de la Sala de Consulta no era vinculante, pero el presidente de la alta Corte salió a medios y explicó con jurisprudencia en mano que sí se trata de una definición vinculante para las partes.

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Sobre la investigación del CNE puede haber varios cuestionamientos. Por ejemplo, que uno de los magistrados investigadores es Álvaro Hernán Prada que tiene un origen político -igual que todos los magistrados- en su caso del Centro Democrático y está siendo investigado al mismo tiempo por la Corte Suprema en el caso del fraude procesal y soborno a testigos en el que está en juicio el expresidente Álvaro Uribe.

Eso tiene sentido pero para pedirle a Prada que se declare impedido también habría que pedírselo a magistradas que han demostrado ser progobierno antes como Fabiola Márquez o Alba Velásquez y que tienen el mismo poder de voto que Prada. Esa es una de las fallas del origen del CNE pero no es así desde el 07 de agosto de 2022. Todos los gobiernos han jugado con esa fórmula en las investigaciones sobre las campañas que hasta ahora en su enorme mayoría han sido archivadas, incluyendo la de Odebrecht en el Gobierno Santos o la del Ñeñe Hernández en el Gobierno Duque.

La forma en la que se investigan las campañas y al presidente no ha sido cambiada y para eso se necesitaría un proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución. Lo que todo esto demuestra es que el presidente está preocupado por los efectos dela investigación del CNE, aún cuando tendría por lo menos cuatro votos a su favor y el caso tendría que terminar en un conjuez. En esa preocupación el mandatario habla de la conspiración sin entregar pruebas sobre el supuesto plan de magnicidio. La pregunta es hasta qué punto el presidente va a llevar la estabilidad del país a riesgo entendiendo que su figura es representativa de un buen número de personas; sus votos sobrepasaron los 12 millones en la segunda vuelta que lo hizo ganador de la Casa de Nariño, y en esos discursos ha llamado de manera reiterada a sus bases a salir a las calles.

En conclusión, Petro puso el escenario de más tensión en sus dos años de discursos vehementes y el blanco más definido de sus palabras siguen siendo los medios.

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