Este martes, el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella suspendieron el proceso de empalme que se adelantaba durante esta semana.
El primero en tomar la decisión fue el gobierno entrante de De la Espriella, quien esta mañana manifestó que su deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos.
Al respecto, el Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional emitió una declaración institucional en la que aseguró que, desde el primer momento, ha asumido el proceso con un "profundo sentido de Estado", al considerar que el empalme no pertenece a un gobierno, un partido o un proyecto político, sino a Colombia.
"El propósito es garantizar la continuidad de la administración pública, proteger el interés general y asegurar que millones de colombianos continúen recibiendo los servicios del Estado sin interrupciones. Por esa razón, hemos actuado conforme a la Constitución, a la Ley 951 de 2005 y a las directrices que regulan este proceso", señala el comunicado.
Sin embargo, el gobierno afirmó que ese "espíritu institucional no ha encontrado la misma reciprocidad", ya que el pasado domingo, uno de los integrantes del Comité de Empalme del gobierno entrante, Carlos Alonso Lucio, concedió una entrevista a un medio de comunicación en la que formuló señalamientos contra Gustavo Petro y su equipo.
Según el Gobierno saliente, desde entonces se ha promovido una narrativa de un supuesto "empalme anticorrupción", lo que, a su juicio, desnaturaliza el verdadero propósito del proceso.
"Una cosa es el debate democrático y otra muy distinta es utilizar un escenario institucional de transición para proyectar ante el país la idea de que el empalme parte de una presunción de responsabilidad respecto del Gobierno saliente", sostiene el documento.
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En ese sentido, el Comité insistió en que el empalme no fue concebido para adelantar investigaciones o juicios contra la administración saliente, sino para garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones.
En el comunicado también se informó que el Gobierno Nacional radicó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio por las declaraciones entregadas recientemente, al considerar que estas afectan la honra y el buen nombre del presidente Gustavo Petro y de su equipo de Gobierno.
Además, el Comité Nacional de Empalme invitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación para que, en ejercicio de la función preventiva que le atribuye el artículo 277 de la Constitución, acompañe el proceso de empalme que adelantan el Gobierno Nacional y el Gobierno electo. Asimismo, destacó el acompañamiento de la Contraloría General de la República, al considerar que la presencia de los organismos de control fortalece la transparencia y las garantías institucionales.
"No tenemos absolutamente nada que ocultar. La transparencia no se proclama; se demuestra", afirmó el Comité, al asegurar que ha entregado la información pública correspondiente y ha permitido el ejercicio de control por parte de las autoridades competentes.
Finalmente, el Comité concluyó que actualmente no existen las condiciones mínimas de respeto institucional para continuar con las sesiones conjuntas de empalme, por lo que anunció la suspensión de su participación hasta que existan garantías de respeto recíproco y pueda retomarse un proceso "técnico, serio y respetuoso de la Constitución y la ley".
