Los problemas en la prestación del servicio de agua han sido recurrentes en varios sectores de la ciudad, especialmente en los barrios que, por su carácter informal, se abastecen a través de pilas públicas. 

En algunos asentamientos, como los ubicados en el Anillo Vial Occidental, más de 1.000 familias llevaban más de 17 días sin agua, mientras que en otros como Colinas del Tunal, otras 500 familias sumaban más de 40 días sin el vital líquido. 

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¿Qué pasa con la prestación del servicio en estos lugares?  ¿A quién corresponde y por qué se presentan tantas fallas? 

Desde las juntas de acción comunal y la misma administración municipal se refieren a la Fundación V&C, como la clave de las respuestas, por esta razón La Opinión buscó a los representantes de dicha organización para conocer su rol y alcance en toda la estructura de prestación de este servicio público  en zonas vulnerables. 

“No es una empresa de servicios públicos”

Lo primero que aclara Germán Montejo, representante legal de la Fundación V&C, es justamente que esta “no es una empresa de servicios públicos, sino una entidad sin ánimo de lucro que apoya a las comunidades donde la empresa operadora, por temas de difícil gestión, no puede garantizar de manera eficiente el servicio del agua”. 
 

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Entonces ¿Qué hace la Fundación? Montejo explicó que la entidad, por medio de un convenio con la junta de acción comunal, se encarga de la administración de las pilas públicas, o macro contadores, que instala Aguas Kpital para el suministro del recurso hídrico, que también se obtienen por firmas de acuerdos. 

La Fundación se encarga entonces de la cuantificación del servicio y la distribución de la deuda entre quienes lo reciben, una función que bien pueden desarrollar las propias comunidades, por medio de la Ley 1077 de 2015. 

“Adicional a esa función, la fundación también se encarga de hacer mantenimiento y reparaciones a las redes internas de esos sectores de difíciles gestión de proyectos, así como apoyo técnico y operativo en instalación de esas redes de acueducto, incluso hasta proyectos también de alcantarillado”, dijo Montejo.

Dependiendo de las condiciones del asentamiento, la Fundación toma medidas para que el agua llegue hasta los hogares, implementa sistemas de bombeos o construcción de tanques, sobre todo en los casos de asentamientos ubicados en zonas muy altas, para que se puedan surtir todas las viviendas que hacen parte de la pila pública.

Actualmente, bajo esta figura, la Fundación V&C está presente en cerca de 130 sectores, donde funcionan unas 240 pilas públicas, que permiten abastecer de agua a más de 16.000 personas. 

Los problemas 

Germán Montejo asegura que en general la prestación del servicio en esos lugares que se abastecen con pila pública es eficiente, sin embargo, reconoce que también pueden surgir inconvenientes, que obedecen a factores como localización de los asentamientos y crecimiento poblacional de los mismos. 
 

Explica que en el macro medidor que instala la empresa prestadora del servicio, y que es garantía de que el agua llegue de manera constante hasta ese punto, se instala un diámetro inicial desde donde salen las redes alternas para abastecer un número determinado de familias, pero a medida que las comunidades van creciendo se deben cambiar dichos diámetros, y al mismo tiempo ir ampliando las redes. 

Sucede que el crecimiento de estos asentamientos no se da al mismo ritmo que los procesos para llevar a cabo esos cambios o ajustes. 

“Para poder cambiar estos diámetros se pone en conocimiento a la empresa operadora, la Fundación apoya en el establecimiento de las redes a todas las personas que se siguen asentando en el lugar, lo ideal es asegurar que el líquido les llegue a todos en las mismas condiciones”, explicó Montejo.

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Es así que las personas con la necesidad que tienen de que el líquido les llegue “toman la iniciativa de hacerlo a través de mangueras y esto pues no les garantiza que llegue”, dice el representante de la Fundación V&C, quien señala además que en medio de estas prácticas se pueden presentar fugas, consecuencia de conexiones ilegales, que terminan afectando las redes internas de esos sectores. 

En este sentido, la recomendación a  las comunidades es gestionar esas acciones con la Fundación, ya que en esta entidad cuentan con el recurso técnico y logístico para hacer las adecuaciones pertinentes para que haya un buen servicio y no se pierda el recurso hídrico. 

“Las conexiones ilegales lo que hacen es dificultar que llegue el suministro ideal a los asentamientos o los beneficiarios con conexiones legales”, sostuvo Montejo y recomendó que “lo ideal es que tomen conciencia en las comunidades y que cualquier solicitud de conexión sea puesto a conocimiento a las entidades, Juntas de Acción Comunal o los líderes, y estos a su vez se comuniquen la Fundación para prestar el apoyo técnico y el aporte operativo”. 

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