De acuerdo con la investigación de Vanguardia, la zona más afectada estaría ubicada en jurisdicción del municipio de California, Santander, donde una montaña habría perdido parte importante de su cobertura vegetal debido a la actividad minera. En ese sector se contabilizarían más de 200 entradas a minas.
La extracción, que inicialmente estuvo relacionada con mineros tradicionales de la zona, habría aumentado durante los últimos años con la llegada de personas provenientes de otras regiones del país, atraídas por los altos precios del oro.
Aunque al tratarse de una actividad ilegal no existen registros oficiales sobre la cantidad exacta de minerales extraídos, la investigación señala que estos procesos han permitido la salida irregular de oro y plata hacia mercados ilegales nacionales e internacionales.
Aunque al tratarse de una actividad ilegal no existen registros oficiales sobre la cantidad exacta de minerales extraídos, la investigación señala que estos procesos han permitido la salida irregular de oro y plata hacia mercados ilegales nacionales e internacionales.
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¿Cuántos millones movería la minería ilegal en esta región?
La minería ilegal en la zona de Soto Norte también ha sido relacionada con importantes ganancias económicas. Un estudio de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), citado por Vanguardia, estimó que esta actividad podría generar ingresos cercanos a los $26.000 millones mensuales.
El medio santandereano también documentó que uno de los socavones analizados habría permitido extraer hasta 10 kilogramos de oro en una semana. Según la referencia del valor del mineral en el mercado, estas cantidades representarían ingresos millonarios para quienes participan en la explotación ilegal.
El problema no solo está relacionado con la extracción del recurso, sino también con los impactos ambientales derivados de la intervención del suelo, la pérdida de cobertura vegetal y los riesgos de contaminación sobre fuentes de agua.
El movimiento en las zonas mineras
La investigación de Vanguardia también describe un constante movimiento de personas y vehículos en las zonas cercanas a las minas ilegales.
En las vías de acceso hacia California y las áreas montañosas cercanas al páramo se observan motocicletas utilizadas para el transporte de trabajadores y materiales. Según habitantes del municipio, la actividad minera continúa incluso durante la noche y la madrugada.
Además, comunidades locales han advertido sobre la presencia de personas provenientes de otros territorios e incluso menores de edad que buscan ingresar a estas actividades relacionadas con la extracción de oro.
¿La ley cuida el Páramo de Santurbán?
La situación de Santurbán ocurre mientras continúa el proceso de delimitación del páramo ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361.
El alto tribunal determinó que el proceso anterior debía modificarse debido a la falta de participación ciudadana, por lo que el Ministerio de Ambiente adelanta una nueva etapa de concertación con municipios de Santander y Norte de Santander que tienen relación con el ecosistema.
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Paralelamente, el Ministerio de Ambiente estableció en marzo de 2025 una Zona de Reserva Temporal sobre 75.000 hectáreas de la provincia de Soto Norte, donde quedó restringida la minería de extracción de oro y plata durante dos años, con posibilidad de ampliación.
Esta medida incluye territorios de municipios como California, Suratá, Matanza, Vetas, Tona, Charta y Bucaramanga.
En medio de esta situación también aparece el proyecto Soto Norte, relacionado con la empresa canadiense Aris Mining. La compañía aseguró que actualmente no desarrolla actividades mineras en la zona y que no tiene proyectos radicados ante el Gobierno para explotación.
La delimitación del páramo de Santurbán
La delimitación del páramo de Santurbán, ubicado entre Santander y Norte de Santander, ordenada por la Corte, sigue siendo uno de los conflictos socioambientales más complejos de Colombia. La controversia enfrenta a organizaciones ambientalistas que buscan una protección integral del ecosistema, considerado una fuente estratégica de agua para más de dos millones de personas, y a comunidades mineras y campesinas que temen restricciones a sus actividades económicas tradicionales.
El origen de la disputa reciente se remonta a la Resolución 2090 de 2014, mediante la cual el Gobierno delimitó el páramo. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-361 de 2017, dejó sin efectos jurídicos esa delimitación al concluir que el proceso vulneró el derecho a la participación ambiental de las comunidades afectadas.
El alto tribunal ordenó al Ministerio de Ambiente elaborar una nueva delimitación con mecanismos amplios, previos, efectivos y deliberativos de participación ciudadana.
Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), el Ministerio de Ambiente avanzó en mesas de concertación y presentó una propuesta integrada de delimitación. No obstante, el proceso estuvo rodeado de críticas tanto de ambientalistas como de sectores mineros.
Los primeros cuestionaron la falta de estudios técnicos suficientes y consideraron que la propuesta favorecía intereses extractivos; los segundos señalaron incertidumbre sobre el futuro de las economías locales. Al finalizar ese gobierno, la nueva delimitación ordenada por la Corte no había sido expedida.
Con la llegada de Gustavo Petro en 2022, el Gobierno retomó el proceso bajo un enfoque que ha buscado reforzar la participación de las comunidades y la protección de los ecosistemas de alta montaña. Entre 2023 y 2026 se realizaron nuevas mesas de concertación con habitantes de la región.
Sin embargo, los retrasos continuaron y las divisiones se profundizaron. Campesinos y pequeños mineros han denunciado que algunas actuaciones podrían constituir una “delimitación exprés”, mientras organizaciones ambientalistas insisten en que la decisión no puede seguir aplazándose.
Nueve años después del fallo de la Corte Constitucional, la principal orden judicial sigue sin cumplirse plenamente. El Ministerio de Ambiente ha continuado los espacios de concertación, pero la nueva delimitación definitiva aún ha enfrentado obstáculos administrativos, sociales y judiciales. Las tensiones entre protección del agua, conservación ambiental, derechos de participación y sostenibilidad económica de las comunidades mantienen el futuro de Santurbán en un limbo que ningún gobierno ha logrado resolver.
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