En el marco de las recomendaciones de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) al proyecto de Ley de Rescate Económico, el gremio propuso al Gobierno establecer una senda gradual de al menos 20 años para el incremento del impuesto al carbono, con el propósito de proteger la competitividad de la industria, fortalecer la seguridad energética y facilitar la modernización tecnológica de los sectores productivos.
Fenalcarbón advirtió que los incrementos tributarios previstos podrían llevar el impuesto a aproximadamente $119.000 por tonelada de carbón en 2027 y superar los $212.000 en 2029, calculados con la Unidad de Valor Tributario (UVT) de 2026, que podría equivaler a cerca del 70% del precio del mineral en boca de mina.
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El presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, resaltó que esta carga representaría una presión adicional sobre los costos de generación eléctrica y de industrias como la siderúrgica, cementera y coquizadora.
“Colombia necesita una política energética que garantice abastecimiento confiable, precios competitivos y sostenibilidad. El país debe aprovechar inteligentemente sus recursos energéticos, fortalecer su capacidad de generación y asegurar condiciones que permitan a la industria competir y crecer. La seguridad energética no puede convertirse en un costo adicional para la economía, sino en una ventaja para el desarrollo nacional”, afirmó Cante.
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Ante este escenario, el presidente ejecutivo del gremio planteó una política tributaria que combine gradualidad, competitividad y sostenibilidad ambiental, mediante mecanismos de protección para la generación térmica y las industrias intensivas en energía, así como incentivos para la incorporación de tecnologías más eficientes y la disminución de emisiones, recalcando que el proyecto actual reduce del 50% al 25% la posibilidad de compensar el impuesto, lo cual castiga la inversión ambiental real.
La organización consideró que esta discusión es especialmente relevante ante la menor disponibilidad de gas natural nacional, la creciente necesidad de importaciones y la volatilidad de los mercados internacionales de energía.
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En este contexto, agregó que preservar la capacidad de generación eléctrica y el aprovechamiento de los recursos energéticos del país resulta estratégico para garantizar la confiabilidad del sistema y respaldar la actividad industrial.
“Más que frenar los objetivos ambientales, proponemos construir una ruta que permita avanzar en la reducción de emisiones sin comprometer la seguridad energética ni el crecimiento económico. Colombia tiene la oportunidad de hacer compatibles la sostenibilidad, la soberanía energética y la competitividad”, concluyó Cante.
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