La controversia por los presuntos contratos entregados a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro llegó este jueves a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados recibieron a los abogados de las partes y aportaron elementos de prueba ante el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado.

Alejandro Carranza, defensor del expresidente Gustavo Petro y de la exsenadora María José Pizarro, calificó las acusaciones como un montaje y aseguró que no existen pruebas que demuestren que los contratos estatales se entregaron a cambio de favores sexuales.

“No existieron los contratos, jamás, y lo vamos a probar. Vamos a defender la inocencia de Petro y a demostrar la profunda equivocación o el montaje que se está orquestando”, dijo Carranza al llegar a la diligencia.

En contraste, Felipe Caballero, abogado de Deicy Jiménez, la mujer que habló de los supuestos contratos, rechazó esa versión y defendió la credibilidad de su representada. Aseguró que ratificará sus declaraciones y entregará evidencias para respaldar los hechos denunciados. También anticipó que en el caso podrían aparecer otros funcionarios o exfuncionarios con fuero constitucional, aunque no precisó sus identidades.

Lea aquí: Presentan proyecto para mejorar atención de víctimas de violencia de género

“Sé que hay otros nombres que el país va a ir conociendo y yo estoy completamente seguro de que no van a ser solo 40 casos, sino que más mujeres se van a envalentonar porque cuando la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección brinden todas las garantías, yo estoy seguro de que vamos a conocer un escándalo más grande desde que ya se conoce”, dijo el abogado de Jiménez.

Las denuncias de Deicy Jiménez contra Petro y Pizarro

Jiménez ha asegurado que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, y que posteriormente obtuvo contratos con entidades estatales. Afirma que habría existido un intercambio de favores sexuales por oportunidades laborales y contratos públicos. También señaló que Pizarro habría conocido las circunstancias de su vinculación a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces congresista.

Entre los contratos mencionados está uno por cerca de $34 millones para apoyar labores de la Primera Vicepresidencia del Senado, que en ese momento ocupaba Pizarro. Los registros contractuales también dan cuenta de vinculaciones de Jiménez con el Senado y otras entidades estatales.

La Sala de Instrucción admitió para estudio una denuncia contra Petro y Pizarro y deberá evaluar los elementos disponibles para determinar si hay méritos para adoptar nuevas decisiones.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .