El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó los avances preliminares de la auditoría interna sobre la contratación de la vigencia 2026, durante el gobierno pasado. Se han revisado 811 contratos por un valor global cercano a los $92.846 millones.
Entre los principales hallazgos, la entidad identificó 551 contratos con funciones repetidas o altamente similares, destacándose 367 casos con objetos contractuales exactamente idénticos pero con diferencias tarifarias atípicas, donde los montos fijados variaban hasta cuatro veces entre sí.
Asimismo, la revisión documental detectó inconsistencias en los plazos de ejecución, incluyendo un contrato suscrito por $2.839 millones para ejecutarse en solo dos días, y otro registrado por $0 con vigencia hasta el año 2028.
El informe también evidenció una marcada concentración de procesos en las semanas previas a las restricciones electorales. Un total de 227 contratos —equivalentes al 28,1% de toda la contratación anual— fueron firmados el 30 de enero de 2026, un día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, sumando $21.137 millones.
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Además, el 53,4% de los compromisos del año se concentró en vísperas de la norma restrictiva, al tiempo que 101 convenios se suscribieron durante fines de semana.
Según el análisis, el 99,6% del total auditado fue adjudicado mediante la modalidad de contratación directa, sin la realización de procesos competitivos de selección. "Si bien esta es una opción legal de contratación bajo determinadas causales, la entidad concentra un elevado y atípico porcentaje de procesos bajo esta modalidad", explicó la entidad.
En un expediente complementario, la Cancillería remitió a la Contraloría General de la República las observaciones sobre otros 19 contratos que comprometen un valor aproximado de $100.164 millones, para que el órgano de control determine si existen afectaciones al erario.
Paralelamente, la investigación interna reveló que se crearon 618 nuevos cargos en la planta de personal sin contar con el estudio técnico ni el respaldo presupuestal exigido, al tiempo que se evalúan 40 terminaciones de contratos de prestación de servicios por presuntas anomalias en su trámite.
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