La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes de la fuerza pública, 16 del Ejército y dos de la Policía, por su participación en violencias basadas en género contra la población civil durante el conflicto armado, tanto de manera directa como en coordinación con grupos paramilitares.
De acuerdo con la investigación, la JEP identificó un universo provisional de 565 casos de violencias basadas en género cometidas por integrantes de la fuerza pública contra civiles, con 755 víctimas directas entre 1978 y 2016. De ellas, 650 son mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
A partir de dichos testimonios, la UIA pudo establecer que existió un modelo de “masculinidad guerrera” que favoreció prácticas de dominación, discriminación y violencia contra las mujeres y contra quienes eran percibidos por fuera de los roles tradicionales de género.
“En esos contextos se impusieron castigos diferenciados sobre los cuerpos, la sexualidad y la reproducción, y se estableció un orden armado que regulaba la sexualidad y las conductas de las poblaciones a través de visiones estereotipadas sobre el género”, explica el documento.
Infórmese: Petro desmiente a Noboa por supuestas reuniones con políticos señalados de narcotráfico en Ecuador
Dentro de esta práctica, la Sala encontró que integrantes de la fuerza pública participaron directamente o se aliaron con estructuras paramilitares para realizar incursiones y masacres en las que, además de asesinatos y torturas, se cometieron violencias sexuales y de género como mecanismos de humillación, castigo, intimidación y expulsión de la población.
Entre los hechos analizados están las incursiones paramilitares en Tibú y La Gabarra, Norte de Santander, en 1999; la provincia de Lengupá, Boyacá, en 1991; y las masacres de La Cabuya, en Tame, Arauca, en 1998, y Chiscas, Boyacá, en 2003.
En el caso de Tibú, la Sala documentó que entre mayo y diciembre de 1999, al menos 208 personas fueron asesinadas, 158 desaparecidas forzadamente y 48 torturadas. También registró más de 50 víctimas de violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual, así como más de 2.000 personas desplazadas por la incursión paramilitar.
Asimismo, la investigación estableció que mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas de sectores diversos fueron agredidos por rechazar pretensiones sexuales, incumplir órdenes o normas impuestas por los uniformados o por no ajustarse a determinados roles de género.
Lea: El M-19 se equivocó: la reflexión de Petro tras ver la serie del Palacio de Justicia
En Tame, Arauca, la Sala examinó las responsabilidades de superiores militares por las violaciones sexuales y los asesinatos de dos niños y una niña cometidos en 2010 por el entonces subteniente Raúl Muñoz Linares, quien ya fue condenado por la justicia ordinaria.
También fueron analizados los trabajos forzados y las violencias de género contra niñas, adolescentes y mujeres en Puerto Gaitán, Meta, entre 2002 y 2004, así como agresiones sexuales contra hombres en la ribera del río Magdalena y ataques contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en los Montes de María.
Los 18 comparecientes
Entre los llamados a reconocer responsabilidad se encuentran el brigadier general retirado Alberto Bayardo Bravo Silva, señalado por omisión frente a los hechos de Tibú y La Gabarra; el coronel retirado Víctor Hugo Matamoros Rodríguez, vinculado a las incursiones de Tibú y Lengupá; y el teniente coronel retirado Orlando Hernando Pulido Rojas, por la masacre de La Cabuya.
Le puede interesar: Bajar el IVA al 18 % le costaría hasta $7 billones al país: ¿de dónde saldría la plata para compensarlo?
También fueron llamados los mayores Mauricio Llorente Chávez, Jorge Andrés Escobar Pineda, Luis Fernando Campuzano Vásquez y Daladier Rivera Jácome, y el soldado José Misael Valero Santana, por los hechos de Tibú y La Gabarra.
Por la incursión en Chiscas fueron señalados el teniente coronel Alfonso Moya Molina y el mayor de la Policía Gregory Ernesto Amado Rueda.
La decisión también incluye a Jorge Augusto Terán Pineda y Óscar Fernando Murcia Peña, por los hechos de La Gallera; a Juan Pablo Sierra Daza, por violencias de género en Cesar y Putumayo; y a Édgar Omar Urbina Carrillo y Carlos Fernando González Cárdenas, por lo ocurrido en San Juan de Arama, Meta.
Por los hechos contra los menores en Tame fueron llamados el coronel Francisco Sanmiguel Guzmán y el mayor James Alberto Granada Carmona, mientras que por los hechos de Puerto Gaitán fue señalado el capitán de la Policía Reinaldo Rincón Rojas.
Con información de El Colombiano.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .