No cesan los ecos ni el ruido tras el debate de control político promovido por el cuestionado senador Antonio José Correa, del Partido de La U, quien la semana pasada denunció “un festín de la contratación” en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en tiempos del expresidente Iván Duque. En juego –reclamó–, estuvieron recursos por el orden de los $100 billones que habrían sido despilfarrados en plena atención de la pandemia.
Si bien en un primer momento las denuncias desataron la indignación y el rechazo de la bancada del Gobierno, al punto que el propio presidente Gustavo Petro reaccionó a las revelaciones y atizó el debate, con el pasar de los días se han conocido precisiones y detalles que clarifican la situación y evidencian, cuando menos, inexactitudes por parte del congresista.
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No es un asunto cualquiera. En discusión está una vez más el manejo de recursos en la UNGRD, una de las entidades más cuestionadas en el mandato del presidente Gustavo Petro y en la cual se han desangrado recursos por más de $380.000 millones en hechos de corrupción, según admitió el exdirector de la Unidad, Olmedo López.
No eran $100 billones
Aunque en un primer momento el senador Correa alertó que “no aparecen $100 billones”, con el correr de los días reconoció que únicamente tenía reporte de presuntas irregularidades frente al manejo de $9,8 billones. “Tengo pruebas contundentes de los $9,8 billones que administró la UNGRD”, dijo a Blu Radio, precisando que “quien debe determinar cuánto se robaron y de qué forma son los órganos de control”.
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De hecho, al revisar el “Libro Blanco” que realizó el Ministerio de Hacienda bajo el mandato del expresidente Duque para precisar el manejo de recursos desde el Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), se concluye que durante la pandemia el uso de recursos para atender la emergencia por el COVID-19 ascendió a $44,3 billones.
Entre 2020, 2021 y 2022 –según el documento–, los $44,3 billones se desglosaron así: se destinaron $17,6 billones para la atención de la emergencia sanitaria, otros $16,3 billones para la atención a población en condición vulnerable y $10,3 billones para la protección del empleo y a la actividad económica.
Justamente, el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, respondió a las acusaciones y aseguró que únicamente se gestionaron alrededor de $9 billones con plata de la UNGRD para la atención de la pandemia.
“Ni siquiera saben sumar. Para mayor precisión, el total de gastos en el marco de la emergencia fue de $44 billones, de los cuales alrededor de $9 billones fueron gestionados a través de la UNGRD, el resto fue ingreso solidario, PAEF, subsidios en servicios públicos y demás”, manifestó el funcionario.
De hecho, aunque Correa en la denuncia llamó la atención por presuntas irregularidades en la contratación por $9,8 billones, en el debate únicamente dio cuenta de líos en cinco contratos que suman $152.000 millones. Así no sean los “100 billones” de los que habló inicialmente es importante aclarar si hubo malos manejos en esta nueva cifra. Que es la misma que en 2020 la emisora W Radio puso al descubierto cuando comenzó a denunciar aparentes irregularidades con la plata del COVID-19.
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Idoneidad de los contratistas
En su debate, el senador Correa cuestionó además que, con recursos de la emergencia y con miras a adquirir productos como tapabocas o insumos médicos, se contrataron empresas que vendían tabaco y comercializaban bebidas alcohólicas, sumado a la adquisición de batas blancas con una compañía que reparaba vehículos.
“Trajeron batas blancas de la China fortaleciendo el contrabando ilegal y haciendo morir de hambre a miles de familias que se reunieron con una máquina de coser para que el Estado le comprara una bata”, reclamó el congresista.
Incluso, ejemplificó la situación con un contrato que obtuvo la polvorería El vaquero por $37.000 millones para adquirir tapabocas N95.
En respuesta, el exdirector del Dapre argumentó que en plena emergencia el Gobierno impulsó una reconversión industrial con miras a que diferentes empresas sumaran capacidades y contribuyeran a la distribución de insumos médicas. Lo anterior, como plan de choque ante la crisis de cara a adquirir de forma mucho más rápida y expedita herramientas necesarias para combatir la emergencia.
“El Vaquero es una empresa que tenía como actividad secundaria en la Cámara de Comercio el tema de distribución de equipos médicos y por eso, se le hace esa compra, en atención a que fueron los primeros que tuvieron tapabocas N-95 en Colombia. Hicieron algo similar en España con una de sus filiales. La misma empresa Arturo Calle hizo un proceso de reconversión para hacer batas y muchas otras ayudaron en el proceso de guantes y alcohol”, manifestó en diálogo con la emisora La FM.
Finalmente, aunque el congresista habló de líos con el pago de las vacunas, lo cierto es que en noviembre de 2022 la propia UNGRD reveló que por 88.138.120 dosis de diferentes fármacos, el país pagó $4,5 billones.
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