Durante la administración de Gustavo Petro, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) dejó de ser un búnker de funcionarios de carrera. En cuatro años pasaron por su dirección cuatro exmilitantes del M-19 —Manuel Alberto Casanova; Carlos Ramón González, prófugo en Nicaragua; Jorge Lemus y René Guarín— y, según fuentes de la entidad consultadas por El Colombiano, terminó convertida en una especie de policía gubernamental, dedicada a defender intereses del gobierno de turno.
La entidad llamada a anticipar y contrarrestar los riesgos contra la democracia habría terminado, según varias revelaciones, convertida en uno de ellos. Un nombre conocido esta semana se suma al ya largo historial de escándalos que rodean la DNI: el de Carlos Andrés Oyola Tovar, la persona que supuestamente se encargaba de liderar una red para atacar a la Registraduría para cambiar el resultado de la segunda vuelta presidencial.
El señalamiento coincide con la ofensiva que el propio expresidente Gustavo Petro mantuvo contra la autoridad electoral, a la que le cuestionó el software, los formularios E-14 y le exigió varias veces que revelara el código fuente de los programas de conteo.
Justamente la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió en su balance de las elecciones que, a lo largo del calendario electoral, se identificaron 300 campañas de desinformación, de las cuales al menos 56 estaban destinadas a sembrar desconfianza en la integridad del proceso.
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Entre ellas sobresalían contenidos que atribuían, “sin evidencia verificable, una supuesta captura o cooptación de la Registraduría por intereses externos”, y otros que buscaban instalar dudas sobre la autonomía de la autoridad electoral y “reforzar narrativas de presunto fraude electoral”.
¿Cuál fue, entonces, el daño real? El presunto ataque a las elecciones no tiene hoy una investigación abierta que sea conocida públicamente. Apenas esta semana la Contraloría ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la DNI por cerca de $20.783 millones, como parte de las piezas que rodean las presuntas irregularidades en la entidad. Pero más allá de un hacker, los documentos conocidos dejan interrogantes sobre una agencia de inteligencia que habría terminado protegiendo a personas bajo sospecha. Estas son las piezas.
1. El caso que tiene a Oyola en prisión
El hombre señalado de coordinar los ataques contra la Registraduría está hoy en prisión, pero por otro caso. Según la Fiscalía, entre 2017 y 2023 habría alterado calificaciones y registros financieros de la UNAD para que al menos 19 estudiantes obtuvieran títulos sin cumplir los requisitos.
Oyola habría actuado como enlace entre estudiantes e insiders: personas dentro de la universidad con acceso a los sistemas. Algunos beneficiados terminaron trabajando en una alcaldía con títulos irregulares. Él también habría sacado provecho: su historial académico habría sido modificado 46 veces, lo que le permitió graduarse como ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública, títulos que habría usado para aspirar a cargos públicos. La universidad detectó una irregularidad similar en su maestría y le impidió graduarse.
La Fiscalía le imputó cinco delitos, entre ellos concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema informático. Oyola no aceptó cargos y un juez ordenó enviarlo a prisión mientras sigue el caso.
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2. Las alertas del registrador
El 5 de marzo de 2026, el registrador Hernán Penagos denunció ante la Fiscalía un presunto plan para alterar los sistemas informáticos de la entidad. La investigación quedó en manos de la unidad de delitos informáticos.
Los ataques continuaron durante la campaña. En las elecciones legislativas, Penagos alertó sobre intentos de ciberataque y suplantación de la página de la Registraduría, con hasta 300 direcciones IP conectadas simultáneamente.
Estas alertas toman otra dimensión ante uno de los señalamientos más graves contra Oyola, consignado en un informe de empalme. Allí lo señalan de coordinar activistas digitales, bodegueros y hackers para “cambiar resultados de la votación del 21 de junio”.
Otro documento, conocido por Semana, advierte sobre intentos de alterar el mapa de riesgo electoral y datos del preconteo en favor de Iván Cepeda. A esto se suma un supuesto plan para espiar a opositores mediante infiltrados en la UNP y otras entidades. La posible relación de Oyola estaría por aclararse.
3. Su hermano gemelo
Otra pieza es su hermano gemelo, Cristian Javier Oyola Tovar, quien el 13 de febrero de 2026 habría ingresado a la Registraduría con autorización de un correo enviado a nombre de la magistrada del CNE Fabiola Márquez, del Pacto Histórico. Participó en una reunión en la que se abordaron temas de las elecciones de 2026, como el software de escrutinio, asignación de jurados y el plan de auditoría del código fuente.
Hoy, el hermano del capturado hacker es contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP), una de las entidades que, según documentos internos de la DNI, habría sido infiltrada como parte de un supuesto plan de espionaje, junto con el CNE y la Contraloría Delegada para el Sector Defensa.
Los informes también advierten que la inclusión de la DNI en la asignación de vehículos de protección a expresidentes y exvicepresidentes, mediante el Decreto 0563 del 3 de junio, habría buscado facilitar la instalación de micrófonos y rastreadores GPS para labores de inteligencia.
Cristian, además, acumula más de $400 millones en contratos con el Estado, como reveló este medio. Llegó a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito cuando su hermano llevaba diez meses allí y tuvo el mismo supervisor. Allí obtuvo contratos de hasta $14,2 millones mensuales, y no está claro cómo acreditó la formación y experiencia exigidas.
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4. La presunta protección de parte de la DNI
Antes de llegar a la inteligencia, Carlos Oyola hizo parte, entre 2018 y 2022, de la UTL del entonces senador liberal Rodrigo Villalba, hoy gobernador del Huila, y luego contrató con la Contraloría.
En enero de 2023 llegó a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, con un contrato de $16 millones mensuales. Su entonces director, Felipe Tascón, dijo a El Colombiano que no recordaba cómo lo había conocido, pero dijo que en su paso por la DSCI el hoy imputado “logró organizar información”. Sobre la revisión de su perfil, Tascón dijo que la verificación correspondía al Fondo Colombia en Paz.
En febrero de 2024 llegó a la DNI, bajo la dirección de Casanova. Allí habría extraído bases de datos de otras entidades para contrainteligencia que luego se perdieron en una nube. Lo trasladaron al grupo de Tecnología, donde le encargaron un nuevo sistema de información de inteligencia del que solo entregó unos pilotos, “pero estaban diciendo que no servía la plataforma”, dijo Lemus a El Tiempo.
Oyola siguió activo en la entidad pese a la orden de captura de mayo y escapó de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento fachada de la DNI. Lemus aseguró que en ese inmueble “permanecían agentes de contrainteligencia que eran los encargados de custodiar los predios”, pero que no era de la DNI.
Con información de El Colombiano.
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