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¿Puede De la Espriella exhibir públicamente a los capturados? El debate por los límites presidenciales
La exhibición de alias Primo Gay en Montería abrió un debate jurídico sobre los límites de las actuaciones presidenciales.
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Colprensa
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Martes, 17 de Noviembre de 2026

El encuentro cara a cara entre el presidente Abelardo De la Espriella y Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, terminó abriendo un nuevo frente de controversia para el Gobierno.

Lo que comenzó como una presentación pública de uno de los hombres más buscados de Antioquia, señalado por las autoridades de participar en graves hechos de violencia, llegó hasta una audiencia judicial en la que un juez de control de garantías ordenó compulsar copias para que se examinen las actuaciones del jefe de Estado y de los funcionarios que intervinieron en la exhibición de los detenidos ante los medios de comunicación.

El episodio ocurrió después de la captura de Uñates, el pasado 14 de noviembre, en la vereda Santa Ana, zona rural de Briceño, Antioquia. En el mismo procedimiento fue detenido Henry Sneyder Herrón Serna.

Ambos se movilizaban en una motocicleta y, según la Fiscalía, llevaban dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y abundante munición.

La operación fue adelantada de manera conjunta por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército y la Policía Nacional.

Tras el procedimiento, los detenidos fueron exhibidos públicamente en Montería, donde De la Espriella protagonizó un encuentro que quedó registrado en video y posteriormente fue divulgado en sus redes sociales.

En las imágenes se observa a Uñates esposado y sujeto a una estructura metálica mientras el mandatario lo increpa por los crímenes que le atribuyen las autoridades.

“Esta porquería es Primo Gay. Trece policías asesinados. Este fue el bandido que los mató. Miserable, asesino despreciable”, le dijo el presidente, quien también le advirtió sobre lo que, según él, le esperaba en prisión.


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¿Puede el presidente carear a capturados?

La escena fue precisamente uno de los elementos que llegó a consideración del juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia durante la audiencia de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los dos detenidos.

En esa diligencia, el funcionario dispuso enviar copias a dos organismos del Estado para que, dentro de sus respectivas competencias, examinen lo ocurrido.

La primera remisión fue dirigida a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el propósito de que examine las presuntas intervenciones del presidente en la exhibición pública de Néider Yesid Uñates López y Henry Sneyder Herrón Serna.

El juez hizo referencia a las expresiones despectivas que, a su juicio, habrían afectado la dignidad humana de los ciudadanos capturados.

La segunda compulsa fue dirigida a la Procuraduría para que establezca la identidad y participación de los funcionarios que presuntamente ordenaron, autorizaron, organizaron o ejecutaron la presentación de los detenidos ante los medios de comunicación en Montería.

La decisión, sin embargo, tiene un alcance que conviene precisar. El juez no declaró ilegales las capturas, tampoco dejó en libertad a los procesados ni anuló las actuaciones adelantadas por la Fiscalía.

Por el contrario, el acta conocida por la revista Semana confirma que se legalizaron las aprehensiones, se avalaron las imputaciones y se impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ambos detenidos.

La compulsa de copias constituye una actuación independiente, encaminada a que las autoridades competentes determinen si hay mérito para examinar posibles vulneraciones de garantías constitucionales.

“Existe una violación al principio de presunción de inocencia”: abogado

Para Sebastián Rendón, abogado penalista consultado por EL COLOMBIANO, la controversia no está en la presencia del presidente durante un operativo de la Fuerza Pública, pues considera que esa actuación está amparada por sus funciones como comandante en jefe.

El problema, a su juicio, aparece cuando el mandatario confronta a los capturados, permite que ese encuentro sea grabado y posteriormente lo difunde masivamente en medios de comunicación y redes sociales, utilizando expresiones que les atribuyen directamente responsabilidades penales sin hacer referencia a su condición de presuntos responsables.


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“Existe una violación al principio de presunción de inocencia y a uno de sus subprincipios, que es el trato de inocente”, explicó.

El abogado sostuvo que la presunción de inocencia no se limita a impedir que una persona sea declarada culpable sin una sentencia condenatoria, sino que también impone al Estado la obligación de tratarla como inocente durante todo el proceso penal.

Ese deber, explicó, está contemplado en la Constitución colombiana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las normas del procedimiento penal.

