El pasado dos de julio se registró el primer caso de feminicidio en Cúcuta este año, mientras que en Colombia van cerca de 400, según la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete.
Diana, madre de dos niños, murió a manos de su pareja, un sujeto de 42 años, con un largo historial como maltratador, razón por la cual la mujer ya lo había denunciado ante las autoridades, pero de acuerdo con lo que dijeron sus familiares a La Opinión, el proceso nunca avanzó.
Así como Diana, más de 600 mujeres han hecho lo propio en lo corrido de 2024 en Cúcuta, según datos aportados por la Defensoría del Pueblo, sin embargo, los hechos muestran que la denuncia no necesariamente termina de ser una garantía para las víctimas de violencia ¿Por qué?
Vanessa Arenas, concejal de Cúcuta e integrante de la Comisión Legal para la Mujer, explica que la institucionalidad tiene una serie de fallas que impiden una actuación más eficaz.
“Hay muchas falencias en temas de juzgados penales, judiciales”, dijo Arenas, en relación con la poca capacidad que tiene el sistema para atender tantos casos de violencia de género, entre otras cosas porque no cuentan con el personal suficiente; esto sin contar las condiciones de hacinamiento en que se encuentran las prisiones del país, que añaden un problema adicional a la judicialización.
Los problemas de salud mental que conllevan situaciones de este tipo son otro componente que hace más compleja la situación, pues “cuando una persona está desequilibrada emocionalmente, no hay acta o medida cautelar de alejamiento que vaya a evitar un crimen violento”, dijo Arenas.
¿Qué hacer?
A propósito del estremecedor caso de feminicidio de Diana, en el Concejo Municipal tuvo lugar una reunión de la Comisión Legal para la Mujer con representantes de la Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Salud y de Equidad de Género, para conocer justamente cómo estaban funcionando los mecanismos de atención a las violencias basadas en género, ante el creciente número de denuncias que se registra de manera constante.
Una de las conclusiones a las que se llegó fue a la necesidad de unificar y agilizar los trámites para la activación de las rutas de atención, así como de promoverlas, socializarlas.
Es primordial que las víctimas no pierdan la confianza en la institucionalidad, y que esta, aunque cojee, sea capaz de solucionar.
“Nuestro llamado claro es a que se entienda la gravedad de las violencias basadas en género y en función de ello se atiendan, ya que pueden ser posibles feminicidios”, dijo la concejal.
En este sentido, es clave la función de las entidades prestadoras de salud, por ser los sitios a donde primero acude una víctima de maltrato. Se acordó la necesidad de capacitar al personal de salud, “para que desde allí se active la primera ruta y desde ahí se dé parte a las demás instituciones vinculadas a esta red”, explicó la concejal.
“Estamos proporcionando atención y capacitación a todos los profesionales de la salud de las IPS públicas y privadas, queremos que conozcan la ruta y los protocolos de atención de manera clara” indicó Taiz del Pilar Ortega, secretaria de Salud.
Hay necesidad de empezar a ejecutar lo contemplado en el plan de desarrollo. “Necesitamos crear las cinco comisarías más para empezar a atender los casos más rápido y darles pronta solución. Podemos volver el sistema más eficaz”, dijo Arenas.
Para Arenas también es fundamental trabajar en la prevención de estos tipos de violencia, un papel que debe asumir la Secretaría de Equidad de Género, “deben empezar rápido las capacitaciones, para irnos a la raíz del problema; las familias necesitan acompañamiento, quizás con un equipo de capacitación psicosocial pueda uno prevenir las violencia a futuro”.
La consolidación de una casa refugio es uno de los proyectos más ambiciosos que persigue la actual administración, pues representa no solo el lugar seguro para aquellas víctimas de violencia, sino también pueden ser el punto de partida para una nueva vida.
“Desde el Concejo vamos a estar supervisando este proyecto, pero su materialización va a depender de los recursos que se puedan gestionar o los que el alcalde por crédito destinen para ello", sostuvo Arenas.
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