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Colombia
Corte Constitucional pide explicaciones por embargo de $11.116 millones para víctimas
El dinero, administrado por Servicios Postales Nacionales, fue retirado de una cuenta bancaria y su retención habría afectado la continuidad de los pagos humanitarios.
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Colprensa
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Martes, 17 de Noviembre de 2026

La Corte Constitucional pidió explicaciones por el embargo de $11.116 millones a Servicios Postales Nacionales, destinados al pago de ayudas humanitarias para las víctimas del conflicto armado.

El dinero fue retirado el 5 de agosto de una cuenta del Banco de Occidente que Servicios Postales Nacionales utilizaba para administrar los recursos enviados por la Unidad para las Víctimas y pagar las ayudas humanitarias, como parte de una deuda que la empresa Macroservicios Express de Colombia adelanta contra el operador postal.

Al día siguiente, la empresa pidió que se levantara el embargo y que el dinero fuera devuelto. También solicitó que esos recursos no se utilizaran para pagar la deuda que originó el proceso, pues estaban destinados a las víctimas, petición que fue respaldada por la Unidad para las Víctimas.


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Sin embargo, según informó Servicios Postales a la Corte, el dinero seguía retenido y la situación había afectado la continuidad de los pagos de ayuda humanitaria. La empresa también acudió al Consejo de Estado mediante una tutela contra el Banco de Occidente y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero esa corporación rechazó la solicitud en primera instancia.

Como consecuencia, la magistrada Natalia Ángel Cabo solicitó información al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Unidad para las Víctimas, la Superintendencia Financiera y la Procuraduría sobre lo ocurrido con los recursos y las gestiones para recuperarlos.

En su decisión, consignada en el Auto 1535 de 2026, la magistrada señaló que “la retención o indisponibilidad de esos recursos podría comprometer la continuidad de la prestación, si impide que los pagos lleguen oportunamente a sus destinatarios”.


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En ese sentido, el alto tribunal dio cinco días hábiles al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que informe si el embargo continúa vigente, qué decisiones ha tomado y qué ha pasado con la solicitud para recuperar el dinero.

La Unidad para las Víctimas tendrá diez días hábiles para explicar si el embargo ocasionó retrasos o interrupciones en los pagos, cuántos hogares pudieron resultar afectados y qué medidas adoptó para evitar que las personas dejaran de recibir las ayudas.

La Superintendencia Financiera deberá informar qué controles existen para evitar que sean retenidos recursos públicos destinados a la atención humanitaria y si ha revisado la actuación del Banco de Occidente en este caso.

Por su parte, la Procuraduría deberá aclarar si recibió la solicitud de intervención presentada por Servicios Postales y si ha realizado alguna gestión para proteger los recursos.


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