Sorpresa e indignación causó que disidentes de la facción del Estado Mayor, con órdenes de captura vigentes, viajaran en una caravana de vehículos adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Aunque fueron detenidos, horas después la Fiscalía anunció que tres de ellos habían quedado en libertad.

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En la mañana de ayer, en la vereda Potrerito, en límites entre Cisneros y Barbosa, tropas del Batallón Ospina detuvieron la caravana y se dieron cuenta de que en los vehículos oficiales se transportaban varios miembros de las disidencias del Bloque Magdalena Medio. Entre ellos, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, jefe de las estructuras de ese grupo armado que sigue en la mesa de diálogo.

Sin embargo, tres personas no se identificaron, lo que despertó la sospecha de las autoridades, quienes rápidamente se dieron cuenta de que eran personas con órdenes de captura vigentes. Reconocieron a Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, jefe del frente 36 de ese grupo armado.

Pero por tratarse de vehículos de la UNP con un esquema de seguridad especial, estos no podían ser verificados allí, por lo que fueron llevados hasta el Batallón Pedro Nel Ospina en Bello, Antioquia, donde finalmente se pudo hacer la verificación. Esto también, luego de la intervención del director de esa entidad, Augusto Rodríguez, quien aseguró que dio la orden para que los vehículos obedezcan a la autoridad y la acompañen a un lugar donde puedan ser requisados.

¿Qué encontraron?

Aunque inicialmente las autoridades solo informaron sobre la captura de Firu y de una mujer conocida como Erika, con el paso de las horas se confirmó que los detenidos incluían a Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro o El Ruso, cabecilla de la Estructura 18; y Omar Delgado Novoa, alias Hermes Boyaco, cabecilla del Frente John Linares.

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También fueron arrestados Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Erika Castro, delegada del Frente Carolina Ramírez; Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla del Frente Rodrigo Cadete; Wenser Yosony Duque, alias Oliver González, cabecilla de Comisión del Frente Raúl Reyes; y María Alejandra Ojeda Londoño, por porte ilegal.

A pesar de lo anterior, tres de ellos quedaron en libertad tan solo unas horas después. Información oficial de la Fiscalía da cuenta  que las órdenes de captura de Firu, Ramiro o El Ruso, y Hermes Boyaco, han sido suspendidas. Esta decisión se basa en la solicitud del Gobierno Nacional para su inclusión en la mesa de negociaciones de paz.

El ente acusador añadió que, a pesar de la suspensión de las órdenes de captura, las investigaciones contra estas personas continúan activas y se abrirán nuevas indagaciones sobre los delitos relacionados con el operativo. Sobre los demás detenidos, la Fiscalía se ha negado a pronunciarse.

El ente acusador sustentó su decisión en el paragrafo 2, artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 que establece: "Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz".

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La UNP investiga

Desde el momento en que ocurrieron los hechos, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, dijo que “está prohibido para la UNP, hacer que en sus vehículos se transporten personas con órdenes de captura. Los vehículos de la entidad no pueden ser utilizados como logística por los grupos, así estén en proceso de paz”.

Agregó que se inició una investigación al respecto porque aunque los integrantes de las disidencias que hagan parte del proceso de negociación con las disidencias pueden movilizarse en estos automotores, esto no cobija a quienes tienen aún las órdenes de captura vigentes.

“El artículo 6 explica que la Policía Nacional, a través de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), articulará con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y sin perjuicio de la colaboración armónica que puedan prestar las demás instituciones de seguridad del Estado, las acciones necesarias para el cumplimiento de las tareas para la protección de los integrantes del MVMV (Mecanismo de Veeduría y Monitoreo y Verificación)”, indica el protocolo de reglas y compromisos del cese al fuego.

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