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Bajar el IVA al 18 % le costaría hasta $7 billones al país: ¿de dónde saldría la plata para compensarlo?
El presidente Abelardo de la Espriella abrió la puerta a modificar su reforma fiscal, mientras expertos advierten sobre el impacto que tendría reducir este impuesto.


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Colprensa
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Lunes, 16 de Noviembre de 2026

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Ministerio de Hacienda estudia reducir la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA). La reducción sería del 19%, al 18% o incluso al 17%. Eso significaría un cambio en la Ley de Rescate Fiscal que presentó ante el Congreso para conseguir recursos y enfrentar la situación fiscal del Estado.

Sin embargo, la posibilidad de reducir este impuesto abre un interrogante sobre las finanzas públicas: ¿de dónde saldrían los recursos que dejaría de recibir la Nación?

Analistas tributarios consultados por El Colombiano estiman que bajar el IVA al 17% costaría entre $10 y $14 billones; mientras que llevarla al 18% significaría entre $5 y $7 billones.

El anuncio de Abelardo se produjo durante la alocución presidencial del domingo 15 de noviembre, en la que brindó el balance de sus primeros 100 días de Gobierno.


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El jefe de Estado reconoció que la propuesta tributaria todavía está en construcción y manifestó su disposición a introducir cambios para conseguir respaldo político y alcanzar las metas de recaudo.

“Si existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo y evitar la quiebra del Estado, yo no tengo inconveniente en acogerla”, sostuvo.

¿Cómo se compensará la plata que se dejará de recibir?

La reducción de la tarifa general tendría un efecto directo sobre los ingresos tributarios. Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), advirtió que cada punto porcentual de disminución del IVA en 2027 representaría cerca de $7 billones menos para las finanzas públicas.

“Así que si van a bajar ese IVA al 18 o 17%, tendrían que disminuir el gasto aún más o saber cuál es la fuente sustitutiva de esos ingresos”, señaló.

El exdirector de la Dian consideró que antes de tomar una decisión es necesario revisar las cuentas fiscales y establecer cómo se compensaría el dinero que dejaría de entrar al Estado.

Agregó que una reducción general de la tarifa debería beneficiar por igual a todos los consumidores, pues algunos servicios y productos esenciales continuarían teniendo una carga tributaria.

“Una medicina prepagada al 17% o 18% sería un fiasco. O un café al 17 o 18% sería pésimo. O el internet de estratos de 1, 2 y 3 con un IVA del 17%, eso no está bien”, manifestó.

Para Junco, el debate no debería concentrarse únicamente en bajar la tarifa general, sino en encontrar alternativas que permitan aumentar los ingresos del Estado sin afectar la actividad empresarial.

En ese sentido, propuso mantener el impuesto de renta para las grandes empresas en 35% y fortalecer el régimen simple de tributación, ampliando su alcance para incorporar a más micro, pequeñas y medianas compañías.

Según explicó, la idea sería ampliar los umbrales y crear nuevas categorías para que este mecanismo deje de estar concentrado en pequeños negocios e incorpore a empresas medianas.

De esta manera, se conservarían los beneficios tributarios para los empresarios de menor tamaño, mientras las compañías grandes mantienen la tarifa del 35%.

¿Qué pasaría si el Gobierno grava la canasta familiar?

La protección de los alimentos básicos fue otro de los anuncios centrales de De la Espriella durante su intervención. El mandatario aseguró que su Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de este impuesto sobre el sector agropecuario.

“No quiero que la comida de los colombianos pague IVA. Mi propósito es proteger la canasta familiar y aliviar la carga tributaria de los ciudadanos”, manifestó.

El presidente sostuvo que inicialmente había pedido al equipo económico no gravar los alimentos básicos, pero los técnicos del MinHacienda consideraron inviable esa alternativa. Después de varios ajustes, según su versión, se modificó la propuesta para proteger la canasta familiar y mantener la meta de recaudo, con un mayor esfuerzo por parte del Estado.

Sobre este punto, Pedro Sarmiento, docente e investigador tributario, sostuvo que gravar los productos de la canasta familiar con una tarifa general del 19% debería acompañarse de mecanismos de devolución o de no cobro para las personas en condición de vulnerabilidad.

Su propuesta consiste en utilizar un sistema de reconocimiento visual en el momento de la compra para identificar a los consumidores vulnerables y evitar que paguen el impuesto.

“Nosotros partimos del principio del no cobro del impuesto, porque es mucho más ágil, más fácil y más controlable”, explicó.


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El analista advirtió que un mecanismo de devolución posterior como el que propone el Gobierno (EfectIVA) generaría dificultades para los hogares que necesitan esos recursos de manera inmediata. Además, si una persona vulnerable compra productos en un establecimiento que no expide factura, tendría que asumir el IVA sin posibilidad de recuperarlo.

Por eso, consideró necesario mantener excluidos los productos primarios y diseñar mecanismos ágiles para evitar que el impuesto afecte el mínimo vital y la progresividad tributaria.

Alertó sobre el efecto que tendría una eventual reforma en la clase media, ya que no estaría cobijada por los beneficios dirigidos a la población vulnerable y tendría que asumir el impuesto sobre los productos gravados.

Sarmiento recordó que la discusión sobre el IVA debe considerar tanto el impacto sobre los consumidores como la capacidad del Estado para controlar la evasión. En ese sentido, cuestionó que una reducción de la tarifa garantice automáticamente un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Según explicó, “no está demostrado que bajar el IVA lleve a los ciudadanos a pagar el impuesto de manera más eficiente”.

¿Cómo compensaría el Gobierno los menores ingresos tributarios?

La discusión sobre una eventual reducción del IVA se produce mientras el Gobierno defiende su estrategia de austeridad para enfrentar la situación fiscal.

De la Espriella aseguró que su administración contempla un recorte directo y permanente de más de $23 billones y que buscará profundizarlo con un tijeretazo del 40% del tamaño del Estado,tal como anunció en campaña.

Señaló que estudia vender activos improductivos de la Nación por $4 billones y explorar otras alternativas para conseguir recursos sin trasladar nuevas cargas a los ciudadanos.

Con este panorama, la eventual reducción del IVA se convierte en uno de los principales puntos de discusión de la Ley de Rescate Fiscal. El Ejecutivo deberá definir cómo conciliar el alivio tributario que plantea el presidente con la necesidad de mantener los ingresos públicos y atender las obligaciones fiscales del Estado.


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