La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) manifestó esu profunda preocupación tras las recientes declaraciones del comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien sugirió un posible cierre de esta entidad, la cual es fundamental para la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las extintas Farc en 2016.
Ante esta situación, la JEP hizo un llamado contundente al Gobierno para que se respete la separación de poderes y se garanticen los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.
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Según el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, el Tribunal de Paz se erige como un pilar esencial en la construcción de la paz en Colombia, ya que tiene la responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.
“Nos sorprenden las declaraciones del comisionado de Paz ya que la jurisdicción, al inicio del gobierno de Gustavo Petro, hizo una manifestación pública de apoyo a los esfuerzos en pro de la paz total”, expresó Vidal.
Señaló que el Tribunal de Paz ofreció al Gobierno su “experiencia y conocimiento para enriquecer esa compleja labor de crear nuevos mecanismos jurídicos que faciliten las negociaciones en curso” con organizaciones criminales y el Eln.
La JEP subrayó que cualquier cierre prematuro no solo causaría un daño irreparable al país, sino que también afectaría de manera significativa a los excombatientes y a los miembros de la fuerza pública, quienes dependen de esta jurisdicción para regularizar sus situaciones legales.
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En este contexto, el Tribunal de Paz resaltó que es responsabilidad del Gobierno garantizar y respetar la temporalidad de su labor, establecida de manera constitucional en el Acuerdo Final de Paz. Esto implica que la JEP debe poder operar con autonomía para cumplir con su mandato, permitiendo así que los procesos de justicia avancen sin interferencias ni obstáculos.
Además, la entidad expresó su inquietud ante el incumplimiento del Gobierno en sus obligaciones presupuestarias, particularmente en lo que respecta al componente restaurativo del Acuerdo Final de Paz.
Por último, la JEP destacó que el presupuesto destinado al Fondo Colombia en Paz fue reasignado, lo que generó incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos para implementar las sanciones que deben cumplir los comparecientes.
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