A las empresas colombianas les está costando ponerse al día con los pagos de sus obligaciones. Solo en 2023 hubo 1.420 solicitudes ante la Superintendencia de Sociedades para acogerse a la ley de insolvencia económica, lo que representó un aumento de 16,5% frente a 2022, la cifra más alta en los últimos 10 años.

Y es que esta ley es una de las pocas herramientas que tienen las empresas para evitar una lluvia de procesos que pueden desarticularlas completamente, destruir su actividad económica y los empleos que generan. Sin embargo, la situación también deja entrever un problema que se viene agudizando después de la pandemia.

Según registros de la aseguradora especializada Cesce Colombia, los avisos por falta de pago se incrementaron, pues venían a un ritmo “tranquilo” en 2022 con un promedio de 70 mensuales, pero ese número dio un salto a 150 en el primer trimestre 2023, y a 240 en el último trimestre del año, siendo Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín donde más se están colgando con obligaciones.

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Las razones

Para Manuel Arévalo, presidente & CEO de Cesce Colombia, durante los dos últimos años la economía del país estaba ‘anestesiada’ producto de los subsidios, créditos y diferentes apoyos que desde el Gobierno y las entidades financieras se ofrecieron a las empresas para protegerlas del impacto que produjo la pandemia del covid-19.

Pero hoy, dijo, “la realidad es muy diferente; sin esos beneficios y con las tasas de interés en continuo ascenso, las compañías presentan dificultades en su flujo de caja, lo que desencadena el incumplimiento en las deudas y facturas por pagar”.

Datos de Fasecolda muestran que en el país más del 80% de las transacciones entre empresas se realizan a crédito, escenario que plantea un riesgo real cuando aumenta el índice de facturas a pagar en las organizaciones.

De acuerdo con Melissa Morales, directora regional de Cesce en Antioquia, las empresas con las que más obligaciones existen, y que tienen mayores dificultades a la hora de pagar, son las de textiles, construcción y de alimentos.

“La pandemia asustó a mucha gente pero realmente las empresas estuvieron muy comprometidas con el tema de los pagos. A finales de 2022 fue que se empezó a notar un deterioro muy fuerte. Las compañías han sido temerosas y las altas tasas de interés también han hecho que trabajen con la plata de los proveedores”, comentó Morales.

Comentó que si se mira por regiones, en la Costa y en Bogotá tienden a ser más demorados en pagar. “Cumplen con los pagos, pero son más laxos con los tiempos”.

Mientras tanto, en Antioquia hay un comportamiento diferente porque, dijo, se mantiene la cultura del buen pago, de cumplir a tiempo con las obligaciones.

Todo lo anterior ha provocado que las empresas no descarten el camino de la insolvencia para enfrentar su situación.

El riesgo de insolvencia

Datos de la Supersociedades arrojan que el 71,13% de las solicitudes de insolvencia que se presentaron el año pasado fueron para reorganización —normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional— y el 28,87% para liquidación —venta de todos los activos para pagar las deudas—.

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Desde la óptica de Rafael Felipe Gómez, abogado especialista en derecho comercial, este incremento en los procesos de insolvencias podría estar relacionado con una combinación de factores macroeconómicos, como tasas de interés altas, que aún cuando han disminuido siguen golpeando el bolsillo; así como fluctuaciones en el mercado de capitales, pues “hay gente está sacando el dinero del país”.

Gómez precisó: “También se unen factores como una gestión financiera deficiente por falta de conocimiento y asesoría (especialmente los emprendimientos); falta de adaptación a cambios en la demanda del mercado, y alta competencia”.

El efecto cadena de la falta de pagos o cartera morosa impacta a toda la industria. Tanto pequeñas como medianas compañías se resienten cuando las facturas se dejan de pagar afectando los flujos de caja.

Esto se evidencia en mayor medida, según Arévalo, en sectores conformados por múltiples actores: minoristas, mayoristas, proveedores de materias primas, cadena de suministros y la red de distribución.

El problema es que en Colombia no hay una cultura de la previsión y no se anticipan a prevenir hechos futuros. Algo que no solo pone en alto riesgo a las personas naturales sino también a las empresas. De acuerdo con Fasecolda, en Colombia la penetración del seguro es del 2,8%, por debajo del promedio regional y mundial.

En este sentido, Gómez resaltó que esta reticencia de las empresas colombianas, y en general de las personas, en adquirir seguros más allá de los obligatorios legalmente puede exponerlas a diversos riesgos financieros.

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“Entre algunos de los riesgos se encuentran daños materiales, interrupción del negocio debido a eventos imprevistos, responsabilidad civil, y riesgos cibernéticos”, anotó.

Y agregó que la falta de cobertura adecuada puede resultar en impactos financieros significativos, erosionar la liquidez y afectar la capacidad de recuperación frente a adversidades.

“Aún cuando los seguros difícilmente cubrirían en su totalidad las contingencias derivadas de la insolvencia, de seguro facilitarían poder tomar determinaciones oportunas que encuentren respaldo”.

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