De entrada, una de las medidas bandera del Gobierno de Abelardo de la Espriella fue la lucha frontal contra el crimen. A partir de entonces, se han anunciado distintas medidas para llevar ese propósito a cabo. Sin embargo, uno de los anuncios más controvertidos de los últimos días fue la orden de intensificar los controles frente a la migración irregular.

Y es que, justamente este fin de semana, durante un consejo de seguridad en Barranquilla, el presidente De la Espriella anunció una ofensiva para identificar a los extranjeros que permanezcan en Colombia sin cumplir con las condiciones migratorias establecidas.

El mandatario ordenó a Migración Colombia —que tiene nuevo director, el coronel (r) José Luis Castañeda— coordinar los operativos con la Policía y ponerlos en marcha esta misma semana en la capital del Atlántico.

Según explicó, la primera prioridad será ubicar a extranjeros presuntamente vinculados con actividades delictivas y, posteriormente, verificar la situación migratoria de quienes permanezcan de manera irregular en el país.

“Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, afirmó el jefe de Estado, al resumir el enfoque de su Gobierno frente a esta medida.

“Yo lo asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal”, añadió.

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Su determinación no nace de la nada. Es una postura que ha defendido desde la campaña y que ahora se traducirá en una decisión que deberá defender tanto en el ámbito político como en el administrativo.

Sin embargo, con el paso de los días y ante el crecimiento de la polémica por estas declaraciones, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió a matizar esta declaración. Sobre todo, porque en su mayoría se verían afectadas personas venezolanas.

Existe, por ejemplo, el temor de que el país adopte medidas similares a las implementadas en otros lugares de la región, sobre todo en Estados Unidos.

Es por ello que Lara, en una entrevista con Caracol Televisión, aseguró que la política anunciada por el Gobierno frente a la migración irregular está enfocada principalmente en combatir las redes criminales que operan en zonas como el Darién. Explicó que estas organizaciones se lucran con el tráfico y la trata de personas, cobrando a migrantes para facilitar su paso hacia Centroamérica y posteriormente hacia Estados Unidos.

“Colombia no puede convertirse en el punto de paso, en el punto de llegar de inmigrantes de muchas partes del mundo para que crucen el Darién pagándole a los delincuentes”, señaló.

Frente a las dudas sobre el trato que recibirán los migrantes venezolanos, Lara hizo una distinción entre quienes están regularizados o cuentan con protección legal y las estructuras criminales. Aclaró que los venezolanos que llegaron durante los años más críticos de la crisis migratoria y que accedieron al Permiso por Protección Temporal (PPT) no serán considerados migrantes ilegales ni serán deportados.

“Los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del Gobierno colombiano (...) no son migrantes ilegales de ninguna manera”, afirmó.

La zozobra de los venezolanos

De acuerdo con Ronald Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el mensaje de Abelardo —que posteriormente suavizó Lara— produjo un alto nivel de incertidumbre entre la población venezolana.

Según el experto, una de las principales preocupaciones surgió por el lenguaje utilizado por el mandatario, particularmente por la referencia a los migrantes como “ilegales” y por la asociación entre personas en situación irregular y criminalidad.

“El lenguaje fue muy agresivo. Hablar de ilegales y poner casi al mismo nivel a criminales e irregulares fue un mensaje que golpeó mucho a una sociedad y a un grupo humano que ha visto cómo en la región, en Argentina, Chile, Perú y Ecuador, les cierran la puerta”, señaló.

Recordó que el país ha tenido una política migratoria distinta a la de otros países de la región y que, durante los últimos años, puso en marcha mecanismos extraordinarios para regularizar a millones de venezolanos.

“Colombia ha sido el país que por excelencia ha dado una respuesta solidaria y ha permitido construir una de las respuestas más importantes en materia global para la atención migratoria”, afirmó.

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Y allí entra en discusión uno de los principales instrumentos creados para atender la migración venezolana: el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), implementado durante el gobierno de Iván Duque.

“Colombia tiene un instrumento ordinario para regularizar migrantes, pero ese instrumento es insuficiente para atender el caso venezolano. Durante el gobierno de Iván Duque se creó un instrumento extraordinario para adelantar procesos de regularización para la población venezolana que salía en el marco de una emergencia humanitaria compleja”, explicó.

A través de este mecanismo se logró regularizar a más de 1,9 millones de venezolanos. Sin embargo, señaló que el instrumento tiene una vigencia limitada y llegará hasta 2031. En el vencimiento de este mecanismo nace uno de los principales retos para el actual Gobierno. Este tendrá que avanzar en la transición de esta población hacia los mecanismos de permanencia en el país.

¿Y los irregulares?

Según cifras de Migración Colombia, en el país hay 2’845.791 migrantes venezolanos: 1’968.180 están regularizados con el PPT, 320.369 se encuentran en proceso de regularización, 29.717 tienen otra condición migratoria regular y 527.525 permanecen en situación irregular. Esto significa que más de 800.000 personas se encuentran entre la irregularidad y el proceso de regularización.

Para Rodríguez, quienes aparecen en proceso de regularización deben considerarse, en la práctica, como población irregular.

Precisamente allí surge una de las principales preocupaciones frente a los operativos anunciados por el Gobierno: el impacto que podrían tener sobre una población migrante que aún no ha completado su tránsito hacia la regularidad.

“Hay un montón de debates que le corresponden a esta administración, pero lamentablemente el presidente se dejó llevar por la movilización de los datos en materia de seguridad, por situaciones complejas que está viviendo Barranquilla. Y en ese contexto dio continuidad a una línea argumentativa que ha mantenido durante la campaña, que es nociva para el proceso de integración en Colombia”, remató el experto.

Tomado de El Colombiano.

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