El proyecto de ley que presentó el gobierno de Abelardo de la Espriella cambia el enfoque frente a los grupos armados: de la “paz total” pasa a una oferta de sometimiento a la justicia.

¿De dónde sale? El proyecto modifica, adiciona y prorroga la ley de orden público (418 de 1997), una que ha servido gobierno tras gobierno para las negociaciones y diálogos con grupos armados en el país. De ahí salió la ‘paz total’, por ejemplo.

Ahora, la iniciativa busca establecer las condiciones que el Gobierno ofrecería a quienes quieran someterse a la justicia, ya sea de manera individual o como parte de una organización. Según el documento, ese proceso deberá respetar los derechos de las víctimas y la independencia judicial.

Uno de los principales cambios es que la ley tendría una vigencia de diez años a partir de su promulgación; es decir, que con esto buscan evitar un cambio cada cuatro años. En todo caso, el Ejecutivo deberá presentar cada año al Congreso un informe sobre su implementación.

Para Jairo Libreros, analista político, la propuesta es “muy arriesgada” porque la ley de orden público se vence el 4 de noviembre. “O sea, tienen que correr en el Congreso”, dice. Agrega que, incluso con mensaje de urgencia, es muy difícil que se pueda cumplir en esos términos.

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¿Qué se les exige a los integrantes?

Para acceder al tratamiento penal diferenciado y conservarlo, los integrantes de las organizaciones tienen que dejar las armas e identificarse plenamente, entregar de inmediato a los menores reclutados, a los secuestrados y a las personas desaparecidas, y cesar todas las actividades ilícitas y las afectaciones a la población.

Además, deben entregar la relación completa de bienes y activos ilícitos, aportar información sobre nexos políticos y actos de corrupción, y participar en labores restaurativas.

¿Cuáles serían los beneficios?

El principal es una rebaja de la pena acumulada del 50 % para los integrantes en general y del 30 % para quienes ejercieron liderazgo, según aportes verificables a la verdad, la reparación y el desmantelamiento.

Para quienes tuvieron mando, la pena impuesta no puede ser inferior a diez años. En cuanto a los lugares de reclusión, la medida de aseguramiento podría cumplirse en “colonias agrícolas o cárceles productivas”.

La libertad condicional se alcanzaría al cumplir las cuatro quintas partes de la pena, previo informe del centro de reclusión y de la ARN sobre comportamiento y cumplimiento de compromisos, y con el concepto favorable de la víctima.

Este beneficio se adelantaría a las dos quintas partes si hay información que conduzca a la búsqueda de desaparecidos, previo informe de la UBPD, y contribuciones efectivas al esclarecimiento de nexos políticos y corrupción.

El proyecto también prevé una redención de pena: un día por cada dos de trabajo en colaboración eficaz verificable, o un día por día en desminado, erradicación de cultivos o programas restaurativos.

Para los integrantes sin mando, se prevé la suspensión de la ejecución de la pena después de un año, cuando solo hayan cometido los delitos específicos y contribuyan a la verdad.

Los colaboradores financieros, es decir, quienes hayan participado en lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, también tendrían suspensión después de un año, siempre que entreguen los bienes ilícitos y se comprometan con medidas verificables de justicia restaurativa.

La propuesta no contempla suspender las órdenes de captura ni los pedidos de extradición de quienes se sometan a la justicia.

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Este tipo de propuestas suele pasar por el Comité de Política Criminal. Sin embargo, como es una modificación a una ley ya existente, no pasó por ese proceso.

Para Libreros sería toda una apuesta jurídica y política. “Es jurídica porque recupera una herramienta vigente desde 1997 que, en medio de los fracasos, ha permitido avances importantes en la negociación con actores armados. Es política porque, si logran aprobarla en tres semanas, estarían demostrando el más alto nivel de gobernabilidad que haya tenido una administración nacional desde 1991”, dijo.

¿Cuáles son los cambios de enfoque?

Desde el nombre, pues se llama en sentido estricto ‘ley de acogimiento’, se trata de un “cambio de chip” que, como ya había señalado al gobierno, no deja espacios para los diálogos.

Otra novedad es que la ley solo regularía el procedimiento luego de un contacto inicial con los abogados de las organizaciones que quieran someterse. Es decir, el trámite fuerte ya no estaría en cabeza del Ejecutivo sino de la Fiscalía, a la que se traslada el “desgaste” de la negociación.

Las condiciones, explica Libreros, terminarían siendo muy parecidas a las de un sometimiento individual a la justicia.

¿Se acogerá algún grupo?

Aunque hay una disminución importante de penas, lo que podría ser atractivo, analistas sostienen que el proyecto no regula sobre los capitales adquiridos ilícitamente.

“La mayoría de las leyes de sometimiento en Norteamérica y Europa han demostrado ser eficaces porque garantizan que el criminal conserve un pequeño porcentaje de ese dinero para abandonar realmente el oficio”, agrega Libreros.

Sin embargo, de parte del grupo ilegal ‘Los Pepes’, que delinquen en la zona de la costa Caribe, ya habría una intención de sometimiento. A inicios de septiembre, Digno Palomino y Aldair Montenegro (alias Gomelo), cabecillas de la estructura criminal, le habrían enviado una carta a la Presidencia solicitando supuestamente una ruta jurídica para el sometimiento.

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