Por eso, considera que cuando el presidente presenta públicamente a un detenido como responsable de determinados crímenes, sin que exista una condena judicial, puede comprometer garantías fundamentales y afectar el derecho a un juicio justo.

Rendón fue más allá y planteó que las actuaciones del mandatario podrían tener consecuencias sobre la legalidad misma de las capturas.

Según su interpretación, cuando durante un procedimiento de aprehensión se producen vulneraciones de derechos humanos, puede configurarse un vicio que comprometa su legalidad. “Mi criterio es que el alcance de esto sí da para determinar la ilegalidad o ilicitud de estas capturas”, afirmó.

Desde esa perspectiva, considera que el juez de control de garantías pudo haber adoptado una medida más contundente y ordenar la libertad de los detenidos, en lugar de limitarse a compulsar copias.

“El presidente es el presidente, no es juez. Tiene prohibición constitucional para determinar responsabilidades penales. No puede juzgar ni establecer quién cometió un delito o quién no”, señaló.

En este caso, señaló que corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes examinar los hechos relacionados con el presidente y establecer si pueden tener relevancia penal o disciplinaria.

A partir de esa valoración, la célula legislativa podría archivar el asunto o disponer la apertura de una investigación formal y escuchar al mandatario en versión libre.

La controversia adquiere otra dimensión por los señalamientos que pesan sobre Uñates. La Fiscalía lo identifica como un presunto integrante de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’, y sostiene que habría tenido responsabilidades de coordinación y mando en el norte y nordeste antioqueño.

También le atribuye participación en actividades de extorsión, secuestros, homicidios y ataques contra la fuerza pública. Entre los hechos bajo investigación está el ataque del 21 de agosto de 2025 contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 uniformados muertos.

Asimismo, las autoridades lo señalan de tener relación con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en mayo de este año en Briceño.

¿El presidente está obligado a respetar la presunción de inocencia?

Justo en este contexto habla Francisco Bernate, abogado que conversó sobre el tema relacionado con la compulsa de copias contra el presidente.

“Lo cierto es que esta persona tenía sendas órdenes de captura por delitos muy graves y a mí me llama la atención una cosa, y es que el juzgado declaró legal la captura y, aun a pesar de eso, pues considera que hay una situación disciplinaria, lo cual a su vez es un poco contradictorio, porque si él observa que hubo una violación a los derechos humanos de la persona capturada, pues lo que tenía que hacer era decretar ilegal la captura”, afirma Bernate.

Bernate insistió en que, a su juicio, las manifestaciones del presidente no constituyen hechos jurídicos, sino políticos, pues considera que el mandatario busca conectar con su electorado y que sus actuaciones deben ser evaluadas desde ese escenario.

Sin embargo, manifestó que le llama la atención que el juez haya ordenado compulsar copias y, al mismo tiempo, declarado legales las capturas.

Frente a la presunción de inocencia, el abogado señaló que se trata de una obligación del Estado que implica garantizar que las personas sean tratadas como inocentes mientras avanzan sus procesos judiciales.

No obstante, consideró que resulta complejo trasladar automáticamente esa exigencia al presidente de la República, pues este no es el funcionario encargado de decidir sobre la responsabilidad penal de los capturados.


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El proceso penal que afronta ‘Primo gay’

A Uñates le fueron imputados inicialmente los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, además de utilización ilegal de uniformes e insignias.

La Fiscalía anunció que lo citará a nuevas audiencias por otras conductas que se le atribuyen, entre ellas homicidios y graves violaciones de derechos humanos. Por ahora, tanto él como Herrón Serna deberán permanecer en un establecimiento carcelario mientras avanzan sus procesos.

La decisión judicial provocó una reacción del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien salió en defensa del presidente y cuestionó que se examinara su actuación por el trato dispensado a Primo Gay.

A través de las redes sociales de esa cartera, calificó de absurda la compulsa y sostuvo que el mandatario no tenía por qué tratar con deferencia a una persona señalada de graves hechos de violencia.

“A un responsable de barbarie hay que llamarlo por lo que es”, expresó. También cuestionó que se invocara la presunción de inocencia en favor de un detenido al que atribuyó una trayectoria en organizaciones armadas ilegales.

La Procuraduría tendrá que establecer quiénes intervinieron y bajo qué instrucciones se realizó la exhibición, mientras que la Comisión de Investigación y Acusación deberá examinar los hechos relacionados con el mandatario dentro de sus competencias.

Con información de El Colombiano.

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