En Cúcuta ha surgido un debate entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, luego de que Colombia se desmarcará de expresiones como “salud y derechos sexuales y reproductivos” y limitará la interpretación del concepto de género y de términos como discriminación interseccional y racismo estructural.

El hecho se produjo el 7 de octubre, último día de la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando Álvaro Ayala Meléndez, embajador ante la ONU, indicó que la referencia a los derechos sexuales y reproductivos no constituye un lenguaje universalmente acordado ni tiene una definición en tratados vinculantes. En esa misma resolución, Colombia entiende la “salud menstrual” únicamente en relación con el agua, el saneamiento, la higiene, la información y la atención sanitaria.

Asimismo, Ayala Meléndez se refirió a la palabra “género” y a expresiones derivadas como orientaciones para garantizar la igualdad y prevenir la discriminación y la violencia, conforme al artículo 7.3 del Estatuto de Roma.

Lo que plantea el funcionario es que Colombia interpretará las referencias al enfoque de género a partir del Estatuto de Roma, el cual establece una distinción binaria y se refiere específicamente al “hombre” y la “mujer”, además de remitirse al “sexo”.

Asimismo, expresó que el “racismo sistémico, estructural e institucional”, la “justicia reparativa” y las “ideologías extremistas, nacionalistas y populistas” son términos sin una definición convencional precisa que no constituyen categorías jurídicas autónomas.

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Reacciones en Cúcuta

Ante este escenario, Claudia Patricia Velandia, presidenta del Comité Organizador Lgbtiq+ de Norte de Santander, considera que no se trata de una simple discusión de palabras, sino de una disputa política por el reconocimiento de las realidades humanas y por la responsabilidad del Estado frente a ellas.

Según precisó, cuando un Gobierno toma distancia de conceptos que permiten identificar desigualdades, discriminaciones y violencias, existe el riesgo de debilitar las herramientas con las cuales esas realidades se hacen visibles y se enfrentan institucionalmente.

“Los derechos sexuales no se reducen a la reproducción. La sexualidad humana también constituye una dimensión de nuestra libertad, nuestra emocionalidad y nuestras relaciones sociales”, agregó.

Sobre el concepto de género, precisó que permite comprender que muchas desigualdades no proceden simplemente de diferencias corporales, sino de relaciones históricas de poder que establecen cómo debemos comportarnos, vestirnos, amar y existir.

Por otro lado, indicó que la discriminación interseccional permite reconocer que las violencias no actúan de manera aislada. En este sentido, también señaló que el racismo estructural permite identificar desigualdades que no dependen exclusivamente de comportamientos individuales racistas.

Por lo tanto, manifestó que, si se dejan de reconocer las estructuras que producen desigualdad, se corre el riesgo de tratar sus consecuencias como problemas individuales.

En medio de este debate, Velandia también manifestó su preocupación por el hecho de que una posición internacional restrictiva pueda convertirse en un antecedente para justificar decisiones administrativas que reduzcan las garantías existentes.

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Además, señaló que, en el escenario internacional, Colombia enfrenta una tensión que necesita explicación, ya que, mientras su jurisprudencia constitucional reconoce los derechos sexuales y reproductivos y desarrolla enfoques de género e interseccionalidad, su representación diplomática introduce reservas interpretativas frente a esas expresiones.

Por su parte, Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, expresó que su mayor preocupación radica en el distanciamiento de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos”, ya que este concepto abarca, entre otros asuntos, la salud menstrual, la prevención y atención de la violencia sexual, el acceso a información científica y adecuada para cada edad, la anticoncepción, la prevención de embarazos no deseados y la atención durante el embarazo.

“Reconocemos como un avance que el Gobierno priorice la salud menstrual. Pero una política concentrada exclusivamente en menstruación dejaría sin respuesta a las niñas embarazadas como consecuencia de violencia sexual, a las mujeres violentadas por parejas o desconocidos o a las víctimas de trata y explotación sexual”, añadió Vera.

Sobre conceptos como discriminación interseccional y racismo estructural, dijo que es importante analizar cada una de estas realidades y no desconocer las barreras históricas y materiales que afectan a las comunidades.

La directora también agregó que, aunque la declaración internacional no elimina automáticamente los derechos reconocidos en Colombia, este distanciamiento podría traducirse en reducciones presupuestales, cierre de programas, desinformación o nuevas barreras institucionales que afectarían el derecho a la salud; a la vida y a la integridad física y psicológica; a vivir libres de violencia, y a la igualdad y la no discriminación.

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