El Gobierno Nacional salió al paso a la controversia generada por el nombramiento del sacerdote Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella como delegado presidencial ante los Consejos Superiores Universitarios (CSU) de cinco instituciones públicas. Desde la Presidencia de la República se aclaró que el religioso no tiene ningún vínculo de parentesco con el jefe de Estado, desmintiendo las versiones que aseguraban que era su primo.
El sacerdote, de origen antioqueño, acompañó espiritualmente al mandatario durante la contienda electoral y ahora contará con voz y voto en las decisiones financieras, administrativas y políticas de las universidades Nacional, Pedagógica Nacional, de Antioquia, del Valle y del Atlántico.
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Argumentos de la Casa de Nariño
Ante los cuestionamientos surgidos en la opinión pública, el Ejecutivo precisó que la elección del sacerdote se fundamenta en criterios de idoneidad y vocación de servicio, descartando favorecimientos personales.
Asimismo, la Casa de Nariño enfatizó que la delegación asignada no conlleva ningún tipo de beneficio económico para el designado. La representación en las mesas directivas se ejercerá de manera ad honórem, por lo que Londoño de la Espriella no percibirá salarios, honorarios ni remuneración alguna por sus funciones.
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Anuncio de demanda por presunto nepotismo
Pese a las aclaraciones del Gobierno, la controversia alcanzó el plano judicial luego de que la senadora Jennifer Pedraza anunciara la radicación de una demanda contra el nombramiento. La congresista sostuvo que la designación vulneraba los principios constitucionales al considerar que se incurría en una falta por nepotismo.
Pedraza solicitó respetar la autonomía y la institucionalidad de la educación superior en el país. No obstante, con la rectificación sobre la ausencia de lazos sanguíneos, el Ejecutivo reiteró la validez del decreto de representación en las cinco principales universidades estatales.
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