Las autoridades colombianas impusieron medidas cautelares sobre 38 inmuebles avaluados en $379.873 millones, la mayoría ubicados en Bogotá, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando.

Entre los inmuebles cobijados por las medidas se encuentran propiedades donde funcionan establecimientos comerciales de Lili Pink y Koaj. Sin embargo, Permoda, propietaria de Koaj, aseguró que no hace parte del proceso de extinción de dominio, no ha sido vinculada como investigada ni figura como sujeto procesal.

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La compañía señaló además que su relación con los inmuebles intervenidos es exclusivamente comercial, pues los ocupa en calidad de arrendataria, mediante contratos de arrendamiento vigentes y suscritos con anterioridad a los hechos que son objeto de investigación.

Hay que recordar que en abril de este año la Fiscalía realizó un operativo relacionado con la reconocida marca de ropa interior Lili Pink, investigación que continúa en curso. Las nuevas medidas constituyen otro capítulo de ese proceso y alcanzan también inmuebles donde funcionan establecimientos de Koaj.

Según información de las autoridades, el valor conjunto de los bienes intervenidos asciende a $379.873 millones. Las propiedades están ubicadas principalmente en Bogotá y distintos municipios de Cundinamarca.

El operativo fue coordinado por el Ejército, la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el objetivo de avanzar en una investigación sobre una presunta organización criminal transnacional que, según las autoridades, habría utilizado empresas fachada para legalizar mercancía ilícita.

38 inmuebles intervenidos

La Décima Tercera Brigada del Ejército informó que el procedimiento se desarrolló con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

De los 38 inmuebles cobijados por las medidas, 21 están ubicados en Bogotá, principalmente en los sectores de Unicentro y Toberín. En estas zonas hay locales comerciales donde funcionan establecimientos de Koaj y Lili Pink que quedaron comprendidos dentro de las decisiones judiciales.

Sobre esas propiedades fueron aplicadas medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Los otros 17 predios están localizados en los municipios de Tabio, Tenjo, Funza y La Calera, en Cundinamarca. Se trata de inmuebles rurales que también quedaron sometidos a restricciones cautelares.

El conjunto de propiedades incluye fincas, apartamentos, bodegas, parqueaderos y locales comerciales.

¿Por qué fueron intervenidas las propiedades?

Según las autoridades, los inmuebles estarían presuntamente relacionados con recursos obtenidos mediante actividades de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando.

Los investigadores buscan determinar si los bienes fueron adquiridos con recursos de origen ilícito o si tienen algún vínculo con las actividades que actualmente son objeto de investigación.

Sin embargo, las decisiones adoptadas hasta ahora no determinan de manera definitiva la responsabilidad de las personas o empresas involucradas. Los afectados podrán controvertir las medidas dentro del proceso judicial.

Mientras este avanza, la Sociedad de Activos Especiales administra las propiedades intervenidas.

Permoda asegura que no está vinculada al proceso

Tras la publicación de la información, Permoda, empresa propietaria de la marca Koaj, solicitó precisar que no forma parte del proceso de extinción de dominio.

La compañía aseguró que no ha sido vinculada como investigada ni figura como sujeto procesal dentro del proceso mencionado y sostuvo que los delitos que dieron origen a la investigación corresponden a una presunta estructura ajena a su operación comercial.

Permoda también explicó que ocupa los inmuebles mencionados exclusivamente en calidad de arrendataria, mediante contratos comerciales vigentes que, según indicó, fueron suscritos con anterioridad a los hechos investigados.

“La medida cautelar recae sobre los inmuebles en los que operan los locales, no sobre la sociedad PERMODA ni sobre la marca KOAJ como tales”, señaló la compañía.

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La empresa manifestó además su preocupación por el impacto reputacional que puede generar la mención de establecimientos de Koaj junto a señalamientos relacionados con presuntos delitos, al considerar que puede llevar a los lectores a asociar a la compañía o a la marca con una investigación en la que, según su versión, no están vinculadas.

Lili Pink se defiende

La defensa de Lili Pink, encabezada por los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña, cuestionó las nuevas medidas de extinción de dominio.

Según la defensa, algunas de las propiedades intervenidas no tienen relación con Lili Pink y, en algunos casos, habrían sido adquiridas antes de que existiera la marca.

Los abogados también consideran que las medidas generan una afectación patrimonial y tienen efectos confiscatorios sobre inversiones extranjeras que, según su posición, fueron realizadas legítimamente en Colombia.

La defensa además señaló que la Fiscalía ha recibido cuestionamientos judiciales durante el proceso. De acuerdo con su comunicado, cuatro jueces declararon ilegales elementos probatorios y posteriormente otro juez negó una medida de aseguramiento al considerar insuficiente la sustentación presentada por la Fiscalía.

Para los abogados de Lili Pink, esas actuaciones están siendo utilizadas nuevamente para sustentar las nuevas medidas patrimoniales.

¿Qué plantea Lili Pink sobre las prendas decomisadas?

La defensa también cuestionó que, mientras se anuncian nuevas medidas contra propiedades relacionadas con el caso, no se conozcan avances sobre denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En particular, los abogados se refirieron a la posible comercialización irregular de cerca de 3.000.000 de prendas que habían sido decomisadas.

La defensa aseguró que acudirá a todas las instancias legales necesarias para controvertir las decisiones y evitar que, según su posición, los titulares sustituyan el debate probatorio que corresponde a los jueces.

Por ahora, las medidas cautelares continúan dentro del proceso judicial, que deberá determinar el origen de los recursos, la relación de los bienes con las actividades investigadas y la eventual responsabilidad de los implicados.

Con información de El Colombiano 

